Por Carlos Tórtora.-

Hasta ahora, la rama argentina del escándalo de corrupción, que seguramente cambiará la historia de la FIFA, tiene un impacto local muy limitado. Sólo se libraron órdenes de captura para Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, los tres argentinos que siguen prófugos. Sin embargo, este emprendimiento de justicia global puesto en marcha por la Procuradora General de los EEUU, Loretta Lynch, está destinado a tener múltiples proyecciones. Para el gobierno nacional, es un baldazo de agua fría en un momento de euforia, porque las encuestas vuelven a sonreírle al cristinismo. No sólo está en juego la probable conexidad entre la causa iniciada en el norte y la investigación sobre el dispendio de 7000 millones de pesos en Fútbol para Todos. El precedente que está sentando la jefa del ministerio público de USA merece un análisis. La intervención de la justicia de ese país se fundamenta en que los fondos producto de sobornos fueron lavados, al menos parcialmente, a través del sistema financiero de los EEUU, lo que le permite a su justicia tener jurisdicción en la investigación de estos hechos de corrupción. Una postura que refuerza la del juez Cam Ferenbach de Nevada, que sostiene la tesis de los fondos denunciantes -el de Paul Singer y otros- en el sentido de que decenas de empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos «podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina y que la justicia de Nevada tiene jurisdicción para intervenir. El precedente del caso FIFA, sostenido por la máxima autoridad del ministerio público, refuerza entonces la posibilidad de que, más temprano que tarde, Báez y López puedan ser imputados ante los estrados de Nueva York, Nevada y otros estados por donde pasa o pasó la ruta del dinero K.

No es de extrañar entonces que el gobierno haya iniciado un rápido ensayo para empezar a cerrar causas. Lo hizo en Santa Cruz: la jueza de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, María Valeria López Lestón, sobreseyó anteayer al ex presidente Néstor Kirchner, el empresario Lázaro Báez, sus hijos Martín y Leandro, y el gobernador Daniel Peralta, que habían sido imputados luego de una denuncia basada en un informe del programa «Periodismo Para Todos» por supuestos sobreprecios, asociación ilícita y cartelización en la obra pública provincial.

La denuncia había sido impulsada por Mariana Zuvic, dirigente de la oposición en Santa Cruz, tras un informe del programa Periodismo para Todos del 14 de abril del 2013, en el que había apuntado contra el supuesto testaferro presidencial, el gobernador provincial y el ex presidente por los delitos mencionados. La jueza basó su decisión en el dictamen del fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Santa Cruz, Gabriel Lucio Giordano, quien aseguró en su escrito: «La vacua denuncia sólo intenta judicializar una denuncia periodística, sin que mínimamente se detalle alguna fuente que sustente sus dichos, puesto que no se aportó datos o individualización de la conducta reprochable a la o las obras públicas en las que se pudiera verificar alguna sospecha de comisión de delito».

Este ensayo local apuntaría a preparar el cierre de la causa Báez, que reposa en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Pero aunque el cristinismo apurara éstas y otras operaciones, no conseguiría sustraerse a los efectos de la justicia global. La justicia de los EEUU tiene posición tomada en cuanto a no reconocer la cosa juzgada en los procesos realizados en terceros países. Así es que una eventual cadena de sobreseimientos en los tribunales locales no evitaría posteriores imputaciones en Nueva York, Nevada o Florida.

Curiosamente, la figura que hoy el kirchnerismo vigila más de cerca a partir de que se desató el FIFA-Gate es justamente su principal precandidato a presidente. En Olivos, hay sospechas de que Scioli, con su estilo imperceptible, estaría moviendo algunos hilos para, en caso de ganar las elecciones, tomar distancia de los casos álgidos de corrupción que envuelven a CFK y su entorno. En el FIFA-Gate, operadores de inteligencia de la ex SIDE estarían detrás de los pasos del miembro de la Sala I de la Cámara Federal Jorge “Pati” Ballestero, que es a la vez representante de River en el Tribunal de Disciplina de la AFA y del fiscal federal Carlos Stornelli, miembro de la comisión directiva de Boca. Ballestero y Stornelli estarían asesorando a Scioli sobre el impacto local que podría tener el FIFA-Gate y en el cristinismo temen que también podrían estar trabajando, por ejemplo, para que Marcelo Tinelli -un amigo del gobernador- capitalice la crisis que se cierne sobre la AFA, prisionera de la trama de ilícitos que tejiera quien fuera su dueño por 30 años. El gobierno, mientras tanto, abrió el paraguas a través de Ricardo Echegaray, que confirmó que el organismo denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, como así también a las firmas Torneos y Competencias S.A. y a Full Play S.A. De este modo, la Casa Rosada se propondría mantener controlada a la dirigencia de la AFA, pudiendo dirigir las denuncias contra los que no respondan a las directivas oficiales.

El final del otro peronismo

El FIFA-Gate le puso entonces un nuevo trasfondo a la batalla por el poder y sería un factor más para que el cristinismo se convenza de que no tiene ninguna retirada segura. Su única chance de mantener la impunidad es conservar el poder, lo que incluye no sólo ganar las elecciones, sino un segundo paso más delicado: evitar que Scioli acumule poder propio y termine haciendo con la familia Kirchner lo que ésta hizo a partir del 2003 con el matrimonio Duhalde. Es decir, primero arrebatarle los resortes de poder en el Estado y luego desplazarlos del manejo de gobernadores, intendentes y legisladores. La caída estrepitosa de la candidatura presidencial de Sergio Massa, tan fulminante como suelen ser los cambios de corriente en el peronismo, está produciendo un fenómeno inédito. Hasta ahora, desde el 2003 en adelante, siempre hubo uno o varios sectores del peronismo anti K que se atribuyeron la representación de la ortodoxia partidaria, tratando al kirchnerismo de usurpador del sello del PJ. Esto intentaron sucesivamente Carlos Menem, Alberto Rodríguez Saá y Duhalde. Pero ahora, el derrumbe del Frente Renovador es tan categórico que la presidente se encuentra prácticamente al mando de un peronismo casi unificado. En la práctica, mientras a Massa se le deshace su bastión de la primera sección electoral bonaerense, la única figura de relieve que queda fuera del cosmos del PJ oficial es José Manuel de la Sota. Veterano en internas, el cordobés puede dar una sorpresa si su aliado Juan Schiaretti consigue ganar la gobernación de Córdoba el próximo 5 de julio. La facilidad con que los dirigentes massistas retornan al Frente para la Victoria tiene una explicación lógica: temen ser aplastados por el aparato del FpV, lo que para muchos implicaría perder la mayoría en sus consejos deliberantes e ir camino a que los remuevan y hasta procesen. Con una fría precisión, Aníbal Fernández lidera un equipo de operadores que les hace saber a los alcaldes rebeldes un claro mensaje: “ésta es la única oportunidad que te damos de volver por la puerta grande, después vas a estar en el horno”.

La probable extinción del massismo como fuerza política nacional y la clara imagen de que el PJ pasó a ser parte del patrimonio de los Kirchner es un factor que puede arrimarle votos a Macri, ante la evidencia de que el cristinismo, lejos de ceder terreno, se prepara para pasar a una etapa aún más autoritaria, como maniobra previa al retorno de CFK a la presidencia.

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