La presidente Cristina Fernández de Kirchner (Dibujo: NOVA).

A sólo días de que se defina el ballotage, recrudecen las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el ámbito del Poder Judicial: la lucha se basa en mantener o desplazar a magistrados amigos del gobierno, designados directamente por Cristina Fernández de Kirchner.

El golpe más duro lo dio la Corte Suprema, cuando declaró inconstitucional la Ley de Subrogancias, una normativa impulsada por la mayoría kirchnerista del Congreso que le permitió a la Casa Rosada armar listados de jueces suplentes, para ocupar cargos vacantes. Sin pasar por ningún tipo de concurso, asumieron centenares de militantes de Justicia Legítima y La Cámpora.

El contragolpe fue la insólita aprobación de dos nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación en la Cámara de Diputados, en medio de gritos y acusaciones de fraude: el titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, no tenía potestad para tomarle juramento a los flamantes funcionarios, por falta de quórum en el recinto. Se trató del camporista Julián Álvarez (secretario de Justicia de la Nación) y Juan Ignacio Forlón (titular del banco Nación).

La iniciativa responde a que en los pasillos lindantes al bloque del PJ, ya se piensa que es posible un triunfo de Mauricio Macri (PRO) ante Daniel Scioli (FpV). Esto significaría, por un lado, la pérdida de miles de cargos políticos en puestos clave, a la vez que deja desprotegidos y sin fueros judiciales a centenares de funcionarios complicados con la Ley. Éste es el caso del vicepresidente Amado Boudou, entre otros.

La inminente renovación administrativa no le deja, de esta manera, opción a la presidente, que este viernes decidió enviar al Consejo de la Magistratura (donde tiene mayoría, y sus deseos son órdenes) un nuevo listado de jueces subrogantes y conjueces militantes. La operación salvavidas, está en marcha. (Agencia NOVA)

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