Picada de noticias

Por Hernán Andrés Kruse.-

El carácter ético de la investigación científica

El Reino Unido aprobó la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech y comenzará a aplicarla el lunes próximo a los grupos de mayor riego. De esa forma el país anglosajón será el primero en todo el mundo en dar comienzo a la vacunación de su población contra el peligroso virus. Según lo demostrado por los ensayos clínicos la vacuna posee un 95% de eficacia y obtuvo buenos resultados tanto entre las personas jóvenes como en las de edad mayor. Tal como lo informó el Ministerio de Salud “el gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos de aprobar para su uso la vacuna contra el Covid-19 Pfizer/BioNTech. Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos de la MHRA”. “La vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad”. Por su parte, Albert Boula, director ejecutivo de Pfizer, no dudó en calificar la decisión británica de “un momento histórico”. “Nos estamos centrando en avanzar con el mismo nivel de urgencia para suministrar de forma segura una vacuna de alta calidad en todo el mundo” (Fuente: Infobae, 3/12/020).

Una vez más queda en evidencia el relevante rol que juega la investigación científica en la lucha contra todo tipo de enfermedades, incluida la pandemia del coronavirus. No resulta casual que aquellos países que destinan cifras millonarias para el fomento de la investigación científica estén a la vanguardia de este combate, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Sus gobiernos valorizan sobremanera el trabajo de sus científicos, les brindan las mejores condiciones materiales para que desarrollen sus actividades a full. También emerge en toda su magnitud el carácter ético de la investigación científica. El trabajo de los científicos eleva la calidad de vida de los hombres, los protege de los enemigos invisibles que pululan por el aire, persigue la consecución del bienestar general. Por eso los científicos son, en su inmensa mayoría al menos, personas esencialmente buenas, honorables. Alejados del mundanal ruido, escasamente conocidos por las grandes mayorías, no dudan en situarse en la primera línea de combate cuando la situación así lo exige. En definitiva, sobrevivimos gracias a ellos.

Así lo piensa la doctora Isabel Benítez Hernández, especialista de I Grado en Medicina Integral e Instructora de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, autora de un ilustrativo ensayo titulado “Ética de la investigación científico-médica desde la perspectiva de la atención primaria de salud”. Cabe aclarar que, pese a que el escrito es anterior a la aparición del Covid-19 (fue publicado en 2008), se adecua perfectamente a las tareas de investigación de los científicos en el combate a muerte contra el virus.

INTRODUCCIÓN

El papel de la ética en la ciencia es muy complejo. En primer lugar, los procedimientos científicos pueden suministrar métodos de pensamiento ético y de descubrimiento moral. En segundo lugar, investigaciones y teorías científicas proporcionan datos necesarios para la ética y ayudan a explicar, mediante análisis comparativos, los diferentes sistemas morales. En tercer lugar, los logros científicos pueden determinar el rango y los límites de las decisiones y elecciones moralmente responsables. En cuarto lugar, la ciencia trae nuevas elecciones, nuevos problemas y nuevas circunstancias para viejos problemas. Por último, como la ciencia es una empresa humana, su desarrollo puede mostrar una lección moral o ética de cómo algunos hombres conviven o de cuáles han sido los valores y las justificaciones o sistemas que los han impulsado. El estudio de la historia de la ciencia puede mostrar una ética científica. El código ético de la ciencia supone, fundamentalmente, amor por la libertad intelectual, sentido de justicia, constante defensa de la verdad, crítica del error, denuncia de la farsa, así como asumir la crítica y la autocrítica como un poderoso argumento de autorregulación moral.1 El trabajo científico se robustece si el sujeto que lo adelanta tiene una concepción clara de la dimensión social de la actividad que realiza, así la sociedad está en mejores condiciones de aprovechar los frutos de la ciencia si conoce mejor la naturaleza del trabajo científico.

Todo país que aspire al desarrollo debe desplegar un sistema científico centrado en sus realidades sociales y culturales en correspondencia con su proyecto de desarrollo. Una cultura científico-técnica que abarque a amplios sectores de la población contribuye al desarrollo cultural y a su vez posibilita la interrelación fecunda entre ciencia, tecnología y sociedad. Los ideales de la ciencia deben articularse con las más elevadas aspiraciones humanistas.

Los cambios tecnológicos se acompañan de nuevas actitudes sociales y culturales que hacen hincapié en el individuo como principal autoridad decisoria sobre cuestiones relacionadas con valores referentes a estilos de vida y metas personales. Esta nueva situación personal con su abundancia de opciones de diversos valores exige concentrarse en los principios morales tradicionales de la ética médica como beneficencia, justicia y respeto por la autonomía del paciente. Estos principios son llamados trinidad de la bioética. La ética médica ha de hacer todo lo posible por respetarla.

Los aspectos morales o éticos crean limitaciones en la investigación científica, desde dos puntos de vista. El primero, se refiere a las restricciones de lo que se considera aceptable en nombre de la ciencia, con respecto a los derechos de los seres vivos en general; pero muy especialmente de los seres humanos. El investigador debe evitar violar los derechos de los participantes en un estudio científico. El segundo aspecto, se refiere al tipo de problema que puede solucionarse mediante el método científico.2

Las preguntas centradas en asuntos éticos o abrumadas de valores morales no pueden comprobarse empíricamente, tal y como ocurre en las ciencias naturales en general. Estos aspectos conciernen al sistema de conocimientos sobre el hombre como ser psicosocial, la sociedad y el pensamiento filosófico, es decir, las ciencias sociales y éstas, a diferencia de las naturales, no pueden reproducir experimentalmente sus observaciones, ni los resultados de ellas.

La UNESCO, en sesión plenaria del 10 de noviembre de 1975, hizo una declaración sobre la utilización del progreso de la ciencia y la técnica en interés de la paz y beneficio de la humanidad, ante la constatación de ciertos peligros que la ciencia puede presentar para la paz, los derechos del hombre y las libertades fundamentales de las personas. Reconoció la necesidad de potenciar la utilización y desarrollo de la ciencia, y proclamó que todos los estados deben favorecer la cooperación científica internacional, evitar la utilización de los progresos científicos para limitar los derechos y libertades fundamentales, tanto individuales como colectivas; utilizar el desarrollo científico para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población y acelerar la realización de sus derechos sociales y económicos sin distinción de sexo, raza, lengua, creencia religiosa o ideológica.1 Para la aplicación de estos postulados en la esfera de la investigación biomédica, es un hecho inexcusable el estudio y reflexión sobre algunos aspectos relacionados con la ética, definida como el conjunto de principios de buena conducta que gobiernan y regulan las acciones de un individuo o de un grupo profesional.

