Por Carlos Tórtora.-

El gobierno tomó la iniciativa y ejercitó su poder de disuasión hacia los gremios ejemplificándolo con una multa de 809 millones de pesos al sindicato de Camioneros y una auditoría sobre 100 sindicatos para detectar distorsiones en el cobro de la cuota sindical y en la cantidad de afiliados declarados. En las cercanías de Hugo Moyano se hizo una lectura política particular de la embestida. Macri habría decidido precipitar ahora el conflicto con el gremialismo en lugar de dilatar las cosas. Más adelante, el creciente malhumor por el ajuste debilitaría al gobierno. Así las cosas, el moyanismo se contuvo de reaccionar con el lanzamiento de un plan de lucha para no dejarse manejar los tiempos por el oficialismo.

Macri aspiraría a tomar envión con la cumbre del G 20 en diciembre próximo y por eso quiere dar la batalla con el sindicalismo lo más pronto posible. Esto sabiendo que los Moyano no pudieron forzar la designación de una nueva cúpula de la CGT con lo cual se estira la agonía de una conducción que en la práctica está agotada.

Paralelamente con la grieta entre el gobierno y el sindicalismo, en las últimas 48 horas se registraron los primeros episodios de reclamos de comida por parte de grupos piqueteros en el conurbano bonaerense y el Gran Rosario. No hay señales claras sobre la posibilidad de saqueos pero tampoco hay que excluir la misma.

En lo que hace a la seguridad ante desórdenes públicos, también el gobierno apuesta a no ceder la iniciativa. El 1 de agosto comenzaría una doble movilización: la de más 3000 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea que pasarían a desempeñarse sobre todo en la zona de frontera de Misiones y la de una cantidad algo inferior de gendarmes que pasarían a prestar servicios en el conurbano bonaerense dedicados a la lucha contra el delito y a la represión de eventuales estallidos. Una vez más la sombra del G 20 se proyecta también en esta temas. Macri intentaría asegurarse una capacidad disuasiva suficiente como para evitar episodios de envergadura que instalen la idea de que la cumbre mundial tendrá lugar en un país desestabilizado.

Una historia aparte será el pico de tensión que se dará con el Vaticano si el Senado le da media sanción al proyecto ya aprobado en Diputados el 8 de agosto próximo. La Iglesia tiene pendiente una definición -que sería crítica- acerca del acuerdo con el FMI.

Massa garantizaría el ajuste

A todo esto, los consultores del oficialismo esperan con optimismo que en las próximas encuestan se frene la caída de la imagen positiva del presidente y que éste empiece a ser revalorizado como “piloto de tormentas”. En realidad, la caída de Macri ya no sorprende demasiado a los equipos del oficialismo a quienes sí les preocupa el impacto que ciertos hechos pueden tener sobre la imagen de María Eugenia Vidal. Por ejemplo, su responsabilidad sobre los hechos de evasión y lavado a través de aportantes truchos a la última campaña electoral del oficialismo. La gobernadora, mientras tanto, ya está trabajando sobre el ajuste fiscal y el traspaso de EDESUR y EDENOR a la provincia.

La aprobación de este paquete por la Legislatura de Buenos Aires implicaría un nuevo acuerdo de gobernabilidad del PRO. Lo más probable es que haya un pacto con Sergio Massa, quien hace equilibrio pero se las ve complicadas para mantener su dualidad como candidato presidencial opositor a Macri y a la vez aliado de Vidal cada vez que ésta lo necesita.

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