Por Carlos Tórtora.-

Cristina Kirchner está frustrada con su proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, porque en el Senado le faltan votos de legisladores de partidos provinciales. La reforma en cuestión es una respuesta al fallo de la Corte Suprema que declarara la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo en el 2006. De acuerdo al fallo, la presidencia del organismo la debería ejercer el presidente de la Corte Suprema. Para impedir esto, el kirchnerismo se apuró a darle tratamiento a un nuevo proyecto de ley que ahora se complica.

En este contexto, un ministro caracterizado por su cautela, Wado de Pedro, aventuró que sería conveniente que los jueces de la Corte sean electos por el voto popular, lo que implicaría obviamente que todos los magistrados sean votados.

La amenaza se pronuncia en un momento especial, cuando gran parte de los medios hablan de un gobierno paralelo del kirchnerismo. Una de las principales acusaciones, si no la principal, de CFK contra Alberto Fernández, es que éste no avanzaría en una reforma judicial que discipline a los jueces y, de paso, favorezca la extinción de las causas por corrupción. En su mediocre discurso del 1 de marzo ante la asamblea legislativa, el presidente quiso tranquilizar a la vicepresidenta y prometió una reforma judicial que incluiría entre otras cosas cambios en las funciones de la Corte. Cristina inauguró un nuevo método, el de legislar sin la Casa Rosada, como demostró con el proyecto de ley contra la evasión de capitales en el exterior, del cual el gabinete nacional se enteró por los medios.

De Pedro destapa

Ahora se habla de que podría haber en el Senado un nuevo proyecto de reforma judicial que recalentaría la situación política. Una operación de este tipo sobre la justicia apuntaría también a descolocar al albertismo, que se vería obligado a apoyar las nuevas iniciativas. El ministro de Justicia Martín Soria sigue alineado con el kirchnerismo duro. Y todo esto se relaciona con otros factores. El presidente encabezó una reunión con 19 gobernadores, en un gesto de unidad de la Casa Rosada y las provincias ante el diferendo por los fondos transferidos por el macrismo a la Ciudad de Buenos Aires, que está judicializado ante la Corte Suprema, tras lo cual los mandatarios anunciaron que también harán una presentación ante el máximo tribunal para «defender el federalismo». Si la Corte se pronunciara a favor de la Ciudad, se habría creado una situación ideal para que el kirchnerismo relance su guerra contra la justicia.

Share