Los principios éticos de las investigaciones biomédicas en seres humanos comenzaron a formularse después de las revelaciones de las atrocidades cometidas por los nazis durante la II Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg, conducidos por los aliados al finalizar esta guerra incluyeron acusaciones por graves violaciones de los derechos humanos en la realización de experimentos en prisioneros de los campos de concentración, sin su conocimiento, ni consentimiento. Este fue el origen del código Nuremberg sobre principios éticos en las investigaciones biomédicas promulgado en 1947, cuyos puntos salientes son que el consentimiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial, que se debe evitar todo sufrimiento o daño innecesario, que no deben efectuarse experimentos cuando se pueda suponer que puede resultar discapacidad o muerte, que el grado de riesgo nunca puede ser mayor que aquel determinado por la importancia humanitaria del problema a resolver, y que el sujeto tiene la libertad de salir del experimento en cualquier momento.3

En 1966, los institutos nacionales de los Estados Unidos instituyeron normas sobre investigaciones clínicas en sujetos humanos y en 1972 el congreso de ese país promulgó una ley sobre investigación, que estableció la comisión nacional de protección a sujetos humanos en la investigación biomédica y de la conducta. En 1978 esta comisión emitió un informe, conocido como informe Belmont, que especifica los principios éticos que deben seguir todas las investigaciones en sujetos humanos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. El respeto por las personas abarca por lo menos dos consideraciones éticas fundamentales: respeto por la autonomía de las personas y protección de las personas con deficiencias o disminución de su autonomía (personas dependientes o vulnerables).

La beneficencia se refiere a la obligación ética de aumentar al máximo los beneficios y reducir al mínimo los daños y perjuicios, es decir que los riesgos de la investigación deben ser razonables teniendo en cuenta los beneficios esperados. La justicia se refiere a la obligación ética de dar a cada persona lo que le corresponde moralmente, es decir que las cargas y los beneficios de participar en la investigación deben estar distribuidos equitativamente. Además de establecer estos principios, el informe Belmont estableció la obligación de las instituciones que patrocinan investigaciones a hacer una revisión ética independiente de cada investigación, requisito previo a la obtención de fondos estatales para ella. Se establecieron así por primera vez los comités institucionales de ética de la investigación.

Para emplear la analogía epidemiológica, lo grave de las conductas impropias científicas, particularmente en el campo de la investigación biomédica, no es sólo su prevalencia, sino su letalidad. Uno de los casos más elocuentes y de mayor impacto real y potencial para el prestigio personal e institucional, la seguridad de los pacientes y la credibilidad de la ciencia ante la opinión pública, es la fabricación de resultados en un ensayo terapéutico contra el cáncer auspiciado por el propio gobierno norteamericano y denunciado en publicaciones relativamente recientes de órganos bien reconocidos.3

LA ÉTICA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Cuando se utiliza seres humanos como sujetos de investigación científica debe tenerse mucho cuidado de asegurar el respeto a sus derechos. Uno de los principios claves de la conducta ética en la investigación es que la participación en los estudios debe ser absolutamente voluntaria, sin presiones de ninguna índole. Los investigadores deben tomar todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que se someten voluntariamente al estudio, contra el daño o molestias mentales o físicas.4

Los procedimientos empleados para obtener información de los pacientes y la información misma no debe utilizarse en perjuicio de la personas que lo brindan. Los pacientes y sus familiares tienen el derecho al anonimato en la documentación clínica publicada. Por tal razón deben evitarse los detalles que puedan identificar a los pacientes, a menos que sean esenciales para los propósitos científicos. Si la identificación de los pacientes es inevitable, es preciso obtener su autorización con conocimiento de causa (consentimiento informado). Por otra parte, los datos de los pacientes no se modifican con la finalidad de proteger su anonimato, pues ello resultaría un falseamiento de la verdad científica.

La Declaración de Helsinki, adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1964 y enmendada en 1975, 1983, y 1989, toma en cuenta todos los elementos éticos importantes en la investigación biomédica en la que se incluye sujetos humanos.

Como describe Penchaszadeh en la década de los 90, comenzó la preocupación por la ética de las investigaciones epidemiológicas en poblaciones humanas, y por las investigaciones colaborativas internacionales, especialmente aquellas desarrolladas o financiadas por países desarrollados en países en desarrollo.5 El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS), promulgó las Normas Internacionales para las Investigaciones Biomédicas en sujetos humanos, donde se hace énfasis en el requisito del consentimiento informado y en la información que el investigador debe darle a una persona para participar en una investigación.

Los estudios epidemiológicos se desarrollan con el fin de conocer el estado de salud de las poblaciones, las causas de enfermedad más frecuentes y graves, las tendencias en el tiempo de los principales indicadores de salud y su distribución geográfica, los factores causales relacionados con las enfermedades, la forma de prevenirlas y la eficacia de los métodos de prevención, diagnóstico y terapéutica. Las características sociales de las poblaciones, sus actitudes y creencias frente a las enfermedades y las acciones de salud así como el uso de servicios de atención, son otros de los fines de la investigación epidemiológica.

La confidencialidad es particularmente importante en las investigaciones epidemiológicas pues en muchas ocasiones, algunos estudios se llevan a cabo sin el conocimiento de los sujetos, utilizando información que ha sido extraída de la historia clínica u otros registros médicos. Un ejemplo de este caso son los registros de cáncer, los cuales mantienen ficheros electrónicos con información personal sobre los casos de cáncer diagnosticados en una determinada población y que requieren necesariamente de información sobre la identificación de los casos, con el fin de eliminar duplicidades, actualizar la fecha de fallecimiento de los casos y permitir la selección de sujetos para el desarrollo ulterior de estudios epidemiológicos. La Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IACR), ha desarrollado las guías de confidencialidad, para el uso de todos los registros miembros y cuyos objetivos fundamentales son: asegurar la protección de la confidencialidad de los datos de los individuos con cáncer para que esta no sea divulgada a terceras partes no autorizadas, garantizar la calidad de los datos y controlar que el uso de la información sobre los casos de cáncer se dirija al beneficio de los enfermos, al control del cáncer y a la investigación médica. Para conservar estos principios los especialistas y técnicos involucrados deben ser entrenados en estos aspectos, los ficheros y sistemas automatizados, deben poseer claves de acceso a la información, los datos de identificación de los sujetos deben ser en muchos casos codificados y para mantener la máxima garantía, debe existir un documento firmado por los participantes en el que conste el acuerdo ante las medidas de protección sobre la privacidad de los individuos en estudio.3

Es frecuente que los profesionales de la salud interpreten una actividad asistencial o de investigación como correcta, al valorar el rigor científico con el que se diseña y ejecuta, olvidando cualquier otra consideración de contenido ético. Para ser profesionales de excelencia, las intervenciones deben ser evaluadas, con el máximo rigor, en dos sentidos: el aspecto técnico y la vertiente ética o moral. La práctica médica y de investigación en el contexto social de la salud pública cubana, es una actividad realizada por personas y dirigida hacia las personas; es una ciencia humana interpersonal, en la cuál no existe la neutralidad.

