Por Carlos Tórtora.-

A esta altura del conflicto de la policía bonaerense no quedan dudas de que, cualquiera sea su final, el mismo ya tiene consecuencias políticas importantes. La crisis no sólo se llevó puesto el proyecto político de Sergio Berni, cuya permanencia en el cargo obedecería sólo a evitar la magnificación de la crisis. Después de Berni, el principal lesionado es Axel Kicillof, que viene gestionando concentrado con un grupo de íntimos y sin abrirle el juego al PJ bonaerense. Con la rebelión policial, los intendentes peronistas acaban de encontrar la llave para obligar al gobernador a sentarse a la mesa de negociaciones. No es casual que los primeros tres nombres que rodaron para suceder a Berni fueran dos intendentes -Alberto Descalzo y Juanchi Zabaleta de Hurlingham- y un ex Intendente, el actual ministro de justicia platense Julio Alak. La oportunidad que la crisis policial le abre al peronismo bonaerense para negociar con Kicillof, debilita sin lugar a dudas a éste y a Cristina Kirchner, que consiguió hacer de la gobernación un feudo propio. Desde que ganó la gobernación, Kicillof no se cansó de repetirle a la dirigencia peronista que los votos eran de Cristina y de él, excluyendo totalmente a los alcaldes del gabinete provincial. El eje CFK-Kicillof es el que balancea el poder presidencial. Justamente, el experimento del lanzamiento electoral de Berni fue acunado en el seno del cristinismo como una forma de captar el voto de centro derecha. Pero Berni no pudo o no supo controlar a tiempo la catarata de reclamos que la bonaerense venía acumulando.

El riesgo del caos

Otro punto relevante es que la protesta policial no tiene una conducción unificada y se manifiesta a través de una serie de liderazgos de niveles intermedios. Este estado de confusión debilita la rebelión pero a la vez hace más difíciles las negociaciones, como se vio claramente con lo ocurrido frente a la quinta presidencial de Olivos. A diferencia de la mayor parte de las policías provinciales, la bonaerense está fragmentada en una serie de feudos y también juegan su rol, en la agitación, unos cuantos mandos retirados. Las sospechas de que algunos dirigentes del PRO sabían lo que estaba por pasar y no alertaron, son para tener en cuenta.

Esto nos lleva a otro punto: una protesta masiva que moviliza a la casi totalidad de los 100000 efectivos policiales no pudo ser detectada con anticipación por ningún organismo de inteligencia. La realidad es que habría habido algunas voces de alerta pero Kicillof habría subestimado el tema. De cualquier modo, semejante falta de información deja muy mal parada a la interventora de la AFI, Cristina Camaño.

El hecho de que el gobierno nacional se pusiera a la cabeza de la negociación con la bonaerense marca claramente que el gobernador quedó superado y que la rebelión golpeó a la imagen presidencial, que viene en bajada en las últimas encuestas y desde ya hace un mes y medio. Alberto Fernández dio orden de que la Prefectura y la Policía Federal se hicieran cargo de la seguridad en Olivos, excluyéndose a la Gendarmería para no dar una imagen de militarización de la seguridad.

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