Por Carlos Tórtora.-

La detención de Julio de Vido se instaló como el dato central de la política nacional por el simple hecho de que, procesalmente, de este punto a la detención de CFK hay poco más de un paso. Miguel Ángel Pichetto ya se anticipó a la posibilidad de que Claudio Bonadío firme una orden de detención contra la ex presidente con la expectativa de que el Senado la desafuere como hizo Diputados con De Vido. Pero los senadores del PJ no quieren ni hablar del tema hasta el 10 de diciembre. “Cristina ya está electa y tiene fueros pero se incorporó a la Cámara, así que no podemos desaforarla”. La explicación política paralela es otra. Ya hubo dos cónclaves electorales del peronismo bonaerense post elecciones y en ninguno hubo gestos de repudio a ella. Es que los barones del conurbano están demasiado preocupados por el avance del PRO sobre sus territorios y el estallido de muchas causas judiciales por corrupción. En este contexto, CFK siempre representa un espacio donde refugiarse en caso de diluvio y, además, el 37 por ciento de los votos que obtuvo no es broma. Las señales de alarma no bajan sólo del caso De Vido. Juan Manzur, un gobernador cuyas listas se impusieron fácilmente el 22 pasado y que se jactaba de tener línea directa con Macri, fue sacudido tres semanas atrás por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó el sobreseimiento del gobernador por su intervención en el llamado Plan Qunita, el programa asistencial maternal que había implementado el kirchnerismo y por el que se pagaron sobreprecios. Unos días atrás, Manzur se dio por aludido y aclaró que la ex presidente era parte del pasado del peronismo.

El tembladeral que empieza a delinearse a partir de los casos que encabeza De Vido tiene distintas vertientes. En el conurbano bonaerense, la casi totalidad de los intendentes del PJ administraron planes de obra pública sobrefacturada adjudicados por el Ministerio de Planificación y otros, como Aníbal Regueiro de Presidente Perón están investigados directamente por su participación en los sobreprecios de grandes obras de Odebrecht. Una distribución de las responsabilidades sobre la dirigencia peronista podría barrer con lo que queda de la vieja guardia de intendentes. Por ejemplo, Rubén Pereira (Florencio Varela) y Patricio Mussi (heredero de su padre en Berazategui), pero también golpearía a figuras expectables como Martín Insaurralde (Lomas) y Verónica Magario (La Matanza). Sin duda que la línea territorial del kirchnerismo podría ser fuertemente sacudida por el Devidogate. Esto le abriría el camino a los que llegaron al gobierno municipal junto con la salida de CFK del poder, como Gustavo Menéndez (Merlo) Walter Festa (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas). En definitiva, un mani pulite extendido a la política terminaría de liquidar al kirchnerismo -altamente conveniente para el gobierno- y dejaría el camino abierto para un peronismo con más posibilidades, que es justamente lo que quiere evitar el macrismo.

Y esto sin hablar de que, como señaló Carrió, los jefes de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, de Alberto Fernández a Juan Manuel Abal Medina, tienen bastante que aclarar sobre su firma en las decisiones administrativas que avalaron las operaciones de De Vido.

Pero éste no es el costado más importante del caso De Vido que preocupa al gobierno. Durante los últimos dos años, hubo una causa sobre supuestos ilícitos del ex ministro de planificación y su equipo que prácticamente siguió inmóvil. La tramita el juez federal Julián Ercolini y se refiere a los negociados con el fideicomiso creado por el convenio de cooperación entre Argentina y Venezuela. En este mar de coimas, sería inevitable que comparezcan docenas de empresarios de primer nivel, que es lo que va a ocurrir ahora con las compras de gas que llevaron a la detención del ex ministro. Una citación judicial masiva de empresarios, el procesamiento de algunos y las previsibles auditorias judiciales de las cuentas de muchas firmas importantes podría disparar la fuga de capitales. Además, este avance de la justicia no sería aplaudido en el mundo de los negocios, porque nadie piensa en invertir en un país donde los empresarios están desfilando por tribunales, no importa si justificadamente o no. Caminar por la senda que transitó Brasil desde el 2015 podría tener efectos económicos graves.

Los intentos de Marcos Peña y su equipo por bajarle el nivel en los medios al caso De Vido fueron en las últimas horas bastante fuertes. En medio de un ajuste de tarifas y precios que malhumora a casi toda la población, De Vido preso hubiera sido ideal para distraer y volver a conjurar la demonización de la era K. Pero ahora Macri ve más riesgos que beneficios en la nueva ofensiva judicial.

Más saldos negativos

La segunda consecuencia altamente negativa para la cual el oficialismo sí está preparado es que algunos fiscales o los propios procesados empiecen a abundar sobre los negocios entre el gobierno K y los dos brazos empresarios de Macri, su primo Angelo Calcaterra y su amigo Nicolás Caputo. Sobre éstos, el macrismo habla y dice que se trataría de una forma de vengarse por parte de De Vido, Baratta y otros procesados. Pero nada garantiza que no haya sorpresas desagradables, ya que algunos jueces de Comodoro Py quieren evitar quedar etiquetados como los jueces del PRO que se ocuparon de perseguir sólo a los K.

Mientras tanto, en el PRO, cada uno hace su juego y van desapareciendo las inhibiciones. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, decidido a alambrar la Capital para asegurarse su reelección, y de paso, para enviarle un mensaje a su inapreciable aliada Elisa Carrió, se decidió a invadir la UCR porteña poniendo la enorme infraestructura de recursos del gobierno de la Ciudad al servicio de Daniel Angelici y sus aliados Jesús Rodríguez y Facundo Suárez Lastra, que confrontan con el sector que lidera Enrique Nosiglia con Rafael Pascual por la nueva conducción de la UCR porteña, que se realizará el 19 de noviembre. El caso vale analizarlo por si se trata del comienzo de una injerencia del oficialismo en las internas radicales y peronistas de diversos distritos, o bien una situación aislada.

La inminente interna del PJ bonaerense -convocada para el 17 de diciembre próximo- será otro test en este sentido.

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