Por Carlos Tórtora.-

Mauricio Macri sorprendió a la corporación política al decidir proponerle al Senado la designación de Inés Weinberg de Roca como Procuradora General de la Nación. Esta jurista, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es cuestionada por su importante desconocimiento del fuero federal, sobre todo en comparación con el otro candidato que sonaba con fuerza, el fiscal de Casación Raúl Pleé. Precisamente, el consenso entre Cambiemos y el bloque de senadores peronistas se había alcanzado en torno a Pleé. El malestar de Pichetto y sus colegas de bancada se sintió anteayer en el recinto. Pichetto se mostró descontrolado cuando el PRO propuso tratar el desafuero de CFK y luego, para compensar las cosas, mantuvo una controversia a micrófono abierto con ella. Con el peronismo disgustado, no se sabe cómo hará el Ejecutivo para alcanzar los dos tercios de votos de los senadores presentes. El pliego, de acuerdo al decreto 222 de 2003, atravesará un proceso de audiencias públicas e impugnaciones antes de ser enviado al Senado, donde se prevén duros cuestionamientos por parte del PJ, como anunciara el propio Pichetto.

Macri es conocido por su renuencia a intervenir en los temas judiciales, que no son de su agrado. Este caso fue una excepción y su decisión implica que, en caso de que la designación se haga efectiva, el Procurador General será un apéndice del presidente y no el resultado de un consenso político amplio.

Razones sobran

Probablemente, una de las pistas para entender la decisión de Macri haya que buscarla en Lima. Allí, Pedro Pablo Kuczynski no aguantó más la presión y acabó con su carrera política sólo 20 meses después de llegar al poder. El presidente peruano tenía demasiados frentes abiertos. Su implicación en el caso Odebrecht hundió su imagen y fue utilizada para el acoso de la oposición fujimorista. Su decisión de indultar a Alberto Fujimori en un intento desesperado para salvarse le alejó de millones de personas que le habían apoyado precisamente para que esa familia no volviera al poder. Cada vez más solo y acorralado por un último escándalo de compra de votos, el presidente decidió dimitir este miércoles al comprobar que iba a ser destituido por el Parlamento al día siguiente. La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que prohíba su salida del país.

En nuestro país, Odebrecht reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014, en un paquete mucho mayor que involucró a Brasil, Angola, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Según el documento que distribuyó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con esos pagos la compañía obtuvo en el mundo contratos por 12 mil millones de dólares entre 2001 y 2016, mientras que en la Argentina las coimas le reportaron obras por 278 millones de dólares.

El fiscal Jorge Di Lello investiga el aporte electoral que Braskem S.A. -una petroquímica controlada por la constructora brasileña- realizó a la campaña presidencial de Mauricio Macri, al entender que pudo haber formado parte de una compleja maniobra que pudo haber perjudicado al Estado.

Di Lello abrió una investigación preliminar para determinar si los $ 500.000 que donó Braskem al PRO en 2015 están vinculados con una operación financiera que habría generado un perjuicio millonario para el Estado, informaron fuentes judiciales.

Los coletazos del caso Odebrecht no son los únicos que inquietarías a Macri. Están también las empresas off shore de las cuales el ministro de economía Luis Caputo es principal accionista o dueño y otras denuncias contra su primo, Angelo Calcaterra, etc.

Verse reflejado en el espejo de Kuczynski podría haber convencido al presidente de que es necesario que la jefa de los fiscales sea alguien de la más estrecha confianza personal. Una especie de paraguas de impunidad ante el eventual avance de causas judiciales que pueden deteriorarlo peligrosamente.

Las circunstancias hacen que el futuro Procurador General acumule un poder en cierto sentido superior al de la misma Corte Suprema. Es que la reforma procesal penal se aplicará en forma progresiva, siendo Salta y Jujuy las primeras provincias que el próximo enero aplicarán parcialmente el nuevo sistema. La esencia del cambio es que los fiscales quedarán a cargo de la instrucción del proceso que hoy realizan los jueces, que pasarán a funcionar como jueces de garantías. O sea que la tramitación de las causas recaerá en las fiscalías, aumentando notoriamente la relevancia del rol de las mismas.

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