Por Guillermo Cherashny.-

Esta semana la justicia ordenó levantarles la prisión preventiva a Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del canal C5N, y también a Fernando Esteche, que estaba preso por la causa del Memorándum sobre Irán. En todos estos casos estaban presos sin juicio oral iniciado y, por tanto, todos en esa condición recuperarán su libertad a la espera del juicio. Este cambio de la «doctrina Irurzun», que permitía la detención cuando el imputado tenía un supuesto «poder residual», un concepto amplio que significaba detener por cualquier motivo para darle una alegría al núcleo duro de fanáticos del gobierno, de ahí que fuentes seguras sostienen que el propio Mauricio Macri ordenó a sus operadores judiciales como «Pepín» Rodríguez Simón, José Torello y su abogado personal para que presionen a su jueces amigos, como los camaristas federales Bruglia y Bertuzzi, que entraron por la ventana a la Sala I de la Camara Federal designados a dedo por el Consejo de la Magistratura. Está claro que el presidente sabe que al entregar el mando el 10 de diciembre tendrá seguro una recorrido por Comodoro Py por las causas en las que fue denunciado por delitos graves y, por tanto, si seguía la «doctrina Irurzun» correría serio peligro de quedar detenido en Ezeiza o Marcos Paz cuando su esposa Juliana Awada viajó a Madrid, donde Agustina Macri le habría comprado una casa en ese país para residir durante un tiempo para descansar y, por tanto, no quiere pasar detenido sino ir y venir desde ese país para las numerosas citaciones judiciales que lo esperan en los tribunales federales.

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