Por Carlos Tórtora.-

Ayer, al menos 200 trabajadores despedidos de la municipalidad de La Plata que protestaron contra la decisión del intendente macrista Julio Garro de cesantear a 4.500 empleados fueron dispersados violentamente por la policía bonaerense en medio de una marcha frente a la sede comunal. Una suma provisoria señala que ya hubo 3000 despedidos en Merlo, 1000 en Quilmes, 2000 en Tres de Febrero. El total hasta ahora en el conurbano alcanzaría los 20.000 y, como es lógico, aumentaría rápidamente en los próximos días. Los nuevos intendentes argumentan que los despidos masivos corresponden a ñoquis y empleados sin funciones concretas. Los manifestantes sostienen lo contrario: que se realizó un purga sin racionalidad y que el número de ñoquis es mínimo. Entre los echados hay de planta permanente y transitoria y se descuenta que el problema se judicializará, convirtiéndose tal vez en un pasivo multimillonario para el Estado en los próximos años.

Lo cierto es que la imperiosa necesidad del gobierno macrista de bajar el gasto público enfocó, también a nivel provincial y nacional, contra la superpoblación de empleados públicos generada por el kirchnerismo para reforzar su principal herramienta: el clientelismo político.

Así las cosas, hay indicios suficientes como para suponer que, así como a fines de los ‘90, la recesión y el cierre de plantas fueron la partida de nacimiento de los movimientos piqueteros en Neuquén y Jujuy, para extenderse luego a todo el país, los despedidos de Macri son la tropa que están esperando el kirchnerismo y la izquierda para retomar las calles. Los despedidos (ver reportaje aparte) ya empiezan a definirse como un movimiento social de clase media con un futuro nacional si el gobierno no da marcha atrás con esta racionalización, lo que es prácticamente imposible.

Los nuevos protagonistas

Por la magnitud del número de despedidos que puede estar en juego, que es considerable, este flamante movimiento social se convertiría en el nuevo piqueterismo, con varias diferencias que son obvias. Para empezar, se trata de empleados públicos, por lo cual sus piquetes y cortes pueden paralizar la circulación en sectores neurálgicos de las ciudades. En segundo lugar, como pasó con los piqueteros, se insinúa una fractura entre sus dirigentes y los sindicatos, por ejemplo municipales, a los cuales acusan de haber aceptado la purga a cambio de cargos en la nueva administración. Culturalmente, están más cerca de los docentes y muchos prefieren declararse peronistas y no kirchneristas.

Se trata, en definitiva, de un capital político potencialmente excepcional, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde la administración pública tiene un peso enorme. Los despedidos están realizando por estas horas sus primeras reuniones de coordinación interzonal. Se sabe que hay discusiones internas y que muchos de sus dirigentes opinan que no hay que acercarse a La Cámpora ni al kirchnerismo orgánico para no parecer movimientos satélites. De cualquier modo, los políticos rondan alrededor de esta oportunidad histórica de ganar las calles con una causa que reúne muchas simpatías. Uno de los que planea avanzar con este tema es el ex Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien se imaginaría como el representante político de los despedidos, como la visión más cruda del ajuste macrista.

En política no hay acción que no produzca una inmediata reacción. Los despidos masivos en el sector público, aplaudidos por los que votaron a Macri, están creando posiblemente una nueva clase de movimiento social, en tanto que los viejos movimientos sociales, como el Movimiento Evita, negocian la paz social a cambio de que se mantengan los planes sociales. Su lugar puede ser ocupado en parte por los despedidos, que tienen poco y nada para negociar. Su chance es presionar y negociar desde posiciones de fuerza. Casi un calco de algo que comenzó durante la segunda presidencia de Carlos Menem hace casi 20 años.

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