Por Carlos Tórtora.-

Con la primera citación a indagatoria de CFK -en este caso ante el Juez Federal Julián Ercolini y por el caso Báez- comenzó una nueva etapa en el delicado equilibrio entre la lucha contra la corrupción y los juegos de poder. En bloque, los jueces federales advierten que cualquier freno en las investigaciones iniciadas no sólo levantaría una oleada de rechazo en la opinión pública sino que les abriría el espacio a Elisa Carrió y Margarita Stolbizer para denunciar un pacto espurio. Pero también saben que la Casa Rosada ya explotó mediáticamente la corrupción K y ahora busca evitar un tembladeral jurídico que arrastraría a buena parte del establishment empresario y golpearía el clima de negocios que busca instalar el macrismo. De hecho, dos de las causas más detonantes para el empresariado, Skanska y Cerro Dragón, duermen la siesta desde largos meses atrás. En el campo electoral, Cristina podría sacar un moderado provecho de una persecución judicial acotada, polarizando en Buenos Aires con CAMBIEMOS el año que viene. Ya con una prisión preventiva la situación podría cambiar. En realidad la bisagra del tema pasa por la relación entre en el cristinismo y el cuerpo político del PJ. Cuando CFK, De Vido y otros fueron presionados a fondo por la justicia, inmediatamente se dieron varios síntomas significativos. En el kirchnerismo avanzó la diáspora y en el resto del peronismo se multiplicaron los dirigentes que sostuvieron “Cristina ya fue”. En cambio, en cuanto la tormenta judicial amainó, otra vez la ex presidente reapareció presidiendo actos y realizando giras internacionales.

En otras palabras, un objetivo central del macrismo es que el PJ continúe ligado por un cordón umbilical al cristinismo. Ese cordón hoy se llama Daniel Scioli, vicepresidente del partido y representante del kirchnerismo light. Mientras el peronismo siga pegado a la herencia K, los dirigentes de esa extracción que no soporten esto sólo tendrán el camino de emigrar hacia el PRO, como son los casos del Momo Venegas y Jesús Cariglino.

En otras palabras, la batalla judicial en realidad esconde la disputa por la neutralización del PJ como factor de alto riesgo para las próximas elecciones.

Treinta años no es nada

En este aspecto, Macri parece tener en cuenta el proceso que se dio entre el ‘83 y el ‘87. Cuando fue derrotado por Alfonsín, el PJ quedó confundido y luego dividido en dos bandos. El grupo histórico, que comandaba Vicente Leónidas Saadi, estaba profundamente desprestigiado y era presa fácil de una Junta Coordinadora que ocupaba casi todo el espacio político. Pero luego el triunvirato renovador compuesto por José Luis Manzano, Carlos Grosso y José Manuel de la Sota avanzó con fuerza y consagró como jefe de la renovación nacional a Antonio Cafiero, que terminó ganándole al alfonsinismo las legislativas del ‘87.

Para el PRO el objetivo central es obvio: evitar otra renovación. Y si es posible, también que surja otro Carlos Menem, lo cual es siempre un imponderable.

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