Por Guillermo Cherashny.-

Parecería que pasaron años desde la cumbre del G20, donde el presidente se consideraba nuevamente empoderado -como se dice ahora- y se llevaba a todo el mundo por delante. Así fue que se publicó el protocolo para unificar el accionar de las fuerzas de seguridad, pero en especial para la Policía Federal, y el uso de armas contra la delincuencia, que registró un apoyo ciudadano del 60% y al que el peronismo de los gobernadores y Massa no se opusieron y tampoco la mismísima Cristina, pero la oposición vino del fuego amigo como es la Carrió, quien calificó el protocolo como una violación de los derechos humanos y un camino hacia el fascismo, y también de Santiago Cantón, secretario de derechos humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de estrecha confianza de Vidal, quien dijo que este protocolo no es el de la Naciones Unidas, como alega Patricia Bullrich.

Pero esta semana el juez Bonadío superó la notoriedad de Stornelli y Rívolo, quienes pidieron la detención de Paolo Rocca, al pedir la indagatoria de Franco y Gianfranco Macri por las supuestas coimas en los corredores viales denunciado en su momento por Claudio Uberti, el presidente del OCCOVI. El grupo Macri manejó el consorcio de Autopistas del Sol y del Oeste con Abertis, la empresa española, y con la italiana Impregilo, socia de toda la vida de los Macri. En 2017 el presidente autorizó un aumento de los peajes y la familia Macri vendió su participación con pingües ganancias, pero la historia no terminó ahí, porque hace un mes el poder ejecutivo, con la firma de Gabriela Michetti, le otorgó a Abertis una compensación de 1000 millones dólares por la devaluación de este año. Pero tanto la venta por parte de la familia Macri como la compensación sería motivo de otra investigación.

Bonadío seguramente indagará sobre el supuesto pago de 150.000 dólares al mes que, según Uberti, le pagaban los seis concesionarios de peaje. El grupo Macri, a través de periodistas amigos, ya difundió que no tenían el control del consorcio y seguramente no sabían que había pagos por izquierda, pero ésta es una excusa pueril que es difícil que Bonadío la acepte. El problema es que, si niegan el pago, ambos pueden ser detenidos; por lo menos Gianfranco Macri y no Franco, que está enfermo gravemente y seguramente no será interrogado.

En el exterior, una indagatoria contra el padre del presidente y su hermano, sumada a la de su primo, es muy grave y tuvo una gran repercusión en Wall Street, con la suba del riesgo país y, además, la Unión Industrial y la CGT presentaron un documento de 35 puntos contra la política económica del gobierno. Seguramente afectaron el estado de ánimo del presidente, quien, en un hecho insólito, decidió no concurrir a la asunción del presidente Bolsonaro el 1° de enero y quedarse descansando en el sur, de vacaciones con su familia.

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