Por Guillermo Cherashny.-

Corría el año 2011 y diferentes lobistas políticos se acercaron a la Dirección Nacional del Registro Automotor, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para que se instale en forma obligatoria el grabado de autopartes de todos los vehículos que circulan por el país y esos lobistas les ofrecían a los funcionarios 2 dólares por auto que tuviera el grabado y, como desde entonces hasta hoy circulan 8 millones de automóviles, se puede ver el negocito de esta licencia obligatoria. El fin era muy bueno, ya que se intentaba evitar el robo de autos porque los ladrones no podían robar el vehículo porque supuestamente no podían borrar el grabado, pero se probó que con un buen raspado desaparecía inmediatamente, por lo cual la Dirección del Registro Automotor se negó a ese requerimiento a nivel nacional. Pero en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, con Mauricio Macri jefe de gobierno de CABA, se otorgó ese monopolio a la empresa Grababus con carácter obligatorio y cuyos dueños son Jorge Sorensen y sus hijos Pablo y Jorge y en diciembre de 2015, al asumir María Eugenia Vidal, a instancia de un ministro, se impuso su uso con carácter obligatorio la concesión a Grababus de la familia Sorensen. En el 2012, esta misma empresa logró que el gobernador José Manuel de la Sota concediera la licencia pero recién se instrumentó en 2016. Pero los robos continuaron porque los ladrones lo borraban fácilmente. Así fue que por un procedimiento judicial en Córdoba por evasión fiscal un juez ordenó la detención de los tres Sorensen, que lograron zafar pero el gobernador Schiaretti anuló la concesión por su inutilidad y les ahorró a los cordobeses $ 800 por año que, si se multiplican por los autos que circulan, se da una idea del monto que ganaba esa empresa, que tenía 150 empleados y que al cerrar los dejó en la calle.

El argumento que utiliza Grababus para justificar su existencia en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, donde los robos de automotores siguen y bajaron en algunos distritos como Tigre y San Fernando por la prevención y el alto número de cámaras de televisión, pero sin embargo capitalinos y bonaerenses pagan 800 pesitos por año por un servicio que no sirve para nada y aumenta el «costo argentino» como dice el presidente Macri que lo impuso en CABA y los traslado a la provincia de Buenos Aires para seguir agobiando a los ciudadanos con impuestos y tarifas impagables. Es de esperar que la provincia de Buenos Aires, que tantos ajustes viene haciendo, disponga la anulación de este servicio inútil para la ciudadanía.

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