Por Carlos Tórtora.-

El resultado de las elecciones en Buenos Aires mostró una realidad inapelable: del medio millón de votos que recuperó el Frente de Todos, la casi totalidad fueron del conurbano, o sea, por el empuje de los intendentes. Este hecho está cambiando la ecuación de fuerzas en el peronismo. Los intendentes estaban en cierto modo subordinados a las directivas de La Cámpora y ésta fijaba las estrategias, lo que ahora empieza a cambiar. En la última reunión de un grupo de alcaldes con Axel Kicillof y en presencia del jefe de gabinete Martín Insaurralde, se replanteó un tema espinoso. Hay 52 intendentes que no podrán ser reelectos, porque la ley 14.836 se los impide. Sancionada en el 2016, esta norma prohíbe la reelección después de un segundo período. Hasta ahora, los perjudicados soportaban el problema; pero ahora, sabiéndose más fuertes, quieren que el gobierno derogue la ley en cuestión con otra ley, aprovechando que Kicillof tendrá ahora mayoría en el Senado.

A la justicia

Está en juego la perpetuación de la “casta” política bonaerense que de otro modo hubiera tenido que recurrir a parientes, socios y aliados para cubrir sus lugares. Sabido es que este tipo de suplencias suelen no salir del todo bien y que los testaferros desobedecen en muchos casos a sus mandantes.

La demanda de los barones coloca a la Casa Rosada y a Kicillof en una situación muy incómoda. La campaña de relanzamiento de su gobierno que está preparando este último se basa en mostrar una gestión ordenada y eficiente, sin denuncias de corrupción y esto es incompatible con la eternización en el poder de los caudillos locales. Para colmo, la exigencia es urgente, ya que la derogación de la ley en cuestión debería darse en el primer semestre del año entrante. Después, el comienzo de la batalla electoral del 2023 dificultaría la solución.

Así como están las cosas, la solución puede pasar por hacerle pagar el costo a la justicia. El caso es que esta ley, al legislar para un período de gobierno que ya había comenzado, el del 2015, es vulnerable de ser atacada por inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad que prospere podría determinar que la norma sea inaplicable. Naturalmente, Juntos por el Cambio haría de este tema una bandera para el 2023.

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