Por Carlos Tórtora.-

Javier Milei, empujado por las circunstancias, está cometiendo un grave error político que puede costarle caro. Al aferrarse al veto de la ley de movilidad jubilatoria, el presidente está generando una reacción con probables derivaciones hasta electorales. Los bloques opositores ya se están reuniendo para sumar esfuerzos para conseguir los tercios con los cuales se ratificaría la sanción de la ley y el Ejecutivo quedaría entonces obligado a aplicarla.

Cabe preguntarse entonces si Milei, con su veto, no está creando condiciones ideales para que se produzca aquello que hasta ayer parecía imposible: la unidad de la oposición.

Kirchneristas y radicales votaron juntos contra el DNU de los fondos reservados y esto es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo. La UCR se negaba a votar con UxP porque no quería aparecer ligada a la herencia de Alberto Fernández. Pero ahora la realidad de la crisis hace milagros.

En Olivos, la especulación libertaria es que la sociedad aumentará su apoyo a Milei al ver que toda la casta se une para enfrentarlo. Pero esta no es la realidad de diciembre pasado. El descreimiento sobre la posibilidad de una reactivación de la economía es muy profundo.

La oposición todavía no tiene propuestas para confrontar con Milei pero ya canaliza la presión social para frenar el ajuste salvaje.

En síntesis, no es ahora probable que el gobierno logre un consenso mayoritario para ir contra una ley que favorece a los jubilados.

Las consecuencias

Ahora se abren varios interrogantes. Por ejemplo, ¿acatará Milei al Congreso si éste consigue rechazar el veto con el voto de los dos tercios? ¿Aplicará entonces el presidente la ley que vulnera el superávit fiscal o no lo hará y se expondrá al juicio político?

Se trata de un escenario de conflicto de poderes que, con estas características, no registra antecedentes.

Un Milei acorralado podría intentar fujimorizar el poder, rompiendo con el orden constitucional. Lo más probable es que no le alcancen las fuerzas para tanto. La amenaza de Victoria Villarruel erosiona la base del poder libertario. La vice defiende la institucionalidad a ultranza, o sea, en este caso, la aplicación de la ley si el veto es rechazado por el Congreso.

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