Por Guillermo Cherashny.-

Las recientes detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou, cuestionadas por muchos abogados y juristas que objetan la «doctrina Irurzun», llamada así por el camarista federal que la impusó, fue aplicada por los jueces Luis Rodríguez y Ariel Lijo respectivamente y las causas que la motivaron, según esa doctrina, están agravadas, en el caso de la ex presidente, tanto en la causa que lleva el juez Ercolini y el fiscal Pollicita y en las de Hotesur y Los Sauces, bajo la jurisdicción del juez Bonadío, ya que en ambos casos la calificación jurídica fue de «jefa de una asociación ilícita»; por tanto, ya deberían pedir su detención inmediata, antes de que concluya el escrutinio definitivo en la elección de la provincia de Buenos Aires, donde obtuvo el segundo lugar en la nómina de senadores. Por lo cual, si Ercolini y Bonadío no lo hacen, estarían actuando en forma política, de acuerdo con la Casa Rosada, que quiere a Cristina libre para mantener dividido al peronismo.

Si pidieran su detención una vez concluido el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, necesitarían el engorroso trámite del desafuero, que choca contra la opinión de Miguel Pichetto, el jefe del bloque del PJ, que exige una sentencia condenatoria con autoridad de cosa juzgada.

Así las cosas, la ex presidente, mucho más responsable del desastre que dejó a este gobierno que De Vido y Boudou, ocupará plácidamente una banca en el senado. ¿Se animarán los jueces Bonadío y Ercolini, junto a la Casa Rosada, a mantener esta desigualdad ante la justicia?

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