Por Carlos Tórtora.-

La realidad no da tregua y, ni bien aterrizó de su gira europea, el presidente debió enfrentarse a la evidencia de una dura derrota. La Casa Rosada apostó tres semanas atrás -con el Decreto 287- a que con un retoque a las restricciones sería suficiente para bajar significativamente la curva de contagios. De este modo se evitaría llegar a un cierre de la economía del tipo del impuesto el 20 de marzo del 2020. De este modo, Alberto no escuchó los reclamos de Axel Kicillof y su viceministro de Salud Nicolás Kreplak, que pedían una cuarentena total. Ahora éstos se toman la revancha. Kreplak acaba de decir que, si se hubieran adoptado restricciones más severas, ya habría a esta altura resultados positivos importantes.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta abrió el paraguas antes de que llueva y habló de acentuar los controles y hasta suspender las clases presenciales.

Revancha

La evolución de la pandemia le da así al kirchnerismo duro la oportunidad de tomarse la revancha ante el fallo de la Corte Suprema que apoyó la presencialidad de las clases dispuesta por la Ciudad. En otras palabras, que Larreta tendría ahora que dar marcha atrás con su bandera de la presencialidad.

El triunfo de Kicillof no es gratuito en la ecuación del poder. Si con las inminentes restricciones más severas se aplanara la curva de contagios, el éxito se lo podría adjudicar Kicillof ante el gradualismo de Alberto y Larreta.

Este crecimiento político del gobernador bonaerense no es otra cosa que la reafirmación de Cristina Kirchner y deriva en otras consecuencias. Una de ellas sería que Kicillof tendría más espacio para embestir contra la gestión de Martín Guzmán mientras prepara a su ministro de producción Augusto Costa para que se siente en el Ministerio de Economía.

Este revés político en la lucha contra la pandemia encuentra a Alberto en una situación muy particular, porque el kirchnerismo, con la adhesión de Sergio Massa, acaba de acelerar los mecanismos en la cámara baja para la sanción de la ley de reforma del Ministerio Público que, entre otras cosas, cambia por mayoría absoluta la actual mayoría especial para designar al Procurador General. En otras palabras, hace que este funcionario sea designado a gusto por parte del oficialismo sin acuerdo con la oposición. Alberto no se opone a esta insólita reforma pero deberá pagar un alto costo político por la misma porque Juntos por el Cambio lo hará responsable de haber apañado el sometimiento político del Ministerio Publico.

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