La interpretación errónea de las conquistas de las ciencias naturales y aplicación de la biología humana, han promovido en la medicina un nuevo biologicismo a ultranza que de esa forma no podría jamás armonizar con los conocimientos de la ciencia y en especial con los aspectos de la subjetividad y la individualidad humana, plasmada en la riqueza cultural y existencial del hombre.3

El avance científico del mundo moderno y los grandes problemas que arrastra la humanidad contemporánea hacen impostergable concentrar esfuerzos en el estudio de la calidad de las condiciones de vida de las comunidades y estilos de vida de los individuos como factor priorizado para entender y proteger la salud y la felicidad del hombre. Esta estimación o valoración de la calidad debe hacerse conjugando armónicamente los criterios técnicos, éticos, de la cultura concreta (sentido social) y el individuo (sentido personal). Así se puede inferir los resultados, las publicaciones y enfoques más racionales y éticos que comenzaron a aparecer a partir de la década de 1960, y que posteriormente han sido divulgados por la OMS y sus instituciones especializadas. De la misma forma, ha crecido la demanda de varias especialidades, de que se estudien las características de las condiciones y estilos de vida en que proliferan muchas enfermedades, tanto por las características nocivas de la actividad y las costumbres de vida cotidianas, como por las condiciones sociales estresantes que la complejidad, arbitrariedad y velocidad del desarrollo han generado.

La Medicina General Integral se inicia en 1983 como una alternativa propuesta por el Comandante en Jefe Fidel Castro ante un problema identificado para solucionar las nuevas necesidades de atención a la salud que requería la población como resultado de los niveles alcanzados hasta la fecha. Se proyecta también como una respuesta al entorno generado por la revolución científico-técnica, la especialización excesiva, que motivó falsas expectativas y tergiversaciones, la tendencia a disminuir la relación directa del médico con sus pacientes y a considerar al hombre de forma fragmentada. En contraposición con ello, la medicina general integral rescata al hombre, lo percibe en su medio natural y considera la influencia sobre la salud de los elementos que forman parte de su contexto. Como especialidad no tiene antecedentes en Cuba y existen formas parecidas de atención médica en el mundo, pero con bases sociales cualitativamente diferentes.6

Constituye una especialidad renovadora y revolucionaria, por su esencia, que no descarta el uso de la ciencia y la técnica puesta en función de su razón de ser, la relación humana en función de lo más importante, el individuo, la familia, los grupos y la comunidad en su medio; privilegia las acciones de promover y prevenir salud y las combina como un sistema con las acciones de recuperar y rehabilitar salud. Fundamenta su práctica en los principios básicos de la salud pública cubana y se proyecta en la conducción de la población para identificar y solucionar sus propios problemas. Como elemento novedoso plantea su perfil amplio, permitiendo que cualquiera que sea el puesto de trabajo que ocupe este profesional devenga en guardián de la salud.6

En cuanto al aspecto científico-técnico este especialista debe tener una clara comprensión del carácter de la revolución científico-técnica y su dependencia de la revolución social, así como de las ventajas en el socialismo. Debe comprender la unidad que existe entre los aspectos sociales de la medicina y la organización de los servicios preventivos-asistenciales. Dominar profundamente las leyes particulares y las características concretas de los fenómenos médicos, así como la metodología de las investigaciones científicas en el campo de la biomedicina y la medicina social, los fundamentos teóricos científicos de las ciencias médicas en la atención integral, sin desatender los aspectos higiénico epidemiológicos, manejar con base científica las acciones de salud, la organización de la administración y de la docencia en la atención primaria, y realizarlas con profundo sentido humanista.6

Como parte de la función investigativa el profesional ejecuta investigaciones en el campo de su especialidad, mediante la aplicación de la teoría marxista-leninista del conocimiento y la metodología científica, que al realizar su actividad parte de las necesidades y demandas presentes y perspectivas del Sistema Nacional de Salud y adopta como propósito fundamental el logro de resultados concretos en el campo de la atención primaria.

Se debe cumplir en la investigación en la atención primaria de salud estos ocho requisitos éticos, que son comunes a toda investigación y publicación científica que verdaderamente se respeten:

1. Necesidad de solucionar problemas de salud de la persona, la familia y/o la comunidad.
2. Competencia y desempeño profesional del investigador, demostrada en la utilización de métodos aceptables científicamente.
3. Participación voluntaria de los sujetos de investigación, a punto de partida de una clara y detallada información acerca de los riesgos y beneficios a los cuales se someterá.
4. Ausencia de daño o molestias físicas o psicológicas al sujeto de investigación y a sus familiares.
5. Anonimato o carácter confidencial de la información.
6. Autoría verdadera y responsable de las publicaciones pertinentes.
7. Reconocimiento expreso de los autores y obras consultadas.
8. Absoluta veracidad de los datos aportados y de la bibliografía consultada.

El ejercicio profesional en el sector de la salud en los momentos actuales, de gran desarrollo científico técnico, ha enfrentado a los profesionales de la atención médica, sin excepción, a muchos dilemas éticos de naturaleza tan compleja cono lo son en sí mismos los propios hombres y las relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción y reproducción de sus bienes materiales y espirituales.3

Muchos estudios de la ética médica y la bioética han centrado su atención en los grandes conflictos derivados de la invasión tecnológica en el campo de las ciencias médicas, cuestión evidentemente importante, pero al propio tiempo han soslayado el tratamiento profundo de los problemas que plantea la sociedad moderna al hombre común en el enfrentamiento a la atención de su propio proceso salud-enfermedad, a la atención que recibe en el primer nivel de atención de salud y, muy particularmente, a los problemas relacionados con la justicia sanitaria. Esta cuestión abarca el insuficiente tratamiento dado a los dilemas éticos que enfrenta el profesional de la salud en la atención primaria.

El médico de la familia no sólo debe conocer las estadísticas sanitarias de su comunidad, del policlínico, municipio y provincia y, por supuesto, del país, para poder establecer las comparaciones correspondientes. Esto también forma parte de la primera responsabilidad moral para hacer bien, hace falta saber hacer; y, para saber hacer, hace falta estar bien informado. Pero sólo con saber hacer no basta, es preciso hacer. De manera que el médico de familia deberá dar atención preferente a las personas de su comunidad comprendidas en los cuatro programas priorizados: programa materno infantil, del adulto mayor, de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles. Pero esto tampoco basta, es imprescindible tener en cuenta que existe también el derecho ciudadano de participar en la elaboración de leyes, códigos, normas, disposiciones y otras regulaciones que les afecten su vida pública y privada. Una importante arista del problema es la frecuente violación del derecho de las personas, familias y comunidades, relacionadas con la elaboración de estrategias de intervención por parte del sector de la salud, sin que se tome en cuenta las necesidades sentidas de las personas sobre quienes se proyecta la referida intervención.

