Por Hugo Morales.-

Neuquén (especial).- Como un fuerte contraste con la política aplicada hasta el momento por el gobierno nacional, su par neuquino se apresta a escriturar unas 500.000 hectáreas de tierras ocupadas por las 50 comunidades mapuches que se encuentran asentadas en su territorio con la finalidad de quitar tensión a un problema en ascenso y que puede generar problemas sobre las inversiones en petróleo y gas no convencional que existen en la zona a Vaca Muerta, uno de los reservorios más importantes del mundo y sobre el que se proyectan multimillonarias inversiones al punto de arriesgar más de 20.000 millones de dólares en los próximos años. El último hecho que encendió luces rojas fue un procedimiento judicial en tierras ocupadas en Tratayen, cercano a Vaca Muerta donde se secuestraron armas y drogas en posesión de personas mapuches.

Precisamente el fiscal general de la Provincia, José Gerez se acaba de reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrich para analizar estos episodios y las investigaciones en la cordillera neuquina sobre la posible presencia de elementos identificados con las RAM, células operativas extremistas que dicen reivindicar el reclamo para los mapuches, especialmente la recuperación de tierras que denuncian fueron expropiadas por los gobiernos (provinciales y nacionales) en sociedad con terratenientes privados poniendo como ejemplo a Joe Lewis y Benetton en el sur de Río Negro y Norte de Chubut, donde acaban de suceder fuertes y trágicos enfrentamientos entre Mapuches y Fuerzas de Seguridad nacionales como La Gendarmería y la Prefectura.

Pero en Neuquén este cuadro de situación violenta viene siendo contenido por una política de convivencia desde hace años por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que gobierna a la Provincia desde hace más de 50 años en forma interrumpida. La relación, en el interior provincial, de personeros oficiales y políticos, con los principales caciques (lonkos) de las comunidades mapuches, fue por demás integracionista, incluso hasta de haber traccionado electoralmente en su favor. Familias Mapuches tradicionales como Aigo, Puel (hoy administran un parque de nieve para su provecho), Vera y Curruhuinca han privilegiado el acuerdo al enfrentamiento. Recién con la aparición reciente del petróleo y gas a escala mundial, la cuestión mapuche se fue tornando complicada para el gobierno provincial.

A eso se sumó que los viejos caciques fueron reemplazados en las conducciones de las distintas agrupaciones o en la Confederación Mapuche Neuquina por dirigentes más radicalizados, e incluso, algunos con fuerte relación con el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como Jorge Nahuel que llegó a ocupar un cargo en la subsecretaría de Asuntos Indígenas durante el ministerio de Alicia Kirchner. Precisamente Nahuel fue el blanco de las críticas durante el gobierno anterior de Jorge Sapag en la provincia, cuyo hermano Nuno Carlos denunció la presencia de terroristas vinculados a las FARC colombianas en la toma de campos en la zona de Aluminé, a unos 350 kilómetros al oeste de Neuquén capital en los contrafuertes cordilleranos.

Sapag mantuvo una política de acercamiento institucional con los Kirchner -como hoy lo hace el nuevo gobernador Omar Gutiérrez con Mauricio Macri- y no se sabe si fue por esa relación de vinculación política o porque el entonces ministro del Interior, Anibal Fernández, hizo oído sordos a los reclamos de los neuquinos. Solo la intervención de la embajada Suiza en Argentina puso fin a la ocupación de una lujosa hostería en Pulmarí en el 2006, un haras que perteneció al Ejercito y ahora es administrada por un ente integrado por la Provincia y la Nación. Dicha hostería había sido concesionada al empresario ítalo-suizo Doménico Panciotto que se amparó en el protocolo de protección para las inversiones helvéticas en el exterior. Ante el reclamo diplomático, el propio Néstor Kirchner, ordeno el inmediato desalojo de los campos aluminenses que originó un alto grado de tensión de los pobladores criollos de la zona que se mostraron rifles en mano en el salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de esa localidad.

