Por Carlos Tórtora.-

Investigan al gobernador por la supuesta compra de campos.

Ayer un integrante de la mesa chica de Daniel Scioli deslizó en una reunión: “el 21 de junio, una vez que esté oficializada su precandidatura a presidente, Daniel empezará a diferenciarse del gobierno nacional en una serie de temas”. ¿El motivo? El gobernador entendería que, si deja avanzar en la opinión pública la imagen de que, en caso de ganar, será un presidente títere de La Cámpora con un gabinete elegido por CFK, correría el riesgo de perder el apoyo de un cierto porcentaje del electorado, que no admitiría votar a un candidato que acepta que no ejercerá el poder. Como dos trenes que marchan en sentido contrario por la misma vía, la presidente impartió órdenes para que se acentúe la campaña mediática instalando que Scioli, si es presidente, será algo así como su delegado y que la jefatura política continuará como hasta ahora. Ayer Diana Conti fue la vocera oficial de este planteo.

En el trasfondo de esta pirotecnia, se empiezan a mover piezas importantes y Scioli estaría lejos de cruzarse de brazos. En las últimas semanas afinó su sintonía con los dos centros de poder claves de la Justicia, la Corte Suprema y Comodoro Py. Esto es, en forma directa y a través de operadores como el camarista federal Jorge Ballestero y el fiscal Carlos Stornelli, se habría reunido con Ricardo Lorenzetti por un lado y con una serie de jueces federales por el otro. En esta nómina están Claudio Bonadío, Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y Luis Rodríguez.

Concretamente, Scioli instaría a los magistrados a que, hasta las elecciones del 25 de octubre o el ballotage de noviembre -si lo hay- no activen las causas por corrupción que pueden golpear más al kirchnerismo. Lo significativo de esto es que los magistrados estarían ahora más interesados en empezar a conversar con el presidenciable con mayores chances que con los operadores de Cristina. Este esbozo de una incipiente alianza entre Scioli y el Poder Judicial es percibida en el cristinismo como una grave amenaza potencial. Si llega a presidente, aquél no controlará el Congreso de la Nación, donde las dos bancadas del PJ seguirían respondiendo a CFK, así que podría intentar compensar esta debilidad a través de su acercamiento a la justicia.

No por nada ayer el kirchnerismo avanzó en su embestida contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, al conformar una subcomisión que tomará declaración a los citados para conocer la aptitud psicofísica del juez.

La subcomisión, que actuará en el marco de la Comisión de Juicio Político, quedó conformada por cuatro diputados del oficialismo, ya que la oposición se negó a integrarla con los dos miembros que le correspondían. El cuerpo será presidido por la propia presidenta de Juicio Político, la camporista Fernández Sagasti, y la integrarán además los diputados Diana Conti, Luis Cigogna y Marcos Cleri.

Si finalmente Fayt renunciara, el cristinismo contaría con dos vacantes en la Corte y apuntaría a un acuerdo con la UCR para designar a León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra. Esta operación se orientaría a terminar con la hegemonía de Lorenzetti en el tribunal y de ese modo también cortarle las alas a Scioli.

El temor esencial del cristinismo es que el hasta ahora incondicional gobernador, si se coloca la banda y toma el bastón, empiece a acordar con la justicia federal qué causas por corrupción se activarán a partir del 10 de diciembre. En otras palabras, quiénes serán los funcionarios y ex funcionarios K que irían al banquillo para que se demuestre que no existe un pacto de impunidad. La ola anticorrupción que atraviesa actualmente Brasil en altísimos niveles políticos y empresarios sería un dato que no le pasa desapercibido a Scioli. No menos importante en este sentido sería el avance del FIFA-Gate y sus proyecciones sobre la política local. Por ejemplo, si Aníbal Fernández terminara siendo candidato a gobernador de Buenos Aires por el FpV, Scioli y el gobierno correrían el riesgo de que en medio de la campaña electoral el jefe de gabinete sea citado por la justicia -local o de EEUU- en relación a los fondos gastados por el Estado nacional en el Fútbol para Todos y su conexión con el Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino, José Luis Meiszner.

Extrañas compras

Esta situación de tensión creciente se da en un clima de aparente calma que preanuncia una importante tormenta. A todo esto, el aparato de inteligencia oficial habría recibido instrucciones para detectar puntos débiles del gobernador bonaerense con una finalidad obvia: condicionarlo al máximo. En esta línea la lupa ahora estaría puesta en la reciente compra de dos grandes campos en Balcarce. Se trataría de las estancias La Estrella y La Morocha, de 2000 y 8000 hectáreas respectivamente y que tiempo atrás pertenecieron al Grupo Garovaglio & Zorraquín. Ciertas pesquisas apuntarían a que dichos campos, a un valor de U$S 12.000 la hectárea, habrían sido comprados por personas muy allegadas al gobernador. Habitantes de campos vecinos habrían notado en las últimas semanas que, con cierta frecuencia, un helicóptero de la gobernación platense aterrizaba en La Morocha y la Estrella permaneciendo allí varias horas. Las averiguaciones realizadas hasta ahora sólo consiguieron una extraña explicación, que habría dado uno de los encargados de los campos: que Karina Rabolini estaba organizando algunos eventos en estas estancias, lo que explicaba las idas y vueltas del helicóptero oficial. Nada se sabe en qué podrían consistir estos eventos en medio de plantaciones paperas.

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