Es ya un concepto admitido, con independencia de las posiciones filosóficas o políticas, que el hombre es un ser social y, en tanto como tal, no sólo se relaciona con sus similares, sino que está en estrecha relación con el ecosistema. Por ello al hombre de este período le interesa tanto el ambiente social en el que se desenvuelve su vida laboral, política y espiritual, tanto como el ambiente natural con el cual está en constante interacción. Le interesa la conservación de los animales y las plantas, tanto, como el aire que respira, las aguas de los mares y los ríos, como parte de su proyecto de desarrollo sostenible o, lo que es lo mismo el aseguramiento de la vida de sus sucesores.

Esto no significa que la responsabilidad social recaiga en los profesionales que dirigen en el sector de la salud. Todos los líderes sociales y políticos de la comunidad están, por igual, responsabilizados moralmente en la solución de los problemas de salud de la población que los eligió como tales; y para ello es preciso que, como primer paso, colaboren con los profesionales del sector en el diagnóstico de salud de esa población, para, luego, desde su esfera de acción, trazar la estrategia correspondiente para contribuir a su solución.

De tal forma, la primera gran responsabilidad de los profesionales que laboran en la atención primaria es conocer el universo al cuál deberán atender, y, a partir de ahí, una vez que se haya caracterizado, en la confección de la historia de salud familiar (HSF), proceder a la medición del nivel de salud individual, familiar, y de la comunidad, a través de los indicadores de salud-demográficos, morbilidad e invalidez y desarrollo físico, o, lo que es lo mismo, establecer el diagnóstico de salud.

Pero, si se es consecuente con el concepto de que el nivel de salud está determinado por el equilibrio del hombre con su medio, resulta imprescindible estudiar los factores que determinan el estado de salud de la población: socioeconómicos, biológicos, naturales y la estructura y funcionamiento de la atención médica para poder establecer el diagnóstico. De ello dependerán las acciones de salud a cometer en cada caso concreto.

El gran protagonismo de los profesionales de la salud, especialmente del médico y la enfermera de la familia, está dado por dos cuestiones fundamentales: el Sistema Nacional de Salud confía en ellos, pues son guardianes de la salud de la población, y esa población tiene grandes expectativas con su médico y enfermera. De modo que, por ambas partes, se espera su actuación protagónica.

Pero, ¿en que consiste realmente ese actuar protagónico? Precisamente esta es una de las cuestiones en las cuales se pone de mayor relieve el aspecto ético. Protagonismo significa, en este caso, el asumir la responsabilidad de eje fundamental en la defensa de:

1. La calidad de la propia atención que brinda.
2. Las condiciones higiénicas sanitarias de las viviendas y el barrio.
3. La garantía de los recursos sanitarios ofrecidos por el SNS en cada momento.
4. Las condiciones de vida y de trabajo de la población de su comunidad.

Para poder asumir tal defensa, es preciso que el médico y la enfermera de la familia estén imbuidos de la responsabilidad moral que entraña el ser las personas mejor preparadas dentro de la comunidad, para identificar los factores determinantes del proceso salud-enfermedad y, en consecuencia, promover los cambios favorables necesarios. Pero, para ello resulta también necesario que los técnicos de la salud de la atención primaria no pierdan profesionalismo. En ocasiones, en nombre del buen trato la relación profesional de la salud-paciente se ha tornado, en excesivamente familiar, a veces promiscua, y a veces se olvida, o no se sabe, que la discreción es un componente obligado de la profesionalidad, y se emiten criterios sobre la actuación de otro colega o sobre la calidad de otros servicios, o se hace partícipe al paciente y la familia de sus propias dudas diagnósticas o acerca del pronóstico.

Otra violación ética, de relativa frecuencia, es el brindar información confidencial, acerca de ciertos estilos de vida de carácter moral, a personas u organizaciones que nada tienen que ver con el sector de la salud. Esta violación es cometida, a veces, por profesionales de la salud y en muchos casos por las propias instituciones sanitarias.

Cada profesional, con independencia de que conozca y acepte, al menos teóricamente, el sistema de valores morales de la sociedad en la que vive y del sector al que pertenece, goza de un rango de libertad de actuación que le permite adoptar una conducta verdaderamente moral en el plano profesional o no adoptarla.

La ética de la investigación científica en el nivel primario de atención médica, en la que deberá tomarse en cuenta, incluso a la hora de proyectar el diseño, que no es posible escribir material y método, puesto que la investigación pretende estudiar sujetos. Otros aspectos, tales como la selección no discriminatoria de la muestra, el obtener el consentimiento informado antes de comenzar la investigación y la discreción sobre los resultados, deberán ser cuidadosamente respetados por los profesionales de la salud que investigan acerca del proceso salud-enfermedad de su comunidad.

Por otra parte, existen problemas serios que pueden convertirse en verdaderos conflictos y engendrar dilemas de carácter ético. Esto obliga a prestar atención al estudio de los diferentes métodos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones en la práctica clínica de la atención primaria. Algunos de estos problemas están relacionados con la medicina y la religión, negación del auto cuidado de la salud, diagnóstico y tratamiento del maltrato infantil, la mujer y el anciano, psicopatías y delitos, el secreto profesional y la ley.

Mucho podrían ayudar, en estos casos, los comités de ética clínica en la atención primaria de salud, a los cuales pueden pertenecer los líderes formales e informales de la comunidad que estén interesados en la temática. Por su parte, las comisiones de ética médica en la APS deben ser conocidas por todos los trabajadores del área de salud, especialmente su estructura, y funciones, y las relaciones que pueden y deben desarrollar con el médico y la enfermera de familia de los consultorios.

En fin, se trata de que el nuevo paradigma de la medicina familiar insufle aires de contemporaneidad a las relaciones humanas en su sentido más amplio, en el sector de la salud, en el marco de la comunidad en la que se ejerce y dentro del sistema de valores de la sociedad a la que se pertenece.6

Se puede concluir que las investigaciones científicas en el campo de la medicina en particular y de la salud en general no se pueden deslindar de los aspectos éticos en tanto su objeto es el hombre como ser social. La investigación científico-médica en la atención primaria de salud constituye el primero y más importante eslabón en la aplicación de los principios éticos, tanto en la generación como en la aplicación de nuevos conocimientos, productos y tecnologías para elevar la calidad del Sistema Nacional de Salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hernández DP. La ética y la ciencia en la donación de sangre voluntaria. Artículos de revisión. Rev Universo Diagnóstico. 2000;1(2): 24-30.
2. Amaro Cano M del C. Bioética. Aspectos históricos y éticos de la publicación científica. Rev Cubana Enfermer. 2001;17(3).
3. Núñez Sellés AJ. Present Status of Science in Cuba. Chemistry International. 1999;2(2):40-2.
4. Fernández Garrote LM, Llanes Fernández E. Reflexiones sobre la ética en la investigación clínica y epidemiológica. Rev Cubana Salud Pública. [serie en Internet]. 2004 [citado 27 Ene 2006];30(3). Disponible en: http//cielo.sld.cu/cielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
5. Penchaszadeh VB. Ética de las investigaciones biomédicas en poblaciones humanas. Rev Cubana Salud Pública. [.serie en Internet]. 2002 [citado 27 Ene 2006];28(2). Disponible en: http://bvs.sld.cu//revistas/spu
6. Alemañy PE. El modelo del especialista en medicina general integral en los programas de formación. Disiponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/articulo_rev7/alemañy.pdf

