Por Carlos Tórtora.-

El caso López, por sus circunstancias y su espectacularidad, le permitió al gobierno ganar algo sustancial en política: tiempo. Este escándalo que sacudió a la opinión pública tanto como el caso Báez es una formidable herramienta de distracción mediática para dejar en segundo lugar la creciente recesión y el malestar social, que son el primer riesgo para la gestión del PRO. La caída de López muestra una importante fisura en el escudo forjado por el kirchnerismo antes de dejar el gobierno. El ex secretario de Obras Públicas fue nominado y alcanzó una banca en el PARLASUR con el objetivo de contar con los mismos fueros de los que goza su ex jefe Julio de Vido como diputado nacional. Pero en el camino, la justicia falló en contra de los fueros para el PARLASUR y López quedó entonces a tiro de los sabuesos de la AFI, que le sirvieron la operación en bandeja a la policía bonaerense para que el presidente pudiera tomar distancia del asunto. El caso es que ahora CFK tiene un doble jaqueo: el de Báez y el de López. En Comodoro Py, la decisión clave es la que tomará la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Como se sabe, la familia Báez dinamitó la estrategia judicial urdida por Cristina Fernández y ejecutada por sus alfiles políticos. La ex presidente pensaba que Sebastián Casanello tenía todo bajo control y que Lázaro Báez sólo haría un desfile protocolar por los despachos de Comodoro Py. Pero los vídeos de La Rosadita obligaron a un cambio de paso que CFK no había previsto y que el juez federal debió aceptar en causa propia. Si Su Señoría no detenía a Báez, todo el tinglado de protección volaba por los aires antes enterrar la causa para siempre. Entonces, Casanello tomó el camino más fácil: sacrificar a Báez para salvar a Cristina. Una estrategia política-procesal rechazada por los hijos del empresario constructor, que hasta ese momento había decidido respetar la ley de la omertá y sus años de amistad con Néstor Kirchner.

La táctica procesal de Leandro Báez, que no quiere que su padre Lázaro se pudra en la cárcel, consiste en sostener que Casanello protege a Cristina y coloca como blanco móvil al ex empleado bancario devenido en multimillonario. Leandro Báez sugiere que Lázaro era un simple ejecutor de las decisiones políticas-empresariales que se tomaban en la quinta de Olivos, y que CFK tenía el control de un desfalco multimillonario. Si la Cámara Federal encuentra verosímiles los argumentos de Leandro, Casanello ya no controlará el expediente y Cristina deberá estudiar una causa que también involucra a Máximo Kirchner, Julio de Vido y Ricardo Echegaray.

Martín Irurzun y Horacio Cattani, los jueces federales que estudian la situación de Casanello, son intachables y ajenos a las operaciones de poder que se lanzaban desde Balcarce 50 para proteger a la familia Kirchner y al clan Báez. Irurzun y Cattani tienen dos alternativas, que complican por igual a CFK: si ratifican a Casanello, le exigirán que investigue hacia arriba, involucrando a la ex presidente y su entorno. Y si por el contrario aceptan la recusación de Casanello, ordenarán que no alcanza con pasear las retroexcavadoras por los campos que Báez compró con los negocios que le concedió Cristina en sus ocho años de gestión.

Este caso, como los de Skanska, Cerro Dragón, Jaime y tantos otros, tiene denominador común: los jueces y fiscales federales investigan los ilícitos de los funcionarios pero no profundizan sobre las responsabilidades privadas en los sobreprecios de la obra pública, que dieron origen a los fondos de los sobornos y a su posterior lavado, etc.

Esta línea divisoria ha creado un mani pulite a medias que no resiste ningún análisis serio, ya que prescinde de investigar las causas de los ilícitos. Mientras las cosas sigan así, el enjuiciamiento de la corrupción en la Argentina seguirá un rumbo cada vez más diferenciado de, por ejemplo, lo ocurrido en Brasil, donde condenaron a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, ex presidente de la mayor constructora de América Latina.