Pero, ahora, el problema se potencia enormemente porque lo que está en juego no solo son campos cordilleranos y reivindicaciones simbólicas sino los cuantiosos recursos petroleros y gasíferos de Vaca Muerta que ya ha encendido luces de alarmas en las principales operadoras de la zona encabezadas por YPF que durante la administración kirchnerista otorgó subsidios a los reclamantes de tierras mapuches para evitar cortes de acceso a los yacimientos u ocupaciones de los mismos. Lo más grave hasta el momento fue hace un par de semanas ante el hallazgo de un artefacto explosivo en un yacimiento de la petrolera estatal argentina que de haber deflagrado podría haber ocasionado un verdadero desastre en la localidad rionegrina de Allen. Las primeras investigaciones judiciales, avaladas por lo de Tratayen y un incendió a una concesionaria de automotores en Neuquén capital, apuntan las sospechas hacia las RAM.

Para frenar este escenario de conflicto ascendente, el gobernador Gutiérrez delegó en su ministro de Seguridad Jorge Lara, de amplia experiencia en dialogar y convivir con las comunidades Mapuches, esta nueva negociación que apunta a devolver el doble de la superficie terrestre que la Nación reconociera a otras comunidades aborígenes en La Patagonia desde hace más de 10 año. Sin embargo Lara ha puesto límites: “De las 50 comunidades mapuches que ingresaron en el operativo de relevamiento territorial (2006 cuando se sancionó la ley 26.160), unas 23 tienen el trámite terminado, 10 están en proceso administrativo para completarlo y 17 son las que faltan”, según reveló el funcionario. Desde entonces se entregaron 500.000 hectáreas a familias mapuches del Neuquén.

Entre las definiciones más importantes del colaborador de Omar Gutiérrez se sintetiza lo siguiente:

En Neuquén fueron 50 y no se agregaron más comunidades. La provincia fue pionera en el concepto de escriturar tierras bajo el concepto de propiedad comunitaria. Esta categoría garantiza que la propiedad no se pueda embargar y tampoco enajenar.

En la actualidad existen dos conflictos con comunidades que son los Campo Maripe en la zona de Añelo y los Paisil Antriao en Villa La Angostura, uno en tierras donde existe explotación petrolera y los otros donde debe cruzar la ruta de circunvalación, con un alto valor paisajístico.

Como vencieron convenios anteriores (con Nación) será necesario firmar nuevos convenios y prever financiamiento. Después del corte temporal que marcó la Ley 20.160 el gobierno provincial realizó actos de reconocimiento de personería jurídica a otras comunidades pero eso no significa reconocimiento territorial.

En el caso de Campo Maripe se hizo un estudio de relevamiento territorial, pero no en el esquema de la ley nacional porque surgió después de que se puso en marcha dicha norma, y mostró que el documento se entregó a los representantes de la comunidad, de la Iglesia Católica y de organismos de Derechos Humanos.

Como no dio lo que ellos pretendían, dicen que se cajoneó. Lo que se comprobó es que no existe antecedente racional -de presencia ancestral- sobre la meseta, sí sobre el valle donde se reconoció 100 hectáreas de las cuales 46 fueron sistematizadas por YPF. Una mujer integrante de la familia Campo se casó con un hombre de apellido Isaza e iniciaron el trámite para ser dueños de una parcela, pero no en forma de tenencia comunitaria.

La comunidad Wircaleo, que se ubica entre Añelo y Sauzal Bonito, está integrada por 7 hermanos que también tienen una propiedad privada vía sucesión. No sólo hay etnias mapuches sino que hay otra como los Lucero Pichinau que se reconocen como tehuelches pero que no ingresaron en el relevamiento de la 26.160 que ahora se prorrogó.

No hay que meter a todas las comunidades en la misma bolsa, porque no todos utilizan la extorsión para poder exigir. Como no dio lo que ellos pretendían, dicen que se cajoneó. Lo que se comprobó es que no existen antecedentes sobre la meseta.

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