Por Carlos Tórtora.-

Durante todo lo que duró la campaña electoral, el kirchnerismo se negó obstinadamente a la idea de negociar una transición con la oposición para el caso de que ésta ganara las elecciones. Los resultados están a la vista: la transición es entonces postelectoral y no pasa por consensuar políticas sino por un proceso de desalojo del poder de los enclaves cristinistas que le pueden dificultar -y mucho- la gobernabilidad a Mauricio Macri. En este gran operativo de desalojo, el gobierno consiguió algunas victorias a costo cero, como las renuncias del presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; del titular de la UIF, José Sbatella, y del director de la AFIP, Ricardo Echegaray. Logró con el alto costo de una batalla mediática intervenir la AFSCA para expulsar a Martín Sabbatella. Por último, se encuentra con un hueso duro de roer como es la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Para esmerilarla, Macri decidió traspasar la competencia de las escuchas judiciales -que tiempo atrás migraron de la ex SIDE a la Procuración- a la Corte Suprema de Justicia. Justamente en esta última, el Presidente optó por tomar la iniciativa y designar como nuevos ministros de la Corte Suprema a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Así, el PRO adoptó una decisión estratégica, la de afianzar un eje con el supremo tribunal para hacer frente a su debilidad en las dos cámaras del Congreso Nacional.

De este modo, la limpieza de los enclaves institucionales que dejó el kirchnerismo marcha adelante con sus más y sus menos.

Esta tarea es esencial para que el nuevo gobierno tome efectivamente el poder, pero la clave política de su relación con el kirchnerismo tiene otro componente totalmente distinto. La causa Hotesur, hoy por hoy la única que pone en serio riesgo procesal a Cristina Kirchner, se reactivó a partir de la intervención del fiscal Carlos Stornelli. Éste “requirió” a una pericia caligráfica a los libros societarios de Hotesur, para “determinar la data” de las “inscripciones manuscritas que estos contuvieran” para saber si “corresponden o no a un mismo puño escritor”.

También pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) le remita todos los antecedentes registrales de la sociedad Hotesur. Estos dos últimos pedidos de Stornelli se basan en una denuncia difundida en Clarín en noviembre pasado: a pedido del abogado que representa a los Kirchner en la causa Hotesur, Alberto Beraldi, el juez Rafecas le entregó al letrado los libros societarios de Hotesur. Son pruebas fundamentales para conocer la realidad contable de la empresa. Según fuentes de la causa, esos documentos fueron devueltos tras ser manipulados.

El abogado y el juez rechazaron que eso haya ocurrido. “Clarín -refiere Wiñasky- tiene en su poder, sin embargo, actas judiciales del expediente, fechadas en días distintos, donde se contradicen cuándo y cómo se entregaron al abogado K los libros societarios de Hotesur”.

El dilema que enfrenta la justicia federal -a la cual inevitablemente le adjudicarán tener fuerte influencia de la Casa Rosada- es bastante complejo. Un eventual procesamiento de la ex presidente y su hijo Máximo sería un golpe gravísimo para el kirchnerismo y satisfaría los reclamos de los sectores más anti-kirchneristas de la sociedad, empezando por los seguidores de Elisa Carrió. Pero los que llevan los números de la opinión pública en el PRO también evalúan que el kirchnerismo obtuvo en definitiva casi el 50% de los votos y que la ex presidente continúa digitando una estructura de poder más que interesante. En estos términos: ¿procesarla a ella no podría generar un escenario de confrontación política que complique a Macri justo en la instancia decisiva de tener que aplicar las principales medidas de ajuste? Ahora bien, si ella no es procesada, hay que descontar que se produciría otro resultado también peligroso. El anti-kirchnerismo podría empezar a hablar de la existencia de un pacto de impunidad, sobre todo si avanzan -como todo parece indicar- otras causas contra Amado Boudou, Ricardo Jaime y otros que ya no cuentan con la protección de CFK.

El giro que tome la causa Hotesur puede marcar entonces todo el panorama político del 2016.

El misterioso PJ

Según una versión conocida en las ultimas horas, voceros informales del Papa Francisco le habrían hecho llegar a la Casa Rosada la opinión reservada de aquél: que el juzgamiento de Cristina ahondaría el clima de enfrentamiento que continúa vigente en el país.

Mientras tanto, el peronismo en sí es un enigma. El próximo martes, en la legislatura bonaerense se tratará la ley de presupuesto. Hay algunas tensiones en el Frente para la Victoria, ya que a los intendentes les empieza a urgir el tratamiento del proyecto. Los jefes comunales quieren tener en claro cuáles son los fondos que necesitan y, fundamentalmente, la fecha en que los recibirán. Piden recibirlos cuanto antes y presionan a los legisladores para que den el «OK» en ambas cámaras.

Para tener más inquietudes que transmitirle a la gestión provincial, este lunes, representantes del bloque del Frente para la Victoria en Diputados recibieron a integrantes de ATE y docentes enrolados en SUTEBA.

El bloque estuvo representado por un diputado de cada sector que conforma la bancada. Por La Cámpora estuvo Miguel Funes, mientras que el Movimiento Evita envió a Gustavo Di Marzio y el sector que nuclea a peronistas, intendentes y «díscolos» fue representado por la marplatense Alejandra Martínez y Karina Nazabal.

«El presupuesto no cuenta con la designación de los cargos que ya estaban comprometidos desde el Ejecutivo provincial para los trabajadores que se encuentran de forma precarizada en becas, contratos y monotributos», dijo Griselda Cavaliere, secretaria de Acción Política de ATE.

En tanto que la preocupación del sector docente representado en SUTEBA es que el total destinado a la Dirección General de Cultura y Educación (97.242.603.700 de pesos) «un 98 por ciento corresponde a masa salarial».

«No vemos reflejado en el presupuesto la ley de Boleto Educativo, la ley de Economía Social, la creación de la oficina provincial contra la Trata de Personas, la ley de Educación Sexual y Reproductiva en colegios secundarios», dijo por su parte la diputada Karina Nazabal.

Se supone que Sergio Massa será el aliado que le permitiría a María Eugenia Vidal sacar adelante el tema. Pero Massa no es un aliado seguro sino más bien oscilante. Si Cristina y su primogénito terminaran en el banquillo por Hotesur, ¿cuáles serían las reacciones en el peronismo? Unos cuantos gobernadores e intendentes podrían pensar que los siguientes en la lista son ellos y que entonces hay que complicarle la gestión a Macri para sentarse luego a negociar. Hasta el momento -lo que es bastante sorprendente-, ninguna figura importante del peronismo pidió públicamente un mani pulite contra la gestión K. ¿Significa esto que los veteranos dirigentes del PJ están dispuestos a reivindicar a su ex jefa -¿o todavía jefa?- si les conviene debilitar a Macri? El caso es que los movimientos subterráneos en la interna del PJ son difíciles de descifrar pero un hecho sí es irrebatible: no hay, por lo menos hasta ahora, una condena de la era K. Esto solo es de por sí una amenaza latente para el nuevo gobierno.

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