Por Guillermo Cherashny.-

Hace más de ocho años comenzó en la provincia de Córdoba una historia -o más bien una telenovela mexicana o una serie de Netflix- entre el ex gobernador José Manuel de la Sota y el legislador provincial juecista Juan Pablo Quinteros, cuyo origen se remonta a una «disputa de polleras» que afectó severamente a Quinteros, un estanciero cordobés dueño de 600 hectáreas quien resultó ser el perdedor de esa contienda y, deprimido, se hizo un bypass gástrico para recuperar a la dama y al mismo tiempo, cual Conde de Montecristo, comenzó una serie de denuncias contra el tres veces gobernador.

Primero lo objetó por excesivos gastos en la contratación de un conjunto cuartetero y luego por la construcción del helipuerto en Río Cuarto, denuncias todas desestimadas por la justicia, que es mayoritariamente de Justicia Legítima, Pero al estallar el petrolao y el lava jato, lo denunció por contactos con la empresa Odebrecht y De la Sota admitió que cobró sumas de empresas brasileñas y que a su vez contrató al publicista Joao Santana, ambas cuestiones aprobadas por la justicia, donde se desestimó la denuncia de Quinteros.

El último episodio de esta novela o serie fue que Quinteros lo denunció ante el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez, quien investiga los pagos de Odebrecht en la Argentina, y montó su acusación en la obra del gasoducto troncal que inauguró el presidente Macri junto al gobernador Schiaretti, quien la adjudicó a un consorcio integrado por IECSA de Angelo Calcaterra, Roggio, Electroingeniería, Odebrecht y una empresa china que desplazó a Techint de la provisión de los caños para el gasoducto, lo que generó un reto de sus socios de Cambiemos, ya que pedía investigar no sólo a De la Sota sino a Schiaretti, un aliado estrecho del presidente Macri y su primo Angelo Calcaterra.

Ante esta situación, por primera vez José Manuel de la Sota decidió presentarle una demanda civil millonaria por calumnias e injurias, dado el gran patrimonio del legislador provincial Juan Pablo Quinteros, dueño -como dijimos- de una estancia de 6000 hectáreas.

Lo que comenzó como una disputa de polleras terminó con una denuncia sobre la repercusión del lava jato en Córdoba, lo que demuestra que el resentimiento es el motor de la política.

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