Por Carlos Tórtora.-

El DNU que concreta la intervención del estado en la telefonía celular, Internet y TV paga tiene dos aspectos: el congelamiento de los precios hasta fin de año y la declaración como servicio público esencial de los servicios en cuestión. El congelamiento le reportará al gobierno más apoyo popular contra la amenaza de desinversión de las empresas, mientras que la declaración como servicio público abre la caja de Pandora para distintos tipos de regulaciones. En términos simplificados, se trata de la mayor ofensiva contra Clarín desde los tiempos de la ley de medios. En aquel entonces el objetivo era desguazar el grupo prohibiendo la concentración de medios y ahora se trata de una ofensiva más directa: poner un pie sobre la caja de Clarín, pudiendo condicionar así la línea editorial del grupo. En síntesis, el kirchnerismo, luego de los primeros meses de gobierno de coexistencia con Clarín, acaba de volver a su cauce original, es decir, a la línea planteada por Cristina Kirchner. Alberto Fernández dejó de ser así el principal interlocutor oficial con el grupo de Héctor Magneto para sumarse a las huestes de la vicepresidenta.

Sin vuelta atrás con la justicia

No es casual que el estratégico DNU se haya firmado cuando el Congreso está por tratar la reforma judicial, que es, sin duda, el principal proyecto de ley de la breve gestión de Alberto. En este tema, también Alberto, pese a que no estaría del todo de acuerdo, pasa a alinearse con CFK en un enrevesado proyecto que le permitiría al gobierno meter mano en numerosos juzgados criminales a través del mecanismo de las subrogancias. De ahí a influir sobre el curso de los juicios por corrupción contra Cristina hay sólo un paso. En la Casa Rosada se comenta que, en caso de que la oposición consiga numero para frenar el proyecto en Diputados, habría que esperar un nuevo DNU de Alberto con un contenido semejante a la ley.

Así como el reciente DNU es un cambio de estrategia en la guerra con Clarín, lo mismo ocurre con la justicia. En el 2014, el kirchnerismo intentó con la “democratización de la justicia” imponer el voto popular para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora, el ataque es más directo y se trata de manipular la designación de jueces.

En ambos temas el presidente se está alineando, casi sin retorno, detrás de su vicepresidenta. No es menos cierto que también el gobierno, con estas dos ofensivas, acaba de facilitar el armado político opositor.

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