Por Guillermo Cherashny.-

Siempre se supo la relación entre la justicia federal y el poder de turno y se sabe que durante el menemismo se utilizaban los sobres para que no investigaran a sus funcionarios y durante la era K los amenazaban con echarlos o secuestraban a un pariente cercano y en algunos casos, como el de Nisman, existe la posibilidad de que lo asesinaran.

En nuestro país, la sofisticación de los servicios de inteligencia para meterse en la vida privada de los jueces y fiscales federales parecería que habría llegado más lejos. Fuentes de inteligencia señalan que Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, y la diputada Carrió, que ahora defiende su honestidad, «caminarían» a los federales para saber cómo es su vida privada, es decir, estarían investigando los amoríos fuera de los matrimonios con el fin de defender a los funcionarios del gobierno y para apurar procesamientos en otras causas, pero con un limite infranqueable cual es no dictar la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner, porque la necesitan libre y candidata o bien que participe en la campaña electoral para dividir al peronismo. Operación de inteligencia muy útil para disciplinar a los jueces federales, ya que si entera la esposa o esposo se puede producir un divorcio que podría incluir en la división de bienes -lo blanco, y lo más importante, el negro.

Ayer Marcelo Bonelli en el diario «Clarín» escribió que el presidente estaría convencido de que la procuradora Gils Carbó lo quiere incriminar en causas penales mediante un grupo de fiscales adictos y, como los demás fiscales opositores a Gils Carbó abren investigaciones porque la sociedad exige que se investigue la supuesta corrupción en tiempo real, así lo están haciendo.

En el último viaje de Elisa Carrió a Paraguay, investigó la conexión de Lucas Gancerain, el líder de la «escuela nicoleña del latrocinio», con la empresa marítima Maruba, con sede en San Nicolás, y con Anibal Fernández y el narcotráfico que hasta ahora no se pudo probar porque no se puede o por la morosidad de los jueces. De ahí que un sector del poder «vería» con buenos ojos que los federales satisfagan sus intereses partidarios y para lograr ese objetivo se «caminaría» -que en la jerga de inteligencia significa seguir e investigar la cama de magistrados y magistradas. Esta situación dio origen a un cónclave de los jueces federales de todos los fueros presididos por Ariel Lijo para defender su independencia y su vida privada y quizás avanzar con un lava jato en la Argentina que políticos y empresarios quieren evitar.

Esta liga de jueces federales motivó la furia de la diputada Carrió, quien los acusa de proteger a Julio de Vido, cuando en realidad no es el único político protegido por la justicia, y en otros caos por los medios de comunicación que brindan un blindaje mediático.

Si bien es cierto que las escuchas telefónicas legales están en la Corte, la capacidad de escuchas ilegales siguen en poder de la AFI en el edificio de la calle 25 de Mayo y ayer también Claudio Savoia en Clarín escribió que la escuchan ilegalmente a Lilita Carrió y que ella lo denunció, por lo cual las actividades de la AFI de este gobierno parecen estar llenas de nubarrones.

Share