Por Carlos Tórtora.-

La sesión de ayer de Diputados para darle media sanción a la reforma tributaria le devolvió cierta calma al oficialismo, después de que Mauricio Macri se plantara el lunes en que no dará un solo paso atrás para no correr el riesgo de terminar como Fernando De la Rúa, cuya huida en helicóptero se conmemora hoy. Mientras la mayor parte de la dirigencia política, algo desconcertada por la eclosión de protagonismo social, tenía ayer apagados los teléfonos, en algunos despachos oficiales se intentaba un provisorio control de daños. Algunos de los consultores más escuchados por el gobierno daban como el mes probablemente más peligroso a marzo, cuando se junten los aumentos de las tarifas de electricidad y gas, que llegarán en febrero con el incremento de la canasta escolar. Pero las circunstancias adelantaron los conflictos. La AFI estaría encuestando en estos momentos en Capital y primer cordón del conurbano para cuantificar la pérdida de apoyo en la clase media que está sufriendo el gobierno. Los cacerolazos de anteanoche en Capital cambiaron de foco con respecto a los de la era K. Ahora la mayor masa de gente salió de Caballito, Flores, Devoto, Núñez y Palermo y mucho menos de Barrio Norte y Recoleta. Pero en la zona norte del Gran Buenos Aires también se sintió la movilización. Sergio Massa fue uno de los políticos de reflejos más rápidos, haciendo una nueva pirueta al ordenarles a sus diputados que se opusieran frontalmente a la reforma previsional y se abrazaran con los seguidores de CFK. Aparentemente María Eugenia Vidal –que practica la realpolitik- no lo castigaría despidiendo a los funcionarios massistas que acaban de asumir en cargos claves de la legislatura platense. Aunque tibiamente, el grupo de los intendentes que mañana se hará cargo de la conducción del PJ bonaerense con Gustavo Menéndez a la cabeza, se pronunciaron contra la reforma previsional y harían lo posible para marcar algunas diferencias con el Gobierno.

En una extraña casualidad, el juez federal Claudio Bonadío anteayer dictó el procesamiento de dos ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, por irregularidades en el manejo de fondos destinados a los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre 2013 y 2015. Fuentes judiciales afirman que esta causa se derramará sobre alrededor de cien intendentes bonaerenses -en su mayor parte kirchneristas- que fueron los que recibieron los fondos del tesoro nacional. Para Juan Manuel Abal Medina, ahora funcionario del gobierno nacional, sólo hubo, en cambio, una benévola falta de mérito.

En su coacción a los gobernadores para que apoyaran la reforma previsional, Macri se llevó puestas a dos figuras que tienen aspiraciones nacionales. Juan Manuel Urtubey volvió a plegase a la ola amarilla y el sanjuanino Sergio Uñac habría estado a punto de darle la espalda al Gobierno pero no se atrevió. La grieta también está creciendo en la CGT, donde la UTA se plegó al macrismo mientras Pablo Moyano con los camioneros tensa la cuerda.

Miguel Ángel Pichetto, por su parte, eligió pasar con perfil bajo la crisis de la reforma previsional, que ya el Senado había sancionado.

Los números hablan por sí solos de las necesidades del gobierno. Cambiemos sigue necesitando un alto porcentaje de votos peronistas en Diputados y acuerdos por supuesto en el Senado, pero también necesita mantener de su lado a una parte del peronismo, sobre todo bonaerense, para garantizarle a Macri su reelección en el 2019. A partir de este martes de violencia y del malestar de la clase pasiva, el costo de que los dirigentes peronistas se fotografíen con el cartel del PRO sería cada vez más alto. En su conferencia de prensa de ayer, Macri jugó a demostrar que su autoridad no estaba mellada y que hay una conspiración que motoriza la violencia, o sea, el golpe de estado fantasma que denuncia Carrió.

La realidad es que una baja de varios puntos en la imagen positiva del presidente pondría en duda la viabilidad de la reelección, porque casi no hay economistas no oficialistas que vean una reactivación de la economía en los próximos tiempos y dentro de un año ya se vivirá un clima de campaña presidencial.

Aparte, de mantenerse la tensión social, que incluso podría aumentar hacia marzo, Macri sufriría un daño extra a su imagen. Estaría presidiendo el G 20 con un país permanentemente sacudido por estallidos de violencia urbana y marchas opositoras que el oficialismo no puede contrarrestar porque carece de capacidad de movilización.

Ella quiere volver

A todo esto, en el entorno de CFK festejan la creciente resistencia popular al ajuste como si fuera obra de ellos. Algunos motivos tienen para estar contentos. Con este nivel de convulsión, es probable que la justicia federal interprete que hemos entrado en una fase de alta inestabilidad política y que lo más prudente es llevar con cautela los procesos por corrupción contra el kirchnerismo. Se estaría preparando para más tardar febrero el anuncio de que CFK aspira a volver al sillón de Rivadavia. De concretarse esto, es difícil decir hasta qué punto le será útil también a Macri, que sigue intentando mantener viva la dialéctica de que, si cae Cambiemos, es inevitable el retorno del kirchnerismo. La realidad es que Cristina también creería que en marzo la tensión social tendrá un pico alto y que el peronismo seguirá sin presidenciables de alto conocimiento público, excepto ella, naturalmente. La realidad es que, en términos mediáticos, ya no hay tiempo para generar nuevos candidatos presidenciales con un alto conocimiento público, lo que facilita notablemente que se vaya formando un embudo que terminaría en Macri vs. Cristina.

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