Por Carlos Tórtora.-

A la espera de los resultados del blanqueo y de si cambian a favor los vientos internacionales, el gobierno se escondió detrás del formidable show judicial de la corrupción K. El inevitable avance del caso Báez conduciría al procesamiento de CFK. Y entonces -ya lo insinuó la ex presidente-, Macri debería pagar en imagen las estrechas relaciones con su primos Calcaterra, beneficiarios de muchas de las grandes obras públicas de la era K. Esto porque Julio De Vido liberaría información que tiene retenida. El costo de esto y de una explosión de denuncias que involucren a empresarios que dieron sobornos por obras públicas sobrefacturadas podría alentar la inclinación de Macri a no presentarse para su reelección. De ahí que en el firmamento del PRO ya exista una larvada lucha de presidenciables, porque la política nacional siempre se ordena en función de estas expectativas. Una postulante siempre lista es la vicepresidente Gabriela Michetti, otrora la mujer con más arrastre electoral en el macrismo. Pero Macri no le perdona a su compañera de fórmula su osadía de desafiarlo negándose a bajarse de la interna para Jefe de Gobierno contra su favorito Horacio Rodriguez Larreta. Es así que Michetti sufre ahora el exilio que ya es un clásico para los vicepresidentes y del cual Amado Boudou no fue la excepción. Por su desconfianza hacia ella y el vicepresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, Macri ordena ingresar casi todos por los proyectos de ley por la Cámara Baja, donde Emilio Monzó sí es de su confianza. Es así que los senadores se encuentran desplazados de la toma de decisiones y perjudicados por este castigo a la vicepresidente. Las quejas de los distintos bloques se multiplican y apenas Miguel Ángel Pichetto y algunos pocos más consiguen ser interlocutores de la Casa Rosada. La mayor parte sufre el bloqueo que cae sobre Michetti.

En carrera para sucederlo a Macri están dos figuras que son el agua y el aceite: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. El Jefe de Gobierno sigue una estrategia de no exponerse y aprovechar el desgaste del gobierno provincial. Para pasar el invierno económico, el gobierno porteño redujo al mínimo casi todas los programas presupuestarios y funciona hibernado, sólo haciendo mantenimiento. En el despacho de Rodríguez Larreta se realizaban exposiciones semanales de todas las secretarías y subsecretarías para exponer los avances de sus trabajos. En la última, era obvio que los funcionarios apenas estaban repitiendo lo mismo que habían dicho la semana pasada. El Jefe de Gobierno, advirtiendo la situación, cortó por lo sano y dijo: “bueno, muchachos, ¿qué les parece si las reuniones de seguimiento las hacemos quincenales en vez de semanales?”. En alguna medida, esta falta de empuje en la gestión sigue el paradigma del gabinete nacional. Macri parece creer que primero la economía debe ajustarse y que luego, con inversiones y créditos, se podrá reactivar la acción de gobierno.

Volviendo a Rodríguez Larreta, éste mantiene un dispositivo de seguimiento de la situación bonaerense, a la espera de si se produce una crisis social de envergadura. Entonces, la Ciudad se ofrecería para desplegar su importante infraestructura asistencial en el conurbano y él tendría la excusa para instalarse en el corazón del Gran Buenos Aires.

Mientras tanto, Vidal, que no bajó en las últimas encuestas como sí le ocurrió al presidente, se enfrenta a un juego muy complejo. Elisa Carrió decidió colocarla entre la espada y la pared al denunciar la supuesta connivencia del jefe de la bonaerense, Comisario Pablo Bressi, con el narcotráfico. Carrió le apunta naturalmente al Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y al entramado que maneja los hilos del poder policial, incluyendo al ex jefe Hugo Matzkin y al ex Ministro de Seguridad Alejandro Granados. Lo que hizo Carrió fue abrir una caja de Pandora, porque de ahora en más cualquier escándalo de corrupción policial se le adjudicará obviamente a Ritondo-Bresci. Vidal entendió que no podía hacerse la distraída y prometió investigar. Ahora la bola de nieve está en caída libre y empezarán a acumularse denuncias de todo tipo.

Larreta, en sus planes presidenciales, especula con que Vidal sea víctima del síndrome de los gobernadores bonaerenses: es decir, son los que más cerca están de llegar a la Casa Rosada pero a último momento la inmensa conflictividad de la provincia los voltea. Vidal no quiere soltar al peronismo: lo eligió al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, como Ministro de Producción, hace que Macri siga financiando al Movimiento Evita y a otros grupos que pueden precipitar un estallido social y coquetea con Martín Insaurralde y otros que están a la espera. Larreta, jugando una especie de ajedrez, conversa con Randazzo y Scioli y hace valer su pasado en las filas menemistas pero mueve poco y nada sus fichas.

Con muchas variables

Es obvio que Carrió pretende obstaculizar tanto el pase de intendentes del PJ al PRO como alianzas entre ambas facciones para el año que viene.

El gobierno cree que si consigue, por ejemplo, que Florencio Randazzo sea candidato a Senador Nacional por Buenos Aires, éste sumaría un 15 por ciento de los votos, restados a Sergio Massa, y entonces Jorge Macri o Elisa Carrió podrían ganar.

En este contexto, la interna del oficialismo empieza a tensarse, sobre todo cuando el gobierno empieza a recibir los primeros golpes de la justicia, en este caso por el desmedido aumento de las tarifas del gas. La segura intervención de la Corte Suprema en el tema será un medidor de cómo está Macri en su acumulación de poder. El gobierno debió prever -y no lo hizo o no le importó- que semejante tarifazo iba a movilizar la reacción social y judicial.

Ahora habrá que ver cómo resulta la difícil negociación entre Macri y Lorenzetti, ya que la Corte deberá imponer orden en este desbarajuste.

La señal de los fallos y en especial del fallo de la Cámara Federal de La Plata no es buena para los mercados, que ya se imaginan un gobierno trabado en muchas decisiones por las resoluciones judiciales. Es que el nuevo protagonismo judicial responde a un reclamo general de justicia pero de ningún modo le facilitaría la rapidez de la ejecución de los planes de gobierno. Los planes de obras públicas que está anunciando el oficialismo no podrán ser por medio de adjudicaciones directas ni DNU; deberán respetarse los procedimientos licitatorios y habrá muchas y largas impugnaciones en cada caso. Báez y sus similares están dejando una huella bastante profunda y ninguna administración se animaría por ahora a invocar razones de urgencia para pasar por alto los procedimientos normales. Esta judicialización -o, si se quiere, vuelta al estado de derecho- hará que las cosas sean más lentas y debatidas. Hará también que los resultados tarden más y que la economía se mueva más despacio.

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