Por Carlos Tórtora.-

La marcha del próximo 1 de febrero contra la Corte Suprema no fue levantada, como sugirieron algunas fuentes y todo indica que el gobierno intentará tapar, por lo menos en parte, las concesiones al FMI, enarbolando sus banderas antijudiciales. La confrontación con la Corte Suprema congeló la designación de la sucesora de Helena Highton de Nolasco y puso en evidencia que las relaciones entre los dos poderes siguen congeladas, luego de que la Corte golpeara con su fallo declarando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura del 2006. Según un informe reservado del Ministerio de Justicia, no habría en lo inmediato causas cuyos fallos podrían castigar al gobierno, por lo cual éste no espera nuevas represalias. La perspectiva de que haya nuevas renuncias en el seno del tribunal también son nulas; Juntos por el Cambio respalda institucionalmente a los ministros de la Corte.

Cristina, la principal interesada

Cristina Kirchner, la principal interesada en que haya cambios, aboga sotto voce por una crisis judicial acelerada. Y sus razones tiene. Si en el 2023 fuera derrotada en las urnas, varias de sus causas por corrupción quedarían expuestas a ser tratadas por una Corte, ya sin los límites que hoy le impone el gobierno.

La guerra contra la Corte ni bien comienza el año judicial también es una señal de que el kirchnerismo duro intenta reconstruir un eje electoral para el 2023, ya que las críticas al FMI, la otra bandera, deberán silenciarse luego del acuerdo.

En síntesis, el gobierno ha empezado a diseñar el año político tomando en cuenta que el acuerdo con el Fondo lo dejará huérfano de los principales argumentos contra el mismo.

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