Por Antonio Rossi.-

Mientras aguarda el visto bueno de la Legislatura para ampliar el presupuesto de este año en 8.300 millones de pesos, la administración local de Horacio Rodríguez Larreta ha comenzado a bosquejar los porcentajes de aumento que prevé aplicar a partir de 2017 en las boletas del Inmobiliario/ABL y las patentes de los vehículos radicados en la Capital Federal.

Los números preliminares que manejan los colaboradores más cercanos a Larreta y los técnicos de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) arrojarían una suba promedio del 40% con respecto a los valores que están pagando los porteños de ABL e Inmobiliario.

En el caso de los autos y motos, la actualización en danza para los montos finales de las patentes sería del orden del 35%.

Por ahora, el gobierno porteño mantiene un estricto silencio sobre esos ajustes y las estimaciones de los gastos e ingresos globales que prevé para el próximo año y que deben salir a la luz en septiembre con la remisión a la Legislatura del proyecto de Presupuesto 2017.

Si bien en términos porcentuales los incrementos en estudio para el impuesto inmobiliario y el ABL pueden resultar bajos comparados con los porcentajes de subas de los servicios de gas y electricidad, hay que tener en cuenta que esos gravámenes locales vienen acumulando, desde el primer período de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, aumentos superiores al 1.500% que han sobrepasado con creces los índices de inflación que miden las consultoras privadas.

A diferencia de los años anteriores cuando los funcionarios de la Ciudad responsabilizaban de las subas del ABL a la inflación derivada de la política económica del gobierno nacional, ahora Rodríguez Larreta tendrá que acomodar su “relato” para no dejar mal parada a la administración macrista de la Casa Rosada.

Por más que intente esquivar el tema, al gobierno de Larreta no se será fácil minimizar el costo político que deberá afrontar cuando tenga que explicarle a los “vecinos” el alcance del “ajuste fiscal” que se pondrá en marcha para cubrir los gastos de la Ciudad.

Según las normas vigentes, la AGIP tiene que girarle en los próximos días a la Legislatura el listado con los valores de los terrenos y de las edificaciones locales que se tomarán como referencia para establecer la tasa de ABL y el impuesto inmobiliario de 2017.

Lo que tiene que entregar la AGIP es la denominada “Valuación Fiscal Homogénea” (VFH) de cada inmueble que, una vez aprobada por los legisladores, se multiplica por 4 para llegar al monto final sobre el cual se aplicarán las alícuotas correspondientes a cada gravamen. En el caso del ABL, es el 0,5% de la valuación de la propiedad. En tanto, para el Inmobiliario rigen escalas crecientes que van del 0,7% al 1,5% según los valores que alcancen los inmuebles.

Las leyes locales 4039 y 4040 que rigen desde 2012 establecieron una actualización progresiva de los valores de las propiedades con el fin de que la VFH final llegue a representar el 80% del importe real de mercado de cada inmueble.

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