Felipe Solá debería haber renunciado

El lunes 30 de noviembre se produjo un hecho increíble en las más altas esferas del gobierno. Cerca de las cuatro de la tarde Felipe Solá hizo su arribo a la quinta de Olivos para ser testigo privilegiado del primer diálogo entre Alberto Fernández y Joseph Biden, presidente electo norteamericano. Fue entonces cuando se enteró de que la cita era en Balcarce 50. Nadie le había avisado. Pero esto no fue todo. A esa hora el presidente aguardaba la comunicación telefónica en la Rosada con quien será a partir del 20 de enero el presidente más poderoso del mundo, acompañado, entre otros, por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Gustavo Béliz, Secretario General de la Presidencia. Solá ingresó al despacho presidencial luego de finalizado el diálogo. Vale decir que no se enteró de los temas que ambos mandatarios habían tratado. Al abandonar la Casa Rosada el Canciller otorgó un reportaje a los periodistas Diego Iglesias y Gisela Busaniche, conductores del programa “El mejor país del Mundo” (Radio con vos). Fue entonces cuando afirmó que “el presidente le pidió dos o tres cosas, en forma medio general, pero muy importantes para la Argentina. Una es el visto bueno, la ayuda, la buena fe, la buena voluntad, del director de Estados Unidos (Mark Rosen) en el FMI. Porque actualmente no estamos teniendo mucha suerte en este sentido con el director, que tendrá que cambiar después del 20 de enero. El gobierno que se va no está teniendo las mejores actitudes, en este sentido, en el Fondo. Y el presidente Biden le dijo que él iba a tratar de liberar, saldar, esa es la palabra que usó, los problemas financieros de América Latina”. Alberto Fernández, entonces, le habría exigido a Biden el desplazamiento del director de los Estados Unidos en el FMI. Ese mismo día el Ministerio a cargo de Solá dio a conocer una gacetilla que confirmaba semejante exigencia. Como era de esperar en Washington esa gacetilla causó un gran revuelo (fuente: Román Lejtman, Infobae, 2/12/020).

Al día siguiente el equipo de transición de Biden expresó a través de un comunicado oficial que durante el diálogo mantenido entre ambos presidentes hubo un compromiso por trabajar en asuntos como la pandemia, el bienestar económico y el fortalecimiento de las instituciones hemisféricas. Su texto completo es el siguiente: “El presidente electo conversó con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El presidente electo agradeció al presidente Fernández por sus felicitaciones y expresó su reconocimiento por la larga y profunda amistad entre Estados Unidos y Argentina. Se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con Argentina para contener la pandemia de COVID-19 y promover la seguridad sanitaria mundial, incluso mediante el fortalecimiento de las instituciones hemisféricas. Hizo hincapié en la necesidad de una cooperación hemisférica aún más profunda para promover la prosperidad económica, combatir el cambio climático, fortalecer la democracia y gestionar los flujos migratorios regionales, entre otros desafíos compartidos. El presidente electo también reconoció la importancia de Su Santidad el Papa Francisco para el pueblo de Argentina y América Latina” (fuente: Infobae, 3/12/020)

Como era previsible la actitud de Solá enfureció al presidente. A partir del escándalo Alberto Fernández no contestó ninguna de las múltiples llamadas telefónicas del vapuleado canciller. La relación está quebrada y si el presidente no lo echó del cargo fue porque una crisis política de semejante magnitud en estos momentos tan delicados hubiera dañado al gobierno. Evidentemente el canciller inventó ese diálogo para dañar a Alberto Fernández. Se trata, qué duda cabe, de un político muy experimentado, que sabe moverse muy bien en esa gigantesca arena movediza que es la política. Sabía perfectamente, por ende, las reacciones que semejante actitud provocaría en el gobierno.

Como señala Román Lejtman en Infobae (“Alberto Fernández descartó la renuncia de Felipe Solá para evitar una crisis política en el Gabinete Nacional, 3/12/020) Felipe Solá fue desde un principio una figura decorativa dentro del gobierno. Formalmente es el Canciller pero la política exterior es planificada y ejecutadas por Alberto Fernández y los colaboradores de mayor confianza. En lenguaje coloquial Felipe Solá está “pintado”. Aquí cabe formular la siguiente pregunta: ¿por qué Solá aceptó de entrada ser una figura decorativa? Porque un político de sus quilates no podía desconocer la voluntad del presidente de ignorar a la Cancillería en la toma de decisiones de política exterior. ¿Por qué, entonces, aceptó la propuesta de Alberto Fernández de ser su Canciller? Evidentemente Solá lejos está de sentirse cómodo en un cargo meramente virtual. La gota que rebalsó el vaso fue la decisión del presidente de que no estuviera presente en el diálogo con Biden. Pero lo más increíble fue la sorpresa que se llevó Solá cuando ingresó a Olivos y se enteró en ese momento que la comunicación telefónica tenía lugar en Balcarce 50. El Canciller ignoraba lo que estaba pasando. Quedó en off side, para emplear una expresión del fútbol.

Pero lo más notable de este escándalo es la decisión de Solá de seguir siendo Canciller. ¿Acaso está esperando que el presidente aguarde el momento oportuno para echarlo? Creo que lo mejor sería que el propio Solá presente su renuncia. A esta altura se trata, me parece, de una cuestión moral, de orgullo, de decoro personal. Un político que fue gobernador de la provincia más importante del país no puede permitir que el presidente lo menosprecie de esa forma. Sin embargo, permanece atornillado al cargo. ¿Será que aquellos que aún lo sostienen lo están obligando a permanecer en el gobierno para no favorecer los planes de aquellos que quieren que se vaya? Es probable que esté en el centro de una feroz interna palaciega. Pero todo tiene un límite.

