Por Carlos Tórtora.-

El cristinismo sospecha que éste puede intentar despegarse.

Era obvio que el gobierno venía preparando el apartamiento del Juez Federal Claudio Bonadío de la causa Hotesur, siguiendo la lógica del desplazamiento anterior de Luis Cabral de la Sala I de Casación, que debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Los jueces de la Sala I Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadío, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad. Así, la causa sobre presuntas irregularidades en la empresa que maneja los hoteles de la familia Kirchner irá a sorteo hoy. Fuentes judiciales indicaron que hoy mismo Bonadío iba a recibir un detalle del contenido de las computadoras secuestradas durante los allanamientos. Ése fue un importante motivo para “apurar” la salida del magistrado de la causa. De acuerdo con los magistrados, “la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida”, por lo que decidieron aplicar el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que “cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley”. La resolución se basó en un recurso planteado por Carlos Beraldi -ex socio de León Arslanián-, el defensor de Romina Mercado, sobrina de la jefa de Estado, contra una convocatoria de contadores de la Corte Suprema de Justicia que realizó el magistrado hace unos meses. El magistrado los había convocado para que -debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso- lo orientaran desde el punto de vista técnico. Tras el asesoramiento, Bonadío ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez. Para Ballestero, ese pedido vulneró el derecho de la defensa. La decisión de la sala contra Bonadío ocurrió días después de que el juez ordenara un nuevo allanamiento en el marco de la causa. Esa vez fue en oficinas ligadas a la empresa ubicadas en la provincia de Santa Cruz. La tensión en la Casa Rosada por la posibilidad de que Bonadío citara a declarar a Máximo Kirchner era extrema.

Ayer a la noche se especulaba con que el Fiscal de Casación Germán Moldes podría apelar la decisión de la Sala I, pero la resolución de ésta cayó 48 horas antes del inicio de la feria judicial, que durará dos semanas, y es dudoso que la Sala I de Casación habilite la feria para tratar el tema.

El fallo de Freiler y Ballestero pareció ser la respuesta a la reunión que mantuvieron Ricardo Lorenzetti y demás integrantes de la Corte Suprema con los 27 presidentes de las cámaras federales de todo el país, ante la aplicación inconstitucional de la nueva ley de subrogancias a través de la mayoría automática K en el Consejo de la Magistratura. El gobierno sabe que, ni bien el expediente iniciado por Cabral contra su remoción llegue a la Corte, ésta declarará la inconstitucionalidad parcial de la ley de subrogancias y el desplazamiento de Bonadío fue una respuesta anticipada, que sería acompañada de nuevas aplicaciones arbitrarias de la ley de subrogancias en los próximos días.

Un corralito para el gobernador

Es obvio que, aparte de las razones específicas de la presidente para paralizar el caso Hotesur, hay que leer que el gobierno necesita hacer gestos cada vez más fuertes para compensar la inevitable pérdida de poder que se produce en los últimos meses de gestión. En el caso de Bonadío, la maniobra ya consumada parece tener un destinatario político especial: Daniel Scioli.

No es un secreto la excelente relación personal entre el juez y el gobernador bonaerense y, días atrás, Sergio Massa contó ante las cámaras que lo encontró a Bonadío en una estación de servicio y éste le dijo que iba a La Ñata a almorzar con Scioli.

Hace cuatro días, este último se sumó a las críticas oficiales contra el juez. El gobernador, advirtió que “llama poderosamente la atención” el operativo dispuesto por el juez federal Claudio Bonadío en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. A través de su amistad con su ex ministro de seguridad, el fiscal Carlos Stornelli, el gobernador habría influido para tratar de que Bonadío mantuviera cajoneada la causa Hotesur, hasta que se decidió a actuar en los últimos días.

