Por Guillermo Cherashny.-

Si bien Oscar Aguad, ministro de comunicaciones, dijo que quiere conversar con los bloques parlamentarios sobre la propuesta de homologación del concurso de acreedores del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, lo que no quiere hacer es presentarse en la comisión de comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside el cordobés Juan Brugge, un aliado de José Manuel de la Sota que no responde al gobernador Juan Schiaretti, actualmente muy cercano a Macri. Es que Sergio Massa quiere la concurrencia de Aguad a esa comisión para no dejarle al cristinismo el monopolio de la crítica a los Macri por la negociación espuria en fuero comercial, donde hizo punta el kirchnerismo, pero ahora ya se transformó en una cuestión nacional.

El Frente Renovador quiere convocar a los 32 acreedores -de los cuales el estado nacional es uno de ellos con el 32% de las acreencias- para que testifiquen por qué en el transcurso de 15 años nunca aceptaron la propuesta del grupo Macri por considerarla poco seria; y en julio de 2016 no sólo el estado aceptó esa propuesta irrisoria y abusiva sino los demás acreedores. Además, le quieren preguntar a Aguad si su ministerio sabía que el grupo Macri había presentado una demanda contra el estado por supuestas inversiones hechas en el Correo Argentino por 1800 millones de pesos, más 580 millones de pesos por concepto de intereses al 11% anual desde el concurso, más los que surjan si gana el juicio hasta el momento efectivo del pago.

En la propuesta a los acreedores ofreció pagar en 15 años el 7% anual, lo que está en abierta contradicción con lo que reclaman en juicio. El massismo quiere probar la mala fe procesal del grupo Macri y quizás que se armará una falsa mayoría de acreedores -en realidad fueron la totalidad.

Cabe señalar que hasta 2007 Franco Macri no hizo ninguna propuesta pero meses antes que su hijo Mauricio asumiera como jefe de gobierno de CABA fue desapoderado por sus hijos y Socma-Sideco cambió de dueños y desde entonces son los cuatro hijos de Franco Macri, incluidos el presidente, sus tres hijos y los dos hijos de su hermana Sandra, que falleció. En tanto, la constructora IECSA pasó a manos de los primos Calcaterra. A partir de ese cambio de manos, el grupo Macri ofreció el primer plan de pago para que se aprobara el concurso preventivo y planteó pagos en 30 cuotas anuales, lo que fue rechazado por la totalidad de los 32 acreedores; y en 2010, la jueza en lo comercial Marta Cirulli le rechazó el plan y hasta el 2016, la Cámara en lo Comercial no decretó la quiebra porque uno de los dueños -Mauricio Macri- era jefe de gobierno de CABA y potencial candidato presidencial.

Da la casualidad de que en julio de 2016, el estado, a través del ministro Aguad y su director de jurídicos, llamó a los deudores -es decir el presidente y su familia- y les pidió un plan de pago, cosa que hizo el grupo, que pidió 15 cuotas anuales más el 7% sobre los 296 millones de pesos originales por no pagar el canon. Y la sorpresa es que todos los acreedores aceptan esa propuesta abusiva, por la simple razón de que el Presidente de la Nación ahora es el jefe del clan familiar. Pero la fiscal de Cámara Gabriela Boquin se opuso y publicó su oposición en el sitio fiscales.gob.ar, que es de la procuración que dirige Alejandra Gils Carbó. De ahí que el gobierno vea una conspiración, así como la ex presidente piensa lo mismo de sus procesos ante la justicia.

Toda esta historia se transformo en un escándalo político, porque Cambiemos prometió transparencia en la campaña electoral y sobre el caso del correo hay oscuridad y casi seguro negociado, que puede dañar seriamente la credibilidad del gobierno en este año electoral.

Share