Por Jorge Raventos.-

Tras once meses de gestión de la presidencia de Mauricio Macri en el país se va configurando una plataforma de gobernabilidad compartida, tejida con acuerdos y conflictos explícitos y también con conflictos y acuerdos tácitos: leyes aprobadas de conjunto (ahora, nada menos que el presupuesto), negociaciones, tironeos, leyes aprobadas y vetadas, paros gremiales votados pero no ejecutados…

La base objetiva de esa plataforma reside en que Macri, más que al electorado propio de Cambiemos (que lo dejó en el segundo puesto en la primera vuelta de octubre de 2015), le debe la presidencia a los votos ajenos que hicieron gobernadora bonaerense a María Eugenia Vidal y volcaron el ballotage en su favor.

Durante la campaña electoral el bosquejo del consenso se observaba en las coincidencias que mostraban los tres candidatos principales. El desplazamiento del gobierno K ha creado nuevas condiciones. A los puntos que ya se evidenciaban se agrega ahora la cuestión central de las políticas dirigidas a solucionar la cuestión de la pobreza.

El gobierno ha dejado de mentar la consigna (incumplible) de la “pobreza cero”. Ahora se trata, más bien, de incorporar a los cálculos de la gestión eficiente aquello que a menudo los gestionadores dejan afuera, como fruto de lo que el Papa definió como política del descarte.

Ese punto es la intersección de un consenso, más allá de las diferencias entre los distintos actores: no hay futuro para el país con más de un tercio de su población condenado a la marginalidad.

Pese a haber “tardado mucho en reconocer esa realidad” -como confesó Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT unificada- la central obrera abrió la puerta a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y a otras organizaciones del sector informal y se propone como instrumento de expresión, contención e inclusión. “Hay una nueva composición de la clase trabajadora, con millones de compañeros que no trabajan en condiciones dignas. Nuestra tarea es tender un puente con ellos”, resumió Juan Carlos Schmid, otro miembro del triunvirato cegetista. Se calcula que unos cuatro a cinco millones de trabajadores forman parte de ese enorme contingente, el 40 por ciento de la fuerza de trabajo. Se describen como “excluidos de los sistemas de protección laboral” aunque -señalan- “nuestra fuerza de trabajo y generación de riqueza forma parte elemental de la economía real y las cadenas de valor”. Piensan en paritarias, no en subsidios.

Juan Grabois, vocero de la CTEP, fue nombrado por el Papa como consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, en Roma, y esta semana coordinó en la Santa Sede una reunión de movimientos sociales de todo el mundo. El señaló la importancia de la articulación con la CGT con palabras que evocan a Perón: “La CGT abrió sus puertas a las demandas de los que están más abajo, para que las podamos poner bien arriba en la agenda política”. No oculta su postura crítica frente al gobierno, pero ha declarado con igual claridad que su vínculo con los movimientos sociales no es “una política contra Macri”. En rigor, ha colaborado con el gobierno en la concreción de un censo de asentamientos.

El gobierno, que promovió finalmente el diálogo entre gremios y empresas que originalmente eludía, también se ha abierto a la colaboración con las organizaciones de trabajadores informales. A través de esas articulaciones, ha ido buscando y encontrando un nuevo equilibrio, diferente del que le pedían sectores de su electorado propio y hasta algunos de sus cuadros. Entendió que no hay sustentabilidad económica sin sustentabilidad social. Y que no hay gobernabilidad sin acuerdos.

El consenso que suscita la necesidad de afrontar el drama de la pobreza extendida no necesariamente se amplía, en cambio a las estrategias de desarrollo. No hay forma eficiente de sostener en la realidad un proyecto de justicia social sin encarar el desarrollo económico sustentable en las condiciones de la globalización. Argentina sufre los efectos de ser una de las economías más cerradas del mundo: su participación en el comercio internacional fue de apenas 0,3% el año pasado.

Las resistencias a la apertura tienen base en un consenso anacrónico, que se apoya en los sectores menos competitivos de la economía, en un modelo económico autárquico que se agotó y de cuyo agotamiento son consecuencia la marginalidad y la pobreza de los grandes conurbanos, sin oportunidades productivas y sociales sustentables.

El pronóstico que aseguraba que los países periféricos serían víctimas de la globalización, que ésta sólo beneficiaría a los países centrales no parece haber acertado. En Estados Unidos y Europa se quejan ácidamente porque con la globalización la ocupación y los salarios caen dentro de sus propias fronteras mientras crecen en los países emergentes que participan activamente de la economía mundial, de su comercio y su flujo de inversiones.

El consenso en marcha deberá ampliarse: una Argentina amurallada no puede combatir eficazmente la pobreza.

Tanto en el caso de la brecha social como en materia económica y política, hay que poner adentro lo que está afuera.

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