En este contexto, objetivo central de la escalada permanente del gobierno contra los jueces y fiscales que no le son adictos, sería comprometer a Scioli con esta política de avasallamiento de otro poder. No hay duda de que el entorno de CFK sospecha que, si jura como presidente, aquél podría abandonar su actual postura permisiva con los manejos judiciales del cristinismo y, por lo tanto, trata de comprometerlo al máximo posible. En un extenso reportaje otorgado a un matutino el último fin de semana, el candidato presidencial K, con su habitual estilo ambiguo, fue sorteando todos los temas, pero perdió la calma cuando le preguntaron por las causas por corrupción y le contestó irritado al periodista: “¿Y qué quiere, que haga de juez?”

Los equipos que están diseñando la campaña presidencial del Frente para la Victoria, después de las PASO del 9 de agosto, tendrían previsto que Scioli apoye públicamente la aplicación plena de la reforma procesal penal y que defienda la ley de subrogancias y el actual funcionamiento de la mayoría automática oficialista en el Consejo de la Magistratura. Si el gobernador se solidariza cada vez más con la estrategia judicial del cristinismo, girar 180 grados después del 10 de diciembre no le sería fácil, aunque tampoco imposible. Hasta ahora, no hubo presión oficial que consiguiera que Scioli critique a la Corte Suprema y es difícil que a esta altura lo consigan.

Los tenues gestos de aquél insinuando que habría cambios importantes en la política económica ya irritan en Olivos. Pero cualquier señal que indique una intención del ex motonauta de despegarse la política judicial de Cristina sería lisa y llanamente inaceptable, porque alentaría un vendaval de investigaciones sobre corrupción. En Brasil, la tensión entre Dilma Rousseff y su antecesor y padre político, Lula, va en aumento a medida que avanzan ciertas investigaciones sobre la corrupción oficial.

Los fiscales del juez federal Sergio Moro, que manejan el proceso por corrupción en Petrobras, advirtieron que la detención de dos grandes empresarios brasileños, Marcelo Odebrecht, de la constructora homónima, y Otavio Azevedo de Andrade Gutiérrez, no pone en la línea de investigación al ex presidente Lula da Silva. Su figura “no está” involucrada en esta causa, afirmaron. Pero “aliados” del jefe histórico del Partido de los Trabajadores habían declarado, según informes de la prensa brasileña, que el dirigente creía, en cambio, “ser el objetivo próximo” del caso. Para la fiscalía, Petrobras “capitaneaba” el llamado “club de las constructoras” que digitaban las licitaciones a cambio del pago de suculentas coimas a gerentes y directores de Petrobras.

El caso es que el ex presidente se sentiría progresivamente acorralado. En una reunión ocurrida el miércoles pasado en el Instituto Lula, con religiosos de la Iglesia Católica, éste admitió que el porcentaje de aprobación de Dilma “está muy bajo” y advirtió que al permanecer en silencio “el suyo parece un gobierno de mudos”. Según Lula, una encuesta encomendada por el PT en el ABC paulista, cordón industrial de donde surgió el propio dirigente, “demostró que el rechazo al partido llega a 75 por ciento. Y Dilma sólo alcanza un 7 por ciento de personas que piensan que su gobierno es bueno”.

Para él, eso indica que es preciso “cambiar para poder recuperarse. Hay una máquina poderosa para hablar, ejecutar e inaugurar”. Máquina que, a su juicio, no es utilizada. Pero el líder histórico del PT fue más allá: “El gabinete (presidencial de Dilma) es una desgracia. Nadie entra para dar buenas noticias. Sólo va la gente fina, no el catador de papel que venía a mi escritorio cuando yo era gobierno”.

¿Será éste el espejo de la futura relación entre Cristina y Scioli? La recesión brasileña y el descontento social, que alcanza niveles récord, obligan a Dilma a mostrarse más severa con los casos de corrupción. Si Scioli es presidente, el escenario económico que le espera tampoco le daría margen para mostrarse solidario con CFK y su elenco de funcionarios denunciados.

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