Por Carlos Tórtora.-

El Gobierno está realizando un control de daños que le permita determinar cuál es la magnitud del costo político que le está causando la sanción de la ley de reforma previsional a la figura de Mauricio Macri. Los operadores de la Casa Rosada trabajaron en los últimos días exitosamente para que no circularan en los medios mediciones sobre el descenso de la imagen positiva presidencial. Los números que manejaría por ejemplo la AFI serían de no menos de 6 puntos de caída. Como es sabido, lo que importa en estos casos no es tanto el número del descenso sino si se mantiene o aumenta en el tiempo. Mientras tanto, la comunicación oficial apuntó directamente a un objetivo: instalar que la violencia de los grupos activistas en las calles más algunos saqueos en el conurbano son parte de un plan golpista de alcances mayores. Pero en la selección del enemigo el oficialismo no cambió: le apunta directamente al kirchnerismo como la central desde la cual se digitarían los focos de violencia. O sea, una forma de mantener funcionando la misma estrategia vigente desde el 2015 pero con otros matices. Es decir, darle a la clase media a elegir entre Cambiemos o el retorno al pasado representado por CFK.

Lo importante es que no surjan nuevas alternativas para que Macri pueda asegurarse la reelección compitiendo contra ella, porque el cristinismo carece de figuras de relevo. Lo cierto es que el nuevo espectro de grupos violentos es sumamente heterogéneo y, si bien hay cristinistas, cada vez se destacan más sectores que se fueron independizando de los movimientos sociales importantes y del mismo kirchnerismo, para emprender un camino por su cuenta.

En este cuadro actual, la ex presidente optó por el silencio y no replicó las acusaciones de golpismo. Su mermado estado mayor (ahora con Carlos Zannini y Héctor Timerman entre rejas) está atento a lo solicitado por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que el lunes pasado pidieron la elevación a juicio oral y público de la causa en la que se denuncian irregularidades en la adjudicación de obra pública por parte de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, del empresario Lázaro Báez y otra decena de personas.

Los fiscales consideraron cerrada la investigación y presentaron un dictamen al juez federal Julián Ercolini, pidiendo que la causa pase a un tribunal oral para el juzgamiento de los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.

En caso de resolver rápidamente los planteos que pudiera realizar la defensa, CFK podría enfrentar su primer juicio oral parapetada detrás de sus fueros en el Senado. La “doctrina Pichetto”, apoyada por el PJ, el PRO y la UCR, sostiene que sólo procedería el desafuero en caso de una sentencia firme. Es decir que no alcanzaría con el juicio oral sino que habría que esperar la resolución de la apelación que seguramente presentará la defensa ante la Cámara de Casación.

Sin embargo, un primer juicio oral a la ex presidente exiliada en el Senado sería un hecho político importante y la dirigencia peronista estaría obligada a fijar su postura.

Entretanto, fuentes de inteligencia señalan que el próximo capítulo de violencia y de denuncias oficiales de golpismo estaría localizado en Neuquén, Río Negro y Chubut, con nuevas acciones de la RAM. En este caso, los mapuches buscarían maximizar su resonancia mediática ante la llegada del Papa a Chile el 15 y en particular su visita a Temuco el 17, donde oficiará una misa. Siempre las mismas fuentes no descartan que también los mismos grupos que atacaron a la policía frente al Congreso salgan a la calle en la Capital para aprovechar la atención de la prensa internacional.

Share