Por Carlos Tórtora.-

La confrontación legislativa por la aprobación del proyecto de ley de presupuesto y la impresionante trama de complicidades institucionales detrás de la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci hacen que Buenos Aires sea el centro del escenario de la nueva crisis. Pero sólo se trata de la parte más espectacular de un mapa que el macrismo va conociendo de a poco y a medida que surgen a la luz las verdaderas dimensiones delictivas de los doce años de reinado del kirchnerismo. Un gesto meritorio del Presidente sirve de ejemplo: anunció que el Gobierno se propone dejar sin efecto el meganegociado de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Un faraónico proyecto con una inversión de 6000 millones de dólares cuya adjudicación fue digitada a medida de Electroingeniería, la empresa de un amigo íntimo de Carlos Zannini, Gerardo Ferreyra.

En forma dispersa pero abundante, en todas las áreas del Estado nacional y en muchas provincias, empezando por Buenos Aires, van surgiendo las pruebas de un verdadero saqueo organizado del erario público a través de contrataciones directas muy por encima de los precios de plaza, obras que se pagaron pero que no se hicieron y designaciones masivas de ñoquis que a nivel nacional llegaron en el último año a 300.000, es decir unos 1000 empleados públicos más por día.

Este plan de corrupción inédito -aun comparándolo con los gobiernos militares- dio como resultado la construcción de un Estado mafioso paralelo dentro del mismo Estado. Un fenómeno que se extendió a los grandes organismos descentralizados como el Banco Central, la AFIP, la UIF y otros.

Este sistema de corrupción económica generalizada se completó con el control de buena parte de las estructuras de seguridad e inteligencia por parte de grupos ligados en algunos casos a aquella y en otros directamente al narcotráfico. Por ejemplo, el ex jefe de Estado mayor del Ejército, General César Milani, debe responder judicialmente por haber montado una gigantesca estructura de inteligencia interior -prohibida por varias leyes- por órdenes directas de la ex presidente. En Santa Fe, para tocar un tema muy distinto, buena parte de la cúpula policial terminó estrechamente ligada al narcotráfico local pero con conexiones internacionales. Luego de la estatización de la AFA pactada entre Julio Grondona y el matrimonio Kirchner, más de 6000 millones de fondos públicos se evaporaron en el marco del Fútbol para Todos, mientras la Procuradora de los EEUU, Loreta Young, destapaba el FIFAGATE, cuya figura central, detrás de Joseph Blatter, no era otro que el propio Grondona.

La lucha por el control político del fabuloso negocio montado por Grondona y Kirchner está en plena ebullición.

La corrupción crónica en la policía de Buenos Aires también figura en esta lista que puede llegar a ser interminable.

La particularidad del fenómeno bonaerense es que, al crearse las policías comunales, muchos intendentes asumieron que su poder para controlar los negocios clandestinos aumentaba notoriamente. Así fue que el crecimiento del poder de los alcaldes corrió paralelo al aumento exponencial del narcotráfico, del cual el triple crimen de General Rodríguez fue su símbolo más alto.

Con el reloj en contra

Así es que el Gobierno del PRO es tal vez el primero cuyo problema prioritario no es lidiar, por ejemplo, con la extinción de las reservas del Banco Central u otras manifestaciones de la crisis económicas. Mientras enfrenta la gravedad de la situación económica y social, Macri debe dar una batalla tal vez más complicada para tratar de retomar el control de un Estado feudalizado en manos de grupos mafiosos que en su casi totalidad tributaban -y lo siguen haciendo- a Cristina Kirchner.

Se da entonces el caso de un Gobierno que, pese a su clara legitimidad, no controla por ahora la totalidad de los resortes del poder estatal. Paradójicamente a su famosa prédica de lucha contra las corporaciones, el cristinismo construyó una red de corporaciones estatales y paraestatales que se autofinancian a través de la corrupción y que sólo pueden continuar funcionando en el marco de un Estado en el cual la justicia casi no actúa y los organismos de control están materialmente paralizados.

De este modo, la verdadera oposición, la única que realmente hoy tiene poder real, no pasa por el Congreso sino por la red de estructuras mafiosas que todavía siguen controlando el gasto público en materia de obras y servicios, incluyendo la seguridad, la inteligencia y la defensa.

Es lógico suponer que será muy difícil pensar en que Macri pueda ejercer verdaderamente el poder si antes no consigue desmantelar el Estado paralelo que construyó el kirchnerismo.

Como siempre, un factor decisivo en esta lucha es el tiempo. El Gobierno sabe que está difiriendo medidas de ajuste tarifarias, de reducción del gasto público y otras que seguramente, una vez puestas en marcha, movilizarán la reacción de los sectores perjudicados. Todo esto bajo el impulso de las mafias que siguen controlando enclaves fundamentales del poder. El Gobierno corre entonces una verdadera carrera -y por eso usa en exceso los DNU- para tratar de desalojar a los núcleos que son la herencia K.

Da la impresión de que, si Macri no consigue imponerse rápidamente a las corporaciones mafiosas, la proximidad de las elecciones de medio término del 2017 puede encontrarlo entre dos fuegos. Por un lado, podría resurgir un frente seguramente financiado desde Río Gallegos y por el otro, seguiría el actual descontrol interno que le impide al Gobierno hasta conocer los verdaderos números de la catástrofe. Desde ya que el centro de gravedad de la batalla está en el territorio bonaerense. El debilitamiento de María Eugenia Vidal haría que muchos intendentes peronistas vayan pensando en converger nuevamente con el aparato kirchnerista que, pese a haber perdido numerosas intendencias importantes, conserva el control de la mayor parte de los departamentos judiciales de la provincia y -como se advierte- todavía se mueve con comodidad en los mandos del servicio penitenciario y la policía.

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