Por Carlos Tórtora.-

En un solo día, dos proyectos oficiales funcionaron como cortinas de humo para distraer a la opinión pública de la inflación y la interna entre CFK y Alberto. Fue ella precisamente la que impulsó el proyecto de ley contra la evasión de los capitales fugados. El proyecto probablemente no llegue muy lejos por sus múltiples inconstitucionalidades y hay quienes dudan de si la vicepresidenta no empuja el mismo para complicarle a Alberto la relación con el establishment. El otro es la tentativa de regular el funcionamiento de las redes sociales que sacó de la manga Gustavo Beliz sin ninguna posibilidad de progresar en el Congreso por contravenir la normativa constitucional sobre la libertad de expresión. La sentencia de Beliz sobre que las redes sociales intoxican la democracia garantiza que la casi totalidad de los medios se ubiquen contra la iniciativa.

Probablemente el proyecto Beliz no dure más que unos días en primer plano.

Nuevas maniobras

Mientras tanto, medio gabinete sigue bajo el supuesto ultimátum de la vicepresidenta. Ayer algunos intérpretes del funcionamiento del poder vieron en el paro ferroviario liderado por Omar Maturana, una movida del sindicalismo cristinista dentro de un plan de agitación sindical para desestabilizar al presidente. Que el kirchnerismo duro recurra a Hugo Moyano para avanzar sobre la Casa Rosada implicaría una escalada en la crisis. Mientras tanto, Alberto parece convencido de que lo mejor es dejar que ella descargue sus golpes y se desgaste. Así es que la lucha por el poder se da entre una guerrera y un pacifista.

El proyecto sobre la fuga de capitales, esto es un síntoma importante, se implanta con total desconocimiento de Martín Guzmán, que sólo aparece activo en relación al acuerdo con el FMI. En el mar de versiones que se impone a diario, ahora gana fuerza la teoría de que la ex presidenta está decidida a asumir el gobierno. Esto no condice con la clara percepción de ella de que nos espera un agravamiento de la situación económica. Por otra parte, ella no puede darse el lujo -dada su situación judicial- de tener que renunciar a su cargo.

Las señales coinciden en que lo que pretenden en Uruguay y Juncal es una rendición incondicional de Alberto, no su renuncia. El riesgo es que éste se agote física y emocionalmente y ponga sobre la mesa su renuncia, sobre todo si se convence de que su reelección es imposible. Faltaría bastante para esto, porque el presidente, encerrado en la negación de la realidad, sueña con un resurgimiento del gobierno basado en indicadores económicos que se comparan con los de la pandemia. Mientras tanto, su trabajo parece ser esquivar los golpes y ganar tiempo, a la espera de que mejoren las encuestas.

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