Por Guillermo Cherashny.-

Las declaraciones de Marcela Losardo, la Ministra de Justicia, después del cacerolazo, contra la prisión domiciliaria legitimando la protesta ciudadana demuestra que el gobierno cambió su posición de días anteriores. En efecto, la Dra. Losardo es de la total confianza del presidente desde hace muchos años y su palabra era esperada para saber qué piensa Alberto Fernández, que primero aceptó que un sector de los presos salieran en prisión domiciliaria por la recomendación de la OMS, pero después de semejante cacerolazo no hay dudas que el presidente tiene en claro que los jueces se excedieron sobre las indicaciones que había dado la Cámara Nacional de Casación Penal y de la provincia de Buenos Aires, donde la resolución del camarista Violini fue muy laxa y permitió la salida de 2000 presos por decisión de tribunales inferiores.

Si bien Losardo, Massa y Berni apuntan contra los jueces, está claro que Juan Martín Mena, el Secretario de Justicia de la Nación, fue desplazado de las negociaciones en la cárcel de Devoto y que Eugenio Zaffaroni quedó muy mal parado y lo mismo la Comisión Provincial de la Memoria, manejada por Horacio Verbitsky, quienes no fueron desautorizados por la ministra. No hay dudas de que, al reconocer la legitimidad del cacerolazo, dejó en offside a todos los funcionarios del gobierno e influyentes como Zaffaroni y Verbitsky.

En realidad, la derrota del garantismo-abolicionismo en la interna del gobierno fue muy importante. Seguirán actuando como guerra de guerrillas con sus jueces y fiscales pero quedó claro que la vicepresidente Cristina Fernández no los escuchó esta vez y La Cámpora se ocupó de ganar espacios de poder copando la ANSES pero se abrió de la movida de las prisiones domiciliarias de los presos violentos.

Si bien no se sabe cuántos presos violentos que no estaban incluidos en el fallo de la Casación Penal, parece que fueron algunos centenares, a tal punto que una juez de Quilmes señaló que sólo violadores 160 recibieron prisión domiciliaria. El daño que los funcionarios e influyentes del Frente de Todos le hicieron al gobierno fue muy grande y se podrá reflejar en la imagen presidencial, aunque hasta ahora sólo hay encuestas que dicen que el 80% se oponía a la liberación de presos.

La OMS había recomendado que las cárceles, por ser lugares cerrados, podrían ser fuentes de contagios por el hacinamiento y así muchos países liberaron presos. Pero la Argentina es un caso particular, ya que el garantismo-abolicionismo viene cansando a la ciudadanía hace más de 20 años y en el 2017 se aprobó por unanimidad la ley de víctimas, que tienen que ser consultadas antes de la liberación de un detenido, como ocurre en los Estados Unidos. Desde ese año 2017, las víctimas adquirieron un papel fundamental en la opinión pública y su capacidad de provocarle daño a un gobierno y la justicia es muy grande y quedó demostrado con el cacerolazo del jueves y quizás marcó un antes y un después para los que intenten liberar a los violentos, ya que la sociedad quiere que las penas se cumplan.

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