Lo cierto es que un tenso silencio impera en los despachos de Comodoro Py y tiene su explicación: La Cámara de Senadores de la Nación aprobó los pliegos de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz para integrar la Corte Suprema de Justicia, completando el número de miembros del Supremo Tribunal, que desde diciembre se encontraba compuesto por sólo tres jueces. Las miradas de toda la justicia -y del macrismo- se concentran en si los nuevos ministros alterarán la ecuación de poder que hoy hace que Ricardo Lorenzetti sea el dueño y señor de la Corte, apoyado por Juan Carlos Maqueda y -aunque de mala gana- por Elena Highton de Nolasco. En principio, Lorenzetti parece poder resistir en la presidencia al estar 3 a 2. Pero esto puede cambiar: si una nueva mayoría colocara a un nuevo presidente del tribunal, cualquiera que éste sea, el hecho sería leído como un gran triunfo político de Mauricio Macri. En caso contrario, de continuar las cosas como hasta ahora, seguiría la larga pulseada de éste con el jurista de Rafaela, que se erige como una especie de contrapoder del PRO.

Este impasse en la política judicial coincide con la paralización que empieza a dominar a varias cancillerías latinoamericanas ante la elección presidencial de los EEUU en noviembre próximo. Hasta hace poco, el macrismo se autodefinía como afín al partido demócrata y a los lineamientos internacionales de Barack Obama. Bien lo sabe la canciller Susana Malcorra que, para alcanzar la Secretaría General de la ONU, coqueteó con cuanto estado populista existe, empezando por el régimen bolivariano. Pero la posibilidad de que gane Donald Trump ya no es una fantasía. De poco serviría, por ejemplo, en este caso la presencia del progresista Martín Lousteau en Washington. Con Trump presidente, las relaciones de los EEUU con Europa y Latinoamérica pueden tomar rumbos inesperados. Por ejemplo, el magnate republicano embestiría contra la prédica oficial del Vaticano a favor de la integración de los inmigrantes y, en el Cono Sur, podría ser muy severo con los populismos de la región.

Ante esta posibilidad, el macrismo está moderando su militancia a favor de Hillary Clinton ya que, en caso de perder ésta, las facturas podrían ser difíciles de pagar.

Buenos Aires se recalienta

Mientras tanto, en Buenos Aires está en plena ebullición un operativo para maquillar la gestión de María Eugenia Vidal, primera lejos en las encuestas por su alta imagen positiva pero con un gabinete que hace agua por varios costados. La lista de probables desplazados la encabeza Zulma Ortiz, ministra de Salud. Es médica sanitarista especialista en epidemiología. Integra Unicef, donde colabora en temas de salud y nutrición. Forma parte del Consejo Asesor de Investigación para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También se iría el único radical del gabinete, Jorge Elustondo, ministro de Producción, ciencia y Tecnología. Éste pertenece a la UCR de Pergamino y es asesor del vicegobernador electo Daniel Salvador, quien también pertenece al partido centenario. Trabajó de jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Éste sería reemplazado por el actual intendente de San Miguel, Joaquín Díaz de la Torre, que se separó a medias del massismo. Si De La Torre llega al gabinete, la política de afianzar lazos con el peronismo que practican Vidal y su ministro de gobierno Federico Salvai alcanzará su mayor nivel y a la vez su mayor distanciamiento de Elisa Carrió, que proclama que el massismo es la cabecera de playa del narcotráfico en la provincia. El tercero que está para irse es el titular de Seguridad, Cristian Ritondo, que pierde terreno ante la mano más experta del nuevo ministro de Justicia Gustavo Ferrari, que apuntaría a reunificar ambas carteras. Vidal no quiere aventurarse en los tiempos preelectorales del segundo semestre sin mostrar ninguna carta fuerte en materia de seguridad. El Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, es uno de los que tejen sin parar para que el cambio se produzca. Por último, está vacante la Asesoría General de Gobierno que ocupaba Ferrari y que podría ser el premio consuelo para Ritondo.

En su inteligente juego pendular, el massismo está dispuesto a ganar cada vez más espacios mientras se acerca la hora de la verdad. Si Massa decide ser candidato a senador nacional, los cientos de funcionarios que colocó en la administración provincial deberían replegarse y esto debilitaría la gobernabilidad de Vidal.

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