Por Guillermo Cherashny.-

Estos días han puesto a Julio Conte Grand, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, en la mira por Axel Kicillof, el gobernador. En efecto, después que el matutino Clarín informara que desde el 19 de diciembre el gobierno de Kicillof quería descongestionar la cárceles bonaerenses y que estalló con el fallo del camarista Víctor Violini, quien aceptó un habeas corpus colectivo de los defensores oficiales que conmocionó a la opinión pública y que generó un importante cacerolazo, todos le echaron la culpa al otro.

En la provincia de Buenos Aires, el Procurador General tiene bajo sus órdenes a los fiscales y a los defensores públicos y en ese carácter instruyó a los defensores oficiales que, en razón de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 19 dispuso que armaran un lista de presos con condenas leves o a cumplir este año, mujeres embarazadas y con factores de riesgo, para ser liberados. Entonces los defensores iniciaron un habeas corpus colectivo que aprovechó el Dr. Víctor Violini, camarista de la casación bonaerense, aceptando ese amparo y permitiendo la salida de 599 presos, de los cuales poco más de una cuarta parte fueron a domiciliaria a pesar que habían cometido delitos graves.

El gran cacerolazo originó que la Corte Suprema provincial, por vía de su nuevo presidente, el Dr. Daniel Soria, diera marcha atrás y exigiera que a partir de ese momento sólo se pudieran liberar presos con las firmas de por lo menos dos camaristas por sala.

Desde el cacerolazo, donde la opinión pública responsabilizó al gobierno nacional y provincial por las secretarías de derechos humanos nacional y provincial, desde donde se impulsó la suelta masiva, y también de la Comisión Provincial de la Memoria, el gobernador recibió la información de que el Procurador Conte Grand fue el que propició el habeas corpus colectivo y le echó la culpa a Conte Grand.

De inmediato, Teresa García, la Ministra de Gobierno, pidió la renuncia de Conte Grand por ser subjetivo y favorable a Juntos por el Cambio, porque fue nombrado por Vidal. Para remover a Conte Grand hacen falta dos tercios del Senado, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría, aunque Vidal obligó a jubilarse a María del Carmen Falbo, la procuradora del gobierno de Solá y Scioli.

En realidad, Julio Conte Grand tendría que presentar su renuncia, porque lo nombró otro gobierno de signo político distinto, porque en la Argentina cada gobierno nombra su procurador.

Cabe recordar que seis meses antes de las elecciones, el mismo juez Víctor Violini acusó a Conte Grand de armar causas con testigos truchos, especialmente en el caso de Independiente, donde quiso encarcelar a Hugo y Pablo Moyano y donde habría suministrado audios de los Moyano a los programas de Luis Majul, aunque no está probado que fuera Conte Grand o el fiscal de la causa. Pero en la política no se perdona que se quiera encarcelar a nadie por causas políticas disfrazándolas de extorsión, lavado de dinero y otros delitos más, por confesiones dudosas de barras bravas con antecedentes penales.

En realidad, la gestión de Conte Grand fue muy favorable a los deseos del presidente Macri, que quería encarcelar a Moyano de cualquier forma y se recuerda cuando el juez Carzoglio acusó a Conte Grand presionarlo para ese fin.

En definitiva, Conte Grand, sostenido por la mayoría de Cambiemos en el Senado provincial, resiste con el derecho a su favor, pero seguramente tendrá muchas presiones, como pasó con la procuradora Falbo.

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