Por Guillermo Cherashny.-

Después de las alarmantes noticias de que el fiscal de Casación Javier de Luca desistiera de la denuncia de Alberto Nisman contra CFK por encubrimiento en la causa AMIA, ratificada por los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes y la confirmación de Viviana Fein como fiscal de la investigación de la muerte de aquél por la jueza Fabiana Palmaghini, la Corte Suprema hizo sentir su voz. Anteayer cortó de cuajo la intención del gobierno de ampliar el número de los integrantes de la Corte y ocupar los cargos con los conjueces designados por la presidente. Por unanimidad, el tribunal declaró la nulidad de la lista de conjueces designados por el Poder Ejecutivo para integrarlo (Decreto 856/14), por no contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado, como exige la Constitución. Según informa el CIJ (Centro de Información Judicial), la Corte recordó que «el nombramiento de los jueces de la Nación de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido es uno de los pilares esenciales del sistema de división de poderes sobre el que se asienta la República». La decisión de la Corte se conoce en medio de los fuertes rumores que circularon en las últimas dos semanas sobre un plan del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, para una posible ampliación de los miembros del máximo tribunal. Así se abortó la intención del Ejecutivo de contar con una Corte adicta si no se aprueba el pliego de Roberto Carlés para suceder a Eugenio Zaffaroni o eventualmente a un reemplazante como podría ser León Arslanián.

En las trincheras

El otro gesto positivo que dio ayer el Poder Judicial fue la confirmación del juez Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur, con los votos de los camaristas de Casación Luis Cabral y Gustavo Hornos. Ellos, dejando así en minoría a la otra camarista Ana Figueroa, permitieron la continuidad del magistrado en la causa que compromete a la presidente y a su hijo Máximo. Lo cierto es que en tribunales no se espera que Bonadío por el momento lo llame a indagatoria. Más bien el primogénito presidencial podría pasar al rol de rehén para evitar que el cristinismo avance sobre el fuero federal y que la Procuradora Alejandra Gils Carbó consiga centralizar el control de constitucionalidad en los fiscales, lo que es un disparate jurídico e inconstitucional. Es probable que si este engendro se convierte en ley sea declarado inconstitucional.

Todo esto a la espera del nuevo presidente, ya sea este Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa. En el caso del gobernador de Buenos, éste se caracteriza por el máximo respeto a la Corte Suprema provincial, con la que mantiene una relación de cordialidad. De ahí que, si es presidente, Scioli no intentará ampliar el número de miembros del máximo tribunal y seguramente buscará consenso para cubrir la vacante que existe hoy, a la que hay que hay que sumarle la que dejaría próximamente el ministro Carlos Fayt, quien dijo que apenas la presidente deje su cargo él presenta su renuncia indeclinable. Y se sabe que Fayt es un hombre de palabra. Así las cosas, ahora hay un empate técnico con una ventaja del cristinismo por la ofensiva de Gils Carbó, lo que cambiará seguramente después del 10 de diciembre.

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