Por Carlos Tórtora.-

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a partir de sus infortunadas declaraciones públicas sobre el caso Maldonado, se convirtió en un verdadero bumerang para el gobierno nacional. Este rol parece haber pasado ahora a la figura central de la investigación judicial de la desaparición de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel Guido Otranto. Éste, con un accionar marcadamente dubitativo, días atrás dio la nota al declarar que, cuando estaba dirigiendo el rastrillaje del Río Chubut, intentó ingresar a la reserva mapuche de Pu Lof, pero se encontró con que los indígenas le impidieron el paso. Como éstos eran muchos y los representantes de la ley muy pocos, Otranto declaró que optó por retirarse porque los mapuches no lo dejaban pasar. Semejante conducta, que está al borde del incumplimiento de los deberes de funcionario público, alarmó a algunos miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal superior de Otranto y al Ministro de Justicia Oscar Garavano, ya que, en la opinión pública, el papelón del primero arrastraba también al gobierno. Anteayer se intentó revertir la imagen de que el estado había reconocido una especie de soberanía territorial mapuche enviando casi 400 efectivos del GEOF de la Policía Federal y de la Prefectura que revisaron prolijamente Pu Lof y secuestraron algunos elementos. Pero los mapuches volvieron inteligentemente a la carga explotando las vacilaciones de Otranto: ayer una veintena de miembros de la comunidad Vuelta del Río tomaron el juzgado de Otranto invocando excesos represivos de las fuerzas federales en Pu Lof, hechos que ni siquiera se molestaron en denunciar. Otranto volvió a paralizarse, en este caso invocando que no había que actuar porque lo que querían los mapuches era una o varias víctimas para promover la agitación. Un argumento insostenible que sirve para incentivar otras tomas de juzgados federales frente a las cuales la justicia debería permanecer impasible “para evitar que haya víctimas”. El caso es este segundo tropiezo de Otranto en una semana desconcertó a la Casa Rosada. La conducta esperable era que se procesara a los autores de la toma de un juzgado federal, sobre todo porque se supone que éste es el que debe garantizar el imperio de la ley y cómo puede hacerlo si su titular ni siquiera puede defender su oficina.

Es que además, eso no fue todo. Con una impericia notable, Otranto especuló ante los medios acerca de que creía que Maldonado se había ahogado en el río Chubut. De este modo le dio oxigeno al kirchnerismo, que a través de un comunicado del CELS de Horacio Verbitsky atacó al magistrado. La entidad, además, lo recusó y deberá decidir la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Otro fracaso a la vista

De más está decir que, si Verbitsky y la familia de Maldonado consiguieran apartar a Otranto, podría hablarse de una derrota política del macrismo. Aunque sin duda que, a esta altura, cualquier otro juez le traería menos problemas al oficialismo.

A esta altura de los acontecimientos, Otranto se convirtió en un factor de crisis política y su salida del caso le daría un mayor tono de fracaso a la investigación, que por otra parte hasta ahora no produjo resultado concreto alguno.

Dentro de este esquema y con buen asesoramiento político, los mapuches están funcionando como el brazo aborigen de La Cámpora, ya que potencian el conflicto haciendo que el caso Maldonado desgaste al gobierno ya en campaña electoral.

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