Nos consideran un país adolescente

Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, hay dirigentes políticos de relevancia mundial que consideran a Argentina un país, adolescente, inmaduro, que necesita que alguna autoridad le haga ver sus defectos y le señala con el dedo cómo debe reaccionar. Angela Merkl es uno de los dirigentes políticos más importantes del mundo. Es canciller de Alemania desde hace mucho tiempo y escuchada con respeto cada vez que emite su opinión. Hace unos días Merkl participó en la vigésimo sexta Conferencia Industrial Argentina y, como era de esperar, sus palabras no pasaron inadvertidas. Sin ningún tipo de rodeo le “sugirió” a Alberto Fernández que “lance una clara señal política” para lograr la recuperación de la confianza de sus acreedores internacionales para así poder cumplir el acuerdo cerrado en septiembre. Y agregó: “Argentina es un socio muy apreciado por Alemania, tanto en el G-20 como a nivel bilateral”. “Las relaciones que cultivamos son polifacéticas, algo que usted, Presidente, recalcó de manera particular en su visita a Alemania a principios de año. En aquel encuentro, aún no podíamos imaginar que, poco después, la pandemia de la Covid-19 nos enfrentaría en Argentina, en Alemania y en todo el mundo a un gran desafío, también en lo económico”. “Ahora es verdaderamente importante recuperar la confianza con los acreedores internacionales y de los actores del mercado. Lo cual, naturalmente, requiere que la Argentina lance una clara señal política, que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende”. “Como socios económicos, compartimos también nuestras experiencias, ya sea en materia profesional dual o en los campos de la innovación y la digitalización”. “Consideramos que el libre comercio es esencial para la economía mundial. Por esta razón, abogamos por un sistema multilateral de comercio moderno con normas comunes. Asimismo, nos mostramos abiertos a acuerdos comerciales bilaterales y regionales”. “Se lo aseguro: deseamos que la cooperación con Argentina sea estrecha. Y también abogamos por ello en el seno de la Unión europea” (fuente: Infobae, 3/12/020).

El mensaje de Merkl es harto elocuente. Le dijo a Alberto Fernández, palabras más, palabras menos, que si desea tener una buena relación con ella, es decir, con Europa, no tiene más remedio que seguir los dictados del Consenso de Washington de 1989, obedecer las reglas de juego impuestas tras el derrumbe del coloso soviético en 1991. Quedó una vez más en evidencia dónde reside el poder real, quiénes toman las decisiones. Merkl fue muy clara: Fernández debe enviar señales claras a los mercados, a los dueños del poder económico concentrado. Pero lo hizo como aquella maestra que amonesta a un alumno. Merkl trató a Alberto Fernández como el presidente de un país de tercer orden, de una colonia. ¿Hubiera actuado de esa forma si se hubiera dirigido a Vladimir Putin o a Xi Jinping? No, obviamente. Merkl puso en evidencia hasta qué punto es irrelevante la Argentina a nivel internacional. Este dato casi siempre es ignorado en nuestro país. A comienzos de la semana se produjo el lamentable escándalo protagonizado por el Canciller Felipe Solá. El presidente reaccionó como si la conducta de Solá hubiera estremecido a Joseph Biden presidente electo de Estados Unidos. Parece no haber tenido en cuenta que Biden habló por teléfono el lunes 30 con varios presidentes. Vale decir que Alberto Fernández formó parte de una lista de presidentes con quienes se comunicó Biden. Para el futuro presidente más poderoso de la tierra el presidente argentino no tiene nada de especial por la sencilla razón de que, en el fondo, la Argentina no es un país especial para Estados Unidos, como sí lo es, por ejemplo, Brasil. Para el gobierno argentino la relación con Estados Unidos es fundamental pero para la república imperial la Argentina es sólo un país de segundo orden de su patio trasero. Aunque cueste creerlo, cada ocupante de la Casa Rosada cree que la Argentina es el ombligo del mundo.

Reflexiones de Alberto Fernández en el cierre de la conferencia UIA

Como último expositor de la Conferencia UIA el presidente celebró el hecho de que se hayan sumado “todos los argentinos” en la misión de “reconstruir un entramado social que estaba absolutamente lastimado” por la pandemia y remarcó: “De la pobreza no se sale con el auxilio del Estado a través de planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”. Alberto Fernández aseguró que en el último trimestre “la industria toda se está moviendo” y convocó a que este momento sea “fundacional para hacer otro país”, que archive para siempre el debate si Argentina es un país agropecuario o industrial porque “Argentina es un país agropecuario e industrial”. Más adelante remarcó que su gobierno logró capear el temporal que significó la pandemia: “Seremos recordados como la generación de la pandemia”. Indicó que al momento de estallar la pandemia el país estaba “sin hospitales ni camas de terapia intensiva, y el virus nos corría”, pero destacó que “en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió”. “En este tiempo donde la curva de contagios empieza a bajar y la vacuna está cercana, quiero que todos estemos orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer”. En otro orden de cosas remarcó que “por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse y la industria toda se está moviendo”. “Argentina tiene que volver al mejor de los capitalismos: ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar” (fuente, Infobae, 3/12/020).

Tiene razón el presidente. La pobreza se combate sólo con trabajo genuino, fomentando el espíritu de iniciativa de las personas, atrayendo aquellas inversiones de afuera que contraten trabajadores. Hasta ahora, las medidas que viene tomando el gobierno no hacen más que espantar a tales inversiones, aniquilar el espíritu de iniciativa. Cada vez se agranda la brecha entre las palabras y los hechos, entre lo que se promete y lo que cumple. Alberto Fernández es de aquellos presidentes que dicen lo que el interlocutor de turno quiere escuchar. A los industriales les habla del trabajo y la producción pero cuando está cara a cara con el poder sindical despotrica contra los empresarios inescrupulosos, que son los mismos a los que halaga cada vez que los ve cara a cara. Alberto Fernández tiene varios rostros, clara demostración de su hipocresía y cinismo. Por un lado alaba a Evo Morales y por el otro se arrodilla ante el FMI. Por un lado habla de la imperiosa necesidad de unir a los argentinos y por el otro expresa su desprecio por los opositores.

Como tantos presidentes que supimos conseguir frente a los industriales enfatizó la necesidad de inaugurar un nuevo tiempo histórico, de dejar atrás el pasado y pensar en un futuro venturoso. Cada vez que un presidente expresó lo mismo terminó en un estruendoso fracaso. Alberto Fernández no será la excepción ya que su gobierno es, hasta el momento, paupérrimo. Antes de prometer una nueva Argentina sería aconsejable que no mienta, o al menos que no mienta de manera tan descarada como lo hizo ante los industriales. Afirmó sin sonrojarse que no había hambre en el país. Lo hizo justo cuando la UCA informaba a la opinión pública de la existencia de un nivel de pobreza superior al 50 %. Estamos hablando de unos 25 millones de compatriotas que viven en condiciones infrahumanas debido al desastre económico ocasionado por sucesivos gobiernos que no supieron o no quisieron hacer frente a semejante flagelo.

La aterradora vigencia en la Argentina del odio de clase

Durante los últimos días tres jugadores de Los Pumas, incluido su capitán, Pablo Matera, fueron el blanco de furiosas críticas. ¿La razón? La divulgación de antiguos tuits en el que quedaba de manifiesto su inocultable racismo. Esos mensajes destaparon una gigantesca olla a presión que provocó un tsunami de mensajes llenos de odio de clase, poniendo en evidencia que lo que manifestó públicamente en su momento Luis D’Elía-“odio a la puta oligarquía”-goza de un amplísimo consenso. Cabe preguntarse entonces si la democracia como filosofía de vida es posible cuando impera un odio de clase tan profundo. La respuesta es obvia: es absolutamente imposible.

