Por Carlos Tórtora.-

Ante la oleada de citaciones judiciales que se le acercan en las tres causas en las que está procesada y en otras, el agravamiento del Caso Nisman luego de conocerse la pericia de Gendarmería Nacional, que comprobaría el homicidio, y las encuestas, que siguen mostrando un índice enorme de rechazo a su persona, CFK tendría motivos sobrados para necesitar contar con fueros legislativos cuanto antes. Como es sabido, los fueros no impiden ni detienen los procesos penales contra legisladores, pero sí establecen determinadas limitaciones que no son menores. La LEY DE FUEROS 25.320 prescribe que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Estas medidas de prueba, importantes en casi todos los procesos, serían muy molestas y tal vez seriamente perjudiciales para la ex presidente. Recientemente, su ex ministro de Planificación Julio De Vido aprovechó esta normativa usando su condición de Diputado Nacional para las diligencias probatorias ordenadas por varios jueces, ya que las autoridades de la Cámara terminaron por no acceder al requerimiento judicial.

La observación del calendario nos permite ver que CFK está saliendo primera o segunda en la elección bonaerense, a exactamente un mes de verse beneficiada por los fueros. En efecto, el artículo 69 de la Constitución Nacional dice: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. O sea que, en una interpretación amplia, los fueros que la benefician entrarían a regir a partir del recuento provisorio de votos de la noche del 22 de agosto o, a lo sumo, una semana después. cuando finalice el escrutinio definitivo.

El hombre clave

Claro está que, aunque es difícil, Cristina debería estar pensando en los riesgos de un desafuero, institución que tiene poca tradición en la Argentina. En los ‘80 el catamarqueño Ángel Luque fue expulsado de la Cámara de Diputados por su admisión de que protegería a su hijo a cualquier precio, cuando estaba siendo investigado por el homicidio de María Soledad Morales.

Poco tiempo después, fue electo como diputado nacional por Tucumán el general Antonio Domingo Bussi y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se pronunció en contra de tomarle juramento acusándolo de delitos de lesa humanidad. Pero la Corte Suprema se inclinó a favor de los derechos de Bussi señalando que las facultades de la comisión nombrada deben interpretarse restrictivamente cuando está en juego la soberanía popular.

También está el caso de Luis Patti, que juró como diputado pero luego fue desaforado. Por último, Eduardo Angeloz pidió y obtuvo que el Senado lo relevara de sus fueros como senador durante seis meses para defenderse en el caso Maders.

Volviendo a CFK, ésta apuntaría a que a partir del 22 de agosto predomine el espíritu corporativo del Congreso para bloquear las distintas medidas de prueba que ordenarían los varios jueces que la investigan. En el camino de esta necesidad se interpone el actual presidente de la bancada K, Miguel Ángel Pichetto. Éste, como autoridad de la Cámara y superior en el bloque de la propia CFK, bien podría ponerse a favor de que la justicia pueda diligenciar distintas medidas de prueba contra la ex presidente. Su amigo el Vicepresidente Provisional del Senado Federico Pinedo bien podría plegarse a este criterio. La defenestración inmediata de Pichetto podría ser entonces una tranquilidad, ya que un candidato de menos fuste aceptaría probablemente las presiones de los senadores cristinistas.

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