Por Guillermo Cherashny.-

La conversión de Alejandro Vandenbroele en imputado colaborador fue un éxito de la estrategia del juez federal Ariel Lijo cuando, aplicando la doctrina Irurzun, detuvo a Amado Boudou y Núñez Carmona por lavado de dinero y asociación ilícita, delitos que agregó a la causa existente de enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente. Justo en el día que trascendió desde la fiscalía de Manhattan, donde Raúl Burzaco, como testigo estrella antes imputado, declaró que pago 4.000.000 de dólares en coimas a Julio Grondona y los ejecutivos de Fútbol para Todos, Pablo Paladino, y a un abogado Delhon. La diferencia es que Burzaco pagó una multa millonaria y está en libertad. Pero la legislación argentina no permite esos beneficios y Vandenbroele sólo podrá recibirlos en esa causa de lavado y asociación ilícita pero no en la causa Ciccone, aunque ambas están interrelacionadas.

El Gobierno está muy interesado en que implique el Gildo Insfrán, el gobernador formoseño, que se opone a las reformas que propone el gobierno, como la impositiva, previsional y laboral y también a la reforma de la ley de la procuración general, a través del senador Mayans, quien cuestiona los acuerdos de Pichetto con el bloque senatorial de Cambiemos.

Otro implicado que quiere el presidente es el banquero Jorge Brito, al cual no le tiene ninguna simpatía, y así podría satisfacer el reclamo público de un empresario preso. Y en este caso, al banquero argentino más importante lo acusa de liderar el «círculo rojo» que impide gobernar a Cambiemos.

Esta situación se podría tornar incontrolable si los jueces federales deciden encarcelar empresarios y algunos de ellos puedan ser parientes o amigos de la Casa Rosada.

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