Por Carlos Tórtora.-

El proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros, impulsado por los gobernadores del PJ con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y en acuerdo con el presidente Alberto Fernández, ingresó al Senado y el oficialismo se prepara para meterlo en la agenda de la próxima semana pero las chances de convertirlo en ley son escasas. Es que en Diputados, con la media sanción del proyecto sobre Boleta Única, se consolidó la mayoría fruto de la unidad opositora y no parece fácil de romper. En cambio en el Senado la creación de una Corte numerosa podría obtener la media sanción.

El proyecto es, sin duda, uno de los ejes que sustentan la frágil tregua entre el presidente y la vicepresidenta. Para esta última, se trata de una de las últimas chances de meter mano en la Corte antes de que, a fin de año, las turbulencias de la proximidad electoral cierren todas las posibilidades de que se sancionen leyes como esta.

Para Cristina, la necesidad de contar con una Corte que le sea más favorable en las causas por corrupción es fundamental no sólo en lo personal sino en lo político. Con su actual situación judicial, ella parece destinada a volver al Senado Nacional con sus votos bonaerenses y asegurarse así los correspondientes fueros. Una aventura como candidata a presidenta podría, en cambio, dejarla a la intemperie en caso de perder. La aparición de Daniel Scioli como presidenciable a partir de su nominación como Ministro de Desarrollo Productivo está muy lejos de ser una solución para el kirchnerismo. En las filas de La Cámpora ya se advierte la resistencia a Scioli y las voces de alarma. Para la cúpula de la organización, el ex motonauta sería un caballo de Troya del establishment y Clarín, orientado a liquidar al kirchnerismo.

La resistencia

Aunque en forma silenciosa, los cuatro miembros de la Corte están moviendo los hilos para que se desate una resistencia generalizada al proyecto de 25 miembros. La línea argumental pasa por plantear que la Constitución Nacional, al establecer las funciones de la Corte, no prevé que la misma sea un organismo federal, lo que subordinaría su funcionamiento a las potestades de los gobiernos provinciales.

Un debate público que termine en la derrota legislativa de CFK significaría un serio deterioro para el kirchnerismo y también para Alberto Fernández si sale a defender el proyecto y éste no es sancionado.

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