Por Carlos Tórtora.-

Tras la sanción de la ley antidespidos -su primera gran derrota electoral-, Mauricio Macri se dispone a vetar la misma aplicando el artículo 83 de la Constitución Nacional. Esto obligará a que la ley vetada vuelva a su Cámara de Origen -en este caso, el Senado- para discutirse de nuevo y, en caso de confirmarse por mayoría de dos tercios, pasará otra vez a la Cámara de Revisión con sus objeciones. De hecho, parece imposible que el Frente para la Victoria pueda insistir y conseguir los dos tercios, pero sí conseguirá que la discusión siga instalada y que el tema se mantenga en el centro de la agenda. Desde lo político, un punto central a analizar es si el veto favorecerá la política de atracción de capitales que promueve el gobierno como objetivo central. Hay media biblioteca para cada postura. Para algunos, el veto será una demostración de la firmeza política de Macri, que causará buena impresión en los mercados. Desde el punto de vista contrario, igualmente válido, el veto pondrá en evidencia ante el mundo la extrema dificultad que tiene la Casa Rosada para traccionar la voluntad del Congreso y esto hará que los organismos internacionales y los probables inversores (además de contemplar la situación de Brasil) opten por desensillar hasta que aclare. Esto es, esperar las elecciones legislativas del año próximo para decidirse o no por la Argentina. De predominar la segunda postura, el gobierno debería afrontar la etapa electoral en muy malas condiciones económicas.

Ahora bien, ¿Macri vetará toda la ley o lo hará parcialmente? En este último caso quedarían vigentes algunos de sus artículos que no perjudiquen al oficialismo. Pero el veto parcial sólo podría darse si la parte promulgada alcanza a tener autonomía normativa.

La justicia: un camino corto

La gran incógnita que se insinúa es si el inminente veto podría ser cuestionado ante la justicia por la oposición. En principio, la Constitución Nacional sólo prohíbe el veto para la convocatoria a una consulta popular (artículo 40) y lo considera válido para todas las demás materias.

Hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación sobre casos referidos a la validez de una promulgación parcial. Pero todo indica que la Corte se inclinaría por rechazar cualquier reclamo contra el veto de la ley antidespidos. Esta misma Corte tiene antecedentes al respecto. El 28 de abril del 2010, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda consideraron que la Corte no es instancia para la demanda presentada por la Asociación Civil Diálogo por el Ambiente y dijeron que el reclamo debía tramitarse por la justicia federal o en tribunales provinciales.

La ley para preservación de glaciares, que estableció el cuidado de esos recursos naturales y prohibió la exploración y explotación minera o petrolífera en esas zonas, fue vetada en noviembre de 2008 por un decreto presidencial.

La ONG demandó al Estado Nacional, y luego amplió la demanda contra San Juan, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, porque allí hay glaciares, pero la Corte sostuvo que las provincias no tienen en la causa carácter de parte.

Los ministros de la Corte sostuvieron que la Asociación «deberá interponer sus pretensiones ante las jurisdicciones que correspondan, según la persona que, en uno u otro caso, opte por demandar: ante la justicia federal, de serlo el Estado Nacional, o ante los tribunales locales, en caso de emplazarse a las provincias».

Claro está que en el caso de la ley antidespidos, la Corte no podría valerse de estos argumentos formales y debería invocar que se trata de una atribución política que la Constitución le confiere al Presidente. Si se llega a esto y la Corte respalda al Ejecutivo. sería un error leer que Lorenzetti, cabeza de una Corte de apenas tres miembros, tiene la voluntad política de apoyar al gobierno. Por el contrario, simplemente se vería obligado por razones jurídicas. porque sus relaciones con Macri continúan deteriorándose y más aún desde que Elisa Carrió, vocera de Olivos, aumentó sus críticas contra el jurista de Rafaela.

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