Por Carlos Tórtora.-

El gobierno se interna en la segunda etapa de la crisis enfrentándose con un dilema de hierro: cómo ir abriendo la actividad económica sin desmantelar la cuarentena, que hasta el momento ha resultado exitosa. Por supuesto que Alberto Fernández tiene un ojo puesto en las encuestas, que dan un aumento de imagen positiva muy alto pero que, según opinan algunos encuestadores, podrían empezar a reflejar el cansancio social por la cuarentena si ésta se prolongase mucho tiempo.

En la mesa de negociaciones del gobierno con la UIA y la CGT se barajan las medidas de flexibilización y, por ejemplo, se analiza cómo reabrir los comercios, lo que es imposible si no se flexibiliza la circulación del público. Desde ya que un criterio selectivo acerca de cuáles rubros podrían reabrir desataría una escalada de presiones de los postergados.

También Alberto sería partidario de que el Congreso sesione nuevamente pero encuentra una férrea resistencia sobre todo en el Senado, mientras Cristina Kirchner no da señales de vida. A todo esto, Sergio Massa quedó herido por la falta de consenso que cosechó en la Cámara de Diputados para su propuesta de una quita del 40 por ciento de los sueldos durante cinco meses. El interés de Alberto en reabrir el Congreso sería en función de no tener que firmar un DNU detrás de otro. Cuando la crisis quede atrás, podrían llover las críticas por haber gerenciado la crisis con decretos de necesidad y urgencia.

Pasando a otro tema, las provincias no esperan o no pueden esperar a las decisiones de la Casa Rosada para reabrir la economía. Córdoba abrió el camino hacia las cuasimonedas con un bono que se entregará a las empresas acreedoras del gobierno y que servirá para pagar impuestos.

La flexibilización de la cuarentena también roza otro tema: la reaparición de la corrupción con la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ahora el argumento de defensa del ministro Daniel Arroyo es menos que débil al decir que los proveedores se plantaron en un precio más alto que el de los precios máximos. Cualquier proveedor, ante un pedido de semejante magnitud, se muestra dispuesto a bajar significativamente los precios por unidad, porque el volumen de la compra le garantiza una ganancia enorme. La única y débil defensa de Arroyo es la urgencia dada por la emergencia social. Según fuentes de Juntos por el Cambio, podría haber otros casos de sobreprecios en las compras directas de equipamiento médico que está realizando en forma permanente el Ministerio de Salud.

La segunda ola

Uno de los principales -si no el principal problema- de la flexibilización de la cuarentena es que su prolongación podría debilitar en extremo la economía y la paciencia social para el caso de que haya una segunda ola de coronavirus y sea necesario implantar nuevamente la cuarentena total. Si esta segunda ola se concretara antes de fin de año, sería vital que antes de la misma haya un pico de recuperación económica sin cuarentena o con cuarentena mínima.

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