Por Carlos Tórtora.-

Si se confirman en las urnas la mayor parte de las encuestas, la interesante jornada electoral de hoy profundizaría la tendencia global del proceso electoral. Se da por descontado que el PRO alcanzará en Capital un guarismo similar al de Mauricio Macri en el 2011, es decir alrededor del 46%. Esto obligará a un ballotage entre Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que en este caso tiene una particularidad. La Constitución local, en su artículo 96, establece que “la segunda vuelta se realiza dentro de los treinta días de efectuada la primera votación”. Es decir que el PRO deberá enfrentar una dura pulseada a sólo 19 días de las PASO nacionales, lo que implica para el macrismo un esfuerzo electoral supremo. Las variables serían tres: un gran triunfo de Larreta en el ballotage, levantaría la candidatura presidencial de Macri. En cambio una victoria ajustada podría debilitar a CAMBIEMOS en las PASO en todo el país. Por último, una derrota, algo casi imposible, significaría el colapso de su candidatura y el resurgimiento de Sergio Massa. Volviendo a lo de hoy, si como está previsto Juan Schiaretti gana en Córdoba, el massismo se aferraría al triunfo de su aliado José Manuel de la Sota para sostener que sigue en carrera. En la Rioja es difícil que el Frente para la Victoria pierda la primacía, igual que en las primarias pampeanas. Y en Corrientes, hay que esperar que la UCR, a través de Encuentro por Corrientes, se quede con la mayor parte de las bancas, con el PRO y el massismo incluidos. Para el kirchnerismo, el objetivo de hoy se cumpliría si mediáticamente se instala que UNA mejora sus chances ante CAMBIEMOS. Cuanto más se instale que Massa sigue en carrera, será más fácil que se profundice la división del voto opositor. O sea, que Macri no llegue en la primera vuelta al 30 por ciento, lo que facilitaría que Scioli se consagre presidente si alcanza el 40. En otras palabras, que la supuesta suba de Massa sería funcional al triunfo de Scioli.

De hecho, el gobernador bonaerense, acompañado por la orquesta mediática del cristinismo, ya se puso en el rol presidencial y habla con los factores de poder como si ya hubiera sido electo.

En este marco se da una aparente contradicción entre el optimismo electoral del oficialismo y la extrema voracidad que está mostrando para designar jueces y fiscales o reemplazarlos, como en el caso del juez de Casación Luis Cabral, a través de la aplicación de la nueva ley de subrogancias. Las perspectivas políticas indicarían que CFK y su entorno deberían estar más tranquilos en que Carlos Zannini será el hombre fuerte del futuro gobierno y que, controlando además los bloques peronistas de ambas cámaras, no habría una persecución judicial importante por los cientos de hechos de corrupción denunciados.

Sin embargo, la presidente actúa como si la oposición fuera a ganar las elecciones. Ordenó la ruptura de la tregua con la justicia federal haciendo que la mayoría K en el Consejo de la Magistratura defenestrara a Cabral y también presionó para que la Cámara Federal de La Plata dispusiera que Laureano Durán continúe al frente del estratégico Juzgado Federal N° 1 de la capital provincial, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, del cual había sido desplazado por un fallo del juez federal de La Plata Ricardo Recondo.

Pero la ofensiva K va más allá, porque la presidente Cristina de Kirchner firmó el viernes pasado 24 decretos que designan a 77 funcionarios judiciales nuevos. Según se publicó este viernes en el Boletín Oficial, son dos jueces, 64 conjueces, dos vocales de Cámara, tres fiscales y seis defensores públicos.

Claramente, el cristinismo tiene dos objetivos centrales inmediatos: ganar las elecciones y copar la mayor cantidad de juzgados y fiscalías, sobre todo federales, por su competencia en las causas de corrupción.

Una firme desconfianza

La lectura generalizada de esta obsesión presidencial por copar la justicia federal es la búsqueda de un escudo tribunalicio que garantice la impunidad del núcleo duro del poder. Pero también empieza a abrirse camino una segunda interpretación. Cristina y Zannini no confiarían en que este Scioli sea el mismo Scioli que aparecería a partir de la noche de su victoria, posiblemente el 25 de octubre. Aunque con prudencia, el ex motonauta no deja de diferenciarse de Axel Kicillof ante los mercados, lo que implica un velado desafío a la continuidad del actual modelo. Su reconocimiento público de la paternidad de Carlos Menem sobre su carrera política no parece inocente. Entrelíneas se advierte que Scioli ya no se autodefine como un hijo político de Néstor Kirchner. Elogiar a Menem es, sobre todo, un mensaje encriptado para los mercados y el frente externo.

La lógica política más elemental indica que Scioli, si quiere gobernar cuatro años -u ocho- necesita construir un espacio político propio. Esto lo confirman los hechos porque, en sus recorridas por Buenos Aires, quien aparece siempre detrás de él es el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, compañero de fórmula de Julián Domínguez y portaestandarte de los barones del conurbano. O sea, el símbolo de la resistencia al avance de La Cámpora sobre el poder territorial bonaerense. Así como cuesta imaginarse que Scioli confronte directamente con Cristina y su poderosa estructura de poder, es también muy probable que intente una diferenciación gradual y que negocie con Macri y Massa a espaldas de Zannini y La Cámpora.

Con esta perspectiva, el desesperado copamiento cristinista de la justicia federal tendría un doble sentido: garantizar impunidad y controlar a Scioli a través de los jueces y fiscales amigos. O sea, una especie de golpe de Estado institucional preventivo. Aunque estamos en plena pulseada electoral, Zannini y Eduardo Wado de Pedro seguirían conversando bajo cuerda con altos dirigentes de la UCR sobre un tema. La liquidación del poder de Ricardo Lorenzetti a través de una futura ley de ampliación de la Corte a 7 miembros, designando dos de ellos el kirchnerismo -uno sería León Arslanián- y otro el radicalismo (tal vez Ricardo Gil Lavedra). De este modo cerraría el círculo, ya que, reforma procesal penal mediante, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó acumularía más poder que la Corte, sobre todo si en ésta Lorenzetti es arrinconado por amigos y aliados del cristinismo. Quedaron días atrás en la zona de sospecha el senador Ángel Rozas y el diputado Gustavo Valdés (ambos de la UCR) por sus ausencias en la reunión del Consejo de la Magistratura, que le permitieron al Gobierno remover al juez Luis Cabral y acaparar la Cámara de Casación Penal.

Tal vez, en última instancia, Cristina y Zannini estén pensando en refundar un esquema bipartidista con la UCR, mediante un pacto en ambas cámaras del Congreso, dejando al PRO en un segundo plano.

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