Por Carlos Tórtora.-

El reciente fuego cruzado entre Sergio Massa por un lado y Julio de Vido, Luis D’Elía y Alicia Castro por el otro puso de manifiesto que el indulto por las causas por corrupción se instaló como la fisura más notable en el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados reforzó la postura de Alberto Fernández en el sentido de que el indulto a Amado Boudou, Milagro Sala y otros es políticamente inviable. En realidad, lo más significativo es que el núcleo pro indulto no consigue movilizar a su favor a la estructura central del kirchnerismo, esto es, La Cámpora, el Movimiento Evita y el núcleo que rodea a Cristina Kirchner. Ésta no ha movido un dedo a favor del indulto y alguno de sus voceros -como el caso de Leopoldo Moreau- insisten en que hay que buscarles una solución judicial a las causas por corrupción que el cristinismo señala como parte del sonado lawfare. Hasta el momento, el oficialismo cuenta en su haber con un proyecto de ley pomposamente llamado de reforma judicial, que crea el fuero penal federal y diluye el poder de los juzgados federales de Comodoro Py, pero que está pendiente de la media sanción de la cámara baja. Una ley a la que la propia Cristina Kirchner calificó como que no era una verdadera reforma judicial. De este episodio pasamos al informe final de la llamada “comisión Beraldi”, que recomienda la ampliación de la Corte y también la creación de un tribunal intermedio que descongestione de causas a aquélla.

Todo antes de la campaña

Da toda la impresión de que la vicepresidenta apuesta a poder presionar al presidente lo suficiente como para que éste juegue cartas fuertes antes del inicio de la campaña electoral. Esto es, que negocie con la oposición la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve miembros, lo que abriría el camino para que el máximo tribunal se avoque a las causas de CFK y resuelva su sobreseimiento. Los tiempos son cortos para una maniobra como ésta por una sencilla razón: Juntos por el Cambio podría llegar a acordar con el kirchnerismo la ampliación de la Corte a cambio de la designación de, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra y/o Miguel Ángel Pichetto, pero de ningún modo podría negociar esto en medio de una campaña electoral, cuando el margen de sensibilidad social es mucho más alto.

De esto se puede inferir que Cristina presionaría para la ampliación de la Corte en las próximas semanas y que la atmósfera en el oficialismo volverá a tensarse. Ella tiene en claro algo que Massa, desde otro ángulo, también comparte: que el gobierno no tendrá margen durante la campaña para asumir el costo de movidas favorables a la solución de las causas por corrupción .Todo lo que se haga deberá ser entonces antes.

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