Ahora bien, ¿cómo surgió semejante odio? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Por qué son tantos los argentinos que decidieron crucificar a los jugadores de rugby mencionados? Un ensayo que intenta contestar estos interrogantes es el que paso a transcribir a continuación. Pese a su orientación marxista ayuda a pensar, lo cual no deja de ser todo un mérito.

Argentina: las raíces del odio de clase

«LOS FILÓSOFOS NO HAN HECHO MÁS QUE INTERPRETAR DE DIVERSOS MODOS EL MUNDO, PERO DE LO QUE SE TRATA ES DE TRANSFORMARLO». KARL MARX

Los últimos tiempos de la Argentina estuvieron signados por muchas expresiones de grupos radicalizados, manifestando un odio de clase infundado y brutal. Aprovechando la oportunidad que les brindó el gobierno de Macri, sectores sociales de la derecha del país salieron al espacio público a gritar contra todo lo que asemeje ser popular y, fundamentalmente, contra todo lo que huela a “Peronismo”. ¿Dónde se encuentra la raíz de semejante resentimiento? ¿Cómo puede explicarse que, luego de padecer el genocidio más nefasto de la historia nacional, de resistir al Terrorismo de Estado que planificó sistemáticamente la desaparición física de personas, la tortura y el asesinato masivo, existan hoy argentinos que reivindiquen esa inmoralidad? ¿Dónde está el origen de tanto rencor? Indagar en la historia ayudará a entender el motivo de tanta inquina y discriminación de las elites dominantes hacia los sectores subalternos de la sociedad argentina. Una búsqueda que pueda explicar con mayor claridad el odio todavía presente y expresado por quienes adhieren, quizás sin saberlo, al neoliberalismo que hace posible una forma de “neo-nazismo” del siglo XXI.

La Historia Argentina nos enseñó un devenir dialéctico complejo y de muy profundos conflictos internos. Desde los primeros pasos como un país independiente del imperialismo español a principios del siglo XIX, el costo de las pretensiones de libertad fue siempre muy alto en sangre, traición e injusticia. La confrontación política permanente desde las luchas por la organización nacional entre federales y unitarios, en general no fue más que una disputa entre los caudillos populares que defendían la soberanía nacional, contra las oligarquías portuarias que peleaban por sus mezquinos intereses aún a costa de la entrega de la nación. La imposición de la clase dominante por medio de la violencia institucionalizada marcó el desarrollo de las luchas populares posteriores. A partir de la consolidación de un Régimen Oligárquico que hizo posible un orden conservador en lo social y político, unido a un liberalismo económico que posibilitó una profunda dependencia extranjera, los sectores populares quedaron marginados de un proyecto de país que solo buscó el bienestar de los pocos que creían ser los dueños de la Argentina. De allí en más, los sectores que quedaron marginados del Estado de derecho se vieron forzados a organizar sus luchas con el objeto de lograr acceder a la participación en las decisiones políticas del país. En medio de ese contexto finisecular, como forma de representación de los sectores medios urbanos, nacen los primeros desafíos concretos contra la clase dominante. La Unión Cívica Radical, que se originó como un partido político que buscó una mayor participación ciudadana que pusiera fin a la democracia restringida, se convirtió de la mano de Hipólito Yrigoyen, en el primer movimiento de características populares que enfrentó lisa y llanamente a la oligarquía gobernante. Sin tratar de suscitar una analogía con el destacado trabajo de José Pablo Feinmann sobre la violencia política en Argentina,[1] las luchas intestinas caracterizaron el desarrollo político en un país que desde su origen se pensó para pocos. Por este motivo, las demandas de los radicales fueron reprimidas durante muchos años hasta poder lograr ser gobierno desde 1916 a partir de la Ley Sáenz Peña sancionada en 1912. Esta ley, que no fue una “ley del sufragio universal” ya que las mujeres no votaban, fue el primer avance en una construcción de derechos democráticos que costaría mucha sangre y muchas vidas en los sectores subalternos de una sociedad que solo aspiraba a un mínimo de reconocimiento.

El radicalismo gobernó tres períodos presidenciales consecutivos. Los sectores conservadores de las minorías tradicionales se dedicaron a boicotear constantemente las acciones de gobierno, y a desestabilizar al propio sistema democrático en el cual no creían si no eran ellos quienes gobernaran. “Ellos”, “la gente de bien” que, a diferencia de la plebe sucia e ignorante, se mostraban como la única “clase apta” que debía administrar el país. La evidente influencia del positivismo europeo que mostraron los gestores de la mal llamada “revolución del ‘80” no terminó allí sino que estos representantes de las elites dominantes internalizaron, por propia conveniencia, el “darwinismo social Spenceriano” que legitimaba el imperialismo capitalista desde el siglo XIX en adelante, con el propósito de justificar por un supuesto “derecho natural”, el sometimiento de las masas obreras.

La década de los años treinta, la “década infame”, comenzó con el primer golpe cívico-militar y clerical de la historia argentina. La interrupción del Estado de Derecho tuvo múltiples causas, aunque como afirmó Alain Rouquié, la más inmediata se relacionaba con la alianza entre las elites locales y el capital extranjero respecto al control de la producción petrolera.[2] Esta espuria relación entre la oligarquía nacional y el imperialismo externo no fue más que una práctica de continuidad desde la primera presidencia de Roca en adelante. En realidad, el golpe de Estado de Uriburu, que se presentó como el intento de los admiradores del fascismo italiano, no fue más que una habilidosa maniobra del general Agustín Justo como el verdadero titiritero del sector nacionalista del ejército, utilizando a su antojo a los autoritarios que se habían convencido que había llegado “la hora de la espada”. La ruptura del orden institucional de 1930 inició un hábito de los sectores concentrados para terminar con la democracia cuando ésta contradecía sus intereses económicos. Con ese golpe militar se institucionalizó el desprecio y el maltrato a los pobres, a la “chusma”. Poco tiempo después, en menos de dos años volvió una “institucionalidad” que mostró el más alto grado de corrupción hasta entonces conocido. Fraude electoral, proscripciones, explotación, opresión y entrega de la soberanía nacional, todo armado desde la administración Justo-Roca en que la economía de la Argentina, a partir del tratado Roca-Runciman, “pasó a formar parte del imperio británico”. Si bien la Argentina creció económicamente desde 1935 en adelante, esto nunca significó un desarrollo para el país. El desarrollo, siguiendo el análisis de Aldo Ferrer[3], supone la suficiente capacidad de maniobra frente a los poderes foráneos, con el agregado que además debe implicar una distribución del ingreso que mejore la calidad de vida del pueblo. Esto no tuvo nada que ver con el crecimiento de la segunda mitad de la década del treinta ya que se profundizó la dependencia y se concentró la economía en las pocas manos de siempre, impidiendo de esta manera un desarrollo integral de quienes formaban parte de la clase trabajadora. Cuando todo parecía ser una clara continuidad de una pseudo-democracia controlada por sectores de la clase dominante, en medio de un complejo contexto internacional no del todo definido por la segunda guerra mundial, se produjo un nuevo golpe que vino a poner freno a la perdurabilidad de los gobiernos de caretas institucionales y políticas entreguistas. El golpe de 1943 provino de un sector de las FFAA que no avalaba el sometimiento a ninguna potencia extranjera aunque para tener éxito en la toma del gobierno utilizó a un general liberal que no duró ni cuarenta y ocho horas en la gestión. El verdadero poder del accionar militar radicaba en el G.O.U. un grupo de oficiales con mando de tropa de ideas nacionalistas e industrialistas. Paradójicamente, en medio de este gobierno de facto, se puso en práctica una política social y de reivindicación de derechos laborales que nunca había sido prioridad para los gobiernos institucionales anteriores. Cuando esto fue advertido por la oligarquía tradicional, ésta actuó rápidamente apelando a los militares aliados, para corregir el desvío y recuperar de esta forma el “orden natural” que debía imponerse a la eventual insolencia de quienes solo debían agradecer que pudieran trabajar.

