Por Carlos Tórtora.-

Mauricio Macri comenzó ayer una intensa gira por Europa con una agenda de actividades que lo llevarán a mantener reuniones bilaterales con sus pares de Francia, François Hollande; y Alemania, Angela Merkel; para luego concluir su periplo internacional en un foro empresario en Estados Unidos, antes de retornar al país y encabezar los festejos por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. En el entorno presidencial se deslizó que Macri le pidió a la cancillería que acelerara la fecha de la gira porque, entre otros motivos, quería tomar distancia del país ante un elevado pico de stress.

Los percances de la salud presidencial ya fueron varios en los últimos meses y todos ligados con la somatización que Macri suele hacer de las tensiones políticas. Decididamente, no goza con el ejercicio del poder como lo hacían Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner, sino que más bien lo sufre, al estilo de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

Las tensiones del jefe del PRO tendrían que ver con hechos inminentes o altamente probables. Por ejemplo, es de esperar que el juez federal Sebastián Casanello termine procesando al menos a uno de los hijos de Lázaro Báez y que esto precipite a éste a declarar que la jefa de la asociación ilícita no era otra que CFK, con lo cual el procesamiento de la misma resultaría inevitable. En el macrismo preocupa la conmoción política que este hecho produciría pero sobre todo la posibilidad de que el núcleo duro cristinista dé rienda suelta a la venganza y saque a la luz algunos trapos sucios que podrían llevar ante los estrados a varios empresarios amigos de la Casa Rosada. Dicen que Macri no pudo contener su furia al enterarse de que el fiscal Patricio Evers imputó por enriquecimiento ilícito por los Panamá Papers a Néstor Grindetti, el intendente de Lanús que fuera su ministro de hacienda porteño y que es un símbolo del macrismo.

En otro orden de cosas, anteayer en Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires) se produjo una batalla campal entre vecinos, barras bravas y la policía, con un saldo de ocho detenidos y varios heridos, además del saqueo al Circo Royale, cuyo dueño denunció que le robaron cerca de 20 mil pesos.

En la previa a los incidentes, por las redes empezaron a circular fuerte las denuncias de secuestros y en ese marco fue que se dio la pista del circo, emplazado en la avenida Ratti a metros del Carrefour del distrito.

El circo está en un terreno que maneja la municipalidad, donde hay dos monoblocks a medio terminar que habían estado a cargo del ex candidato de Cambiemos, Osvaldo Marasco, empresario inmobiliario que rompió el PRO con graves denuncias a María Eugenia Vidal y quien fue acusado de “vender” la elección al intendente del PJ.

El desencadenante de hechos terminó de explotar con la batalla del circo. Ahí cerca, a unas pocas cuadras, está el asentamiento Villa Evita, más precisamente en la llamada Curva de Videla, donde vive una facción de la barra del Club Atlético Ituzaingó.

La semejanza del episodio con un ensayo de saqueo coincidió con las palabras del líder de Quebracho, Fernando Esteche, que sostuvo: «Este gobierno va hacia una crisis segura que ayudaremos a desatar».

En las áreas de seguridad del gobierno se debate a diario qué decisión política tomar si se encienden focos de violencia social. Y parece claro que la opinión predominante es que el gobierno optaría porque el accionar de las fuerzas de seguridad sea lo más light posible, lo que no deja de ser una solución complicada, sobre todo si se producen saqueos.

La preocupación por este tema, que también pesa en Macri, tiene que ver con la marcha de los indicadores macroeconómicos, que hablan de un segundo semestre sin grandes cambios en la tendencia recesiva de la economía.

El espectáculo judicial de la corrupción kirchnerista, un poderoso catalizador de la opinión pública, no puede ni remotamente prolongar su eficacia más allá de algunos meses más. Luego sería difícil impedir que el malestar social ocupe el centro del terreno.

CFK y el presidente, aliados estratégicos

El peso internacional de China y la escasez de inversiones que padece el gobierno llevaron a un resultado paradójico: que el gobierno de Macri se preocupara prioritariamente de readecuar el principal proyecto de obra pública de la era K: las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. Ahora el tema está bajo la órbita del Ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En septiembre se estaría en condiciones de recomenzar la ejecución de las represas en cuestión, aunque ahora es indispensable que la legislatura santacruceña apruebe la reformulación que la Nación hizo del contrato original: entre otras condiciones, reducir el número de turbinas de 11 a 8 y también, una baja en el costo de la obra de un estimado inicial de u$s 7000 a 4000 millones (cerca del 40% sería mano de obra). Además, el plazo de obra se extendió de 66 a 80 meses.

Los contratos de obra igualmente quedaron a cargo de la UTE Electroingeniería y la estatal china Gezhouba, que ya dieron su visto bueno al nuevo convenio logrado en ámbito del Ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren.

Desde esa cartera del gobierno de Mauricio Macri se informó que el Estado nacional mantendrá la propiedad de las obras, que se ejecutarán bajo la órbita de la Secretaría de Energía Eléctrica. El acuerdo también prevé que los derechos de venta de energía corresponden al Estado Nacional y forman parte del objeto de la concesión a otorgarse, percibiendo en su caso la provincia de Santa Cruz 12% de regalías por tal generación.

El proyecto ya fue objeto de serias denuncias por sobreprecios y, cuando asumió Macri la presidencia, muchos lo daban por caído. Pero fueron enormes los intereses que se movieron para sostener la obra adjudicada a Electroingeniería, propiedad de Gerardo Ferreyra, el amigo empresario número uno de Carlos Zannini. Franco Macri, lobista principal del intercambio con China, fue uno de los que más se movieron.

Así las cosas, aun en medio de la feroz batalla judicial, Cristina y Macri coinciden al menos en una política de estado. Pero se trata de un tema cuya judicialización puede, como ocurre hoy con casi todo en la Argentina, ser también inevitable.

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