Por Carlos Tórtora.-

El discurso presidencial ante la asamblea legislativa es una trama ideada para satisfacer el frente interno. El presidente aludió a la ausencia de Máximo Kirchner con la sentencia “gobernar es responsabilidad”. La sensación que dejaron las numerosas ausencias kirchneristas es que las heridas no están cerradas pero que de ningún modo hay predisposición para una confrontación pública. Para Alberto la prioridad es la aprobación del acuerdo con el FMI en Diputados y cualquier tensión interna puede complicarla. La prudencia presidencial también se notó en la escasez de elogios al acuerdo y en el esfuerzo de colocar al mismo como un tema más de la agenda política. El lenguaje utilizado para referirse a las negociaciones con el Fondo es de una deliberada moderación y casi neutro. Predominó un tono de optimismo moderado y nada que pudiese encrespar los ánimos en el kirchnerismo. Buscando tal vez reforzar un discurso débil y carente de innovaciones, el presidente anunció la creación de una decena de organismos, en su mayoría consejos, para darle impulso a la seguridad, la política de hidrocarburos, la reforma judicial, etc.

Tormenta judicial

El capítulo dedicado a la justicia fue, junto con la deuda, el eje del discurso. Para empezar, el presidente anunció la creación del Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina, que funcionará como cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para las reformas del Poder Judicial. Después de la experiencia de la “comisión Beraldi”, empezará ahora una discusión acerca de quiénes integrarán el Consejo. Una frase quedó dando vueltas sin explicación: “repensar el alcance del recurso extraordinario”.

En materia de justicia federal, el presidente volvió a la carga con un proyecto que ya tiene dos años: “Con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”. Esta amenaza de liquidación del poder de Comodoro Py va pareja con el acecho a la Corte. A ésta, Alberto le imputó que existe una “complicidad judicial” con el poder económico. Pero el golpe bajo del presidente estuvo en que la “conformación y funcionamiento” del máximo tribunal deben “ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”. En otras palabras, ampliación de la Corte y revisión de sus atribuciones.

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