La sublevación popular del 17 de octubre de 1945 fue un quiebre definitivo en la Historia Argentina. La irrupción de las masas que por primera vez ocuparon el espacio público fue una acción revolucionaria que, según Daniel James,[4] expresó por primera vez de forma masiva la lucha de clases en el país. Siguiendo al mismo autor, los hechos del 17 de octubre marcaron el fin de la “deferencia” y la culminación definitiva del sometimiento. El desborde de la clase obrera hizo posible el sustento para las reformas más profundas que realizó el peronismo como movimiento popular, desde la nacionalización del Banco Central o la nacionalización del Comercio Exterior, hasta el voto de la mujer sumado a una ampliación de derechos sociales y laborales posibilitados por una mayor y mejor distribución del ingreso. Por primera vez en la historia del país, la sociedad argentina comenzó a ser más justa e igualitaria a tal punto que motivó el tránsito de lo que había sido el desprecio que la oligarquía tenía por la clase trabajadora, hacia un odio de clase contra quienes habían logrado respeto, dignidad y educación. Se sumó además, por parte de estos ricos mal habidos, un mayor resentimiento contra el movimiento político que había permitido semejante ascenso social. El odio de la clase dominante hacia Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte no solo fue personal, fue en realidad, el aborrecimiento hacia la clase trabajadora que ellos representaban. Fue el rencor contra esas “masas sudorosas” que se había atrevido a desafiar el poder de las “clases más aptas e ilustradas” acostumbradas a manipular la política del país acorde a sus propios intereses. El desprecio ahondado en los años treinta se había convertido en el odio acérrimo a todo lo que significara igualdad, justicia social o democracia. El bombardeo al pueblo del 16 de junio de 1955 fue el comienzo del odio hecho realidad. Más de nueve toneladas de explosivos arrojadas sobre la Plaza de Mayo, cientos de muertos y miles de heridos fueron el resultado de la puesta en práctica del aborrecimiento de clase.

El golpe cívico-militar y clerical de 1955 marcó la división definitiva de la sociedad argentina. Esa ruptura del Estado de Derecho fue un punto de inflexión en el proceso de la evolución del odio que la oligarquía argentina direccionó contra el pueblo trabajador cuando éste había logrado un digno reconocimiento en derechos laborales, en justicia social y en acceso a todos los niveles de educación. La partición de la sociedad argentina no la inició el pueblo sino que fue el producto del accionar de una minoría que no soportó el ascenso social. La persecución a los trabajadores posterior al derrocamiento del peronismo, los fusilamientos, la represión social, el retroceso en derechos, la prohibición de la libertad de expresión, la proscripción, fueron apenas algunos rasgos de lo que el movimiento popular debió soportar desde 1955 en adelante… Los años que siguieron al derrocamiento brutal del peronismo fueron de resistencia, de lucha de clase y de una represión institucionalizada que no hizo más que profundizar el espiral de violencia en un país en el que cada vez costaba más someter a la clase obrera ya organizada. El primer intento de borrar al movimiento popular fue en la dictadura de conducción bicéfala del general Aramburu y el almirante Rojas entre los años 1955-1958. El decreto 4161 prohibía todo lo que se identificaba con el gobierno derrocado, incluso pronunciar los nombres de Perón o de su fallecida esposa Eva Perón, con la idea que mediante la fuerza y bajo pena de represión y cárcel, podrían desvanecerse diez años de derechos sociales. Por el contrario, los intentos de “desperonización” de la sociedad fueron un gran fracaso de la dictadura pos-peronista a pesar de llevar la violencia al extremo de fusilar clandestinamente a trabajadores en un basural de la localidad de José León Suarez. Aún con una salvaje persecución, la identidad de la clase obrera con el movimiento popular se fortaleció, y contradiciendo las metas que se había propuesto la oligarquía de retrotraer al país a tiempos anteriores al 17 de octubre de 1945, la organización popular y la resistencia a la dictadura hicieron imposible las metas del gobierno de facto que tuvo que convocar nuevamente a elecciones para encontrar una salida decorosa al desastre que habían provocado. Eso sí, el sufragio debía darse con una serie de condiciones que incluía la proscripción del peronismo. Con estas renovadas formas de “democracia restringida” se transitó a los gobiernos de Arturo Frondizi y de Arturo Illia que también fueron objeto de golpes militares, en un contexto en el cual los atentados contra el Estado de Derecho se habían legitimado en nombre del “orden social” y la defensa de las “fronteras ideológicas” propuestas por el imperialismo de EEUU. Los años de lucha popular continuaron en las gestiones pseudo-democráticas y los constantes planteos militares a dichos gobiernos contribuyeron a que las nuevas generaciones descreyeran de una democracia que no era más que el fruto de los acuerdos entre los sectores de poder. El Golpe de Estado de 1966, que otra vez contó con el apoyo de instituciones representativas de la derecha conservadora tales como la corporación clerical o algunos grupos sindicales, volvió a mostrar las pretensiones de la minoría respecto de lo que ella entendía por “democracia”. Con el movimiento popular proscripto y con la continuidad de la represión social como metodología de control, el odio de los sectores concentrados hacia la clase trabajadora funcionaba como un mecanismo de defensa de la mezquindad oligárquica frente a la lucha por la reivindicación de los derechos democráticos.

Ahora bien, desde los años 1956 a 1966 se produjo imperceptiblemente un importante cambio cultural que modificó la relación entre la izquierda política y el peronismo, como así también la actitud de los estudiantes universitarios que se aliaron social y políticamente a la clase trabajadora. El interesante trabajo de Oscar Terán reflejó este proceso de mutación cultural que llevó a consolidar los fundamentos ideológicos que justificaron la radicalización de la lucha política en los años sesenta