Por Carlos Tórtora.-

Los dos principales aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, sintieron que el peronismo en el Congreso los estaba descolocando con la clase media al convocar a una sesión especial de Diputados para suspender el tarifazo de servicios públicos. El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, y Elisa Carrió intimaron al Gobierno para que revisara los aumentos y obtuvieron apenas leves concesiones. De acuerdo a lo trascendido ayer, el Gobierno no modificará el porcentaje del aumento del gas y sólo aceptará diferir el pago a los tres bimestres de menor consumo. Incluso, Cornejo deslizó que se podría cobrar algún tipo de interés a ese financiamiento, aunque aclaró que sería «subsidiado».

Se acordó el «aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo» de gas, o sea mayo-junio y julio-agosto (el radicalismo había propuesto prorratear tres bimestres), y se «podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, meses de mayor consumo y que generaba preocupación», según explicó Mario Negri. Con estas magras concesiones, Macri habría cerrado la negociación con su principal aliado dejando en claro que el fondo de la cuestión, el aumento de tarifas, no está ni siquiera en discusión.

Carrió no sólo recibió este baldazo de agua fría sino que Macri hizo estos días un esfuerzo para mostrar que su gobierno está en excelentes relaciones con la Corte Suprema en general y con su presidente Ricardo Lorenzetti en especial. Esto mientras Carrió acaba de presentar en el Congreso su pedido de juicio político a Lorenzetti. Obviamente que para muchos la diputada habría reanudado su ofensiva contra Lorenzetti con el consentimiento previo de Macri, lo que no puede probarse.

La oposición se cuida

El resultado objetivo es que el presidente quiso dejar en claro que acepta discutir con sus socios menores pero que las decisiones no las toma Cambiemos en su conjunto sino él personalmente. Esta lección dada a la UCR y la CC no quita que el Gobierno esté en alerta por la posibilidad de que el “ruidazo” de anteayer contra los aumentos de tarifas se convierta en una movilización masiva.

Las dos principales figuras con capacidad propia de movilización, Cristina Kirchner y Hugo Moyano, parecen a su vez dispuestas a no ser protagonistas de la agitación social para evitar una reacción negativa en la clase media. Esto no quiere decir que estén de brazos cruzados. El jefe de los camioneros, por ejemplo, está financiando a través de su hijo Pablo a la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) que lidera el ahora principal operador social de Francisco, Juan Grabois.

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