Por Guillermo Cherashny.-

Mucha gente se pregunta por qué motivo Lázaro Báez, Ricardo Jaime, José López y próximamente Julio De Vido no declaran en lugar de presentar escritos por distinguidos abogados que no impiden sus procesamientos y prisiones preventivas y casi seguras condenas.

¿Por qué estos funcionarios no complican a los empresarios a los que les pidieron u ofrecieron sobornos? Estos empresarios, los más importantes del país, especialmente los vinculados a la construcción y a la energía, fueron los grandes favorecidos por el kirchner-cristinismo y en el coloquio de IDEA expresaron su admiración por la política del gobierno de Mauricio Macri.

Los empresarios, que ganaron mucho dinero con los K, «se la llevaron en pala», como les decía por cadena nacional la ex presidente.

Está claro que el gobierno -y menos la justicia- quieren implicar a grandes empresarios en los negocios sucios de los K, pero los hoy procesados y detenidos no implican a los citados empresarios que participaron con ellos en el festín de los corruptos.

Fuentes vinculadas a los detenidos sostienen que la mayoría espera cumplir los 70 años para obtener la prisión domiciliaria, como Julio de Vido, que no está lejos de esa edad.

Siempre que un alto funcionario o empresario K queda detenido, el periodismo habla de que se pueden convertir en arrepentidos e implicar a la ex presidente en sus delitos, pero nunca pasa nada. La respuesta es muy sencilla: ¿para qué van a implicar a Cristina si al mismo tiempo se autoinculpan ellos mismos? Además, están convencidos de que el gobierno la quiere a Cristina libre para ganar elecciones y que los jueces federales olfatean ese deseo del gobierno. Sin embargo, los detenidos podrían implicar a empresarios muy cercanos al poder y detonar algunas bombas de corrupción cerca de la Casa Rosada. Pero de nuevo mejor es negar la inocencia, esperar una condena leve y denunciar que son juicios políticos y apelar una y otra vez hasta la domiciliaria o una reducción por una apelación en un tribunal de alzada.

Distinto es el caso de Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación, que no viene de la política, está en los 50 años y ya dio una pista sobre las compras sobrefacturadas de GNL por parte de la Shell, diciendo por qué la empresa de la corona holandesa, que pagó los sobreprecios, nunca los denunció y quizás denuncie a otros empresarios de la energía o de la construcción, porque él sabe todo sobre la corrupción en Planificación. ¿Se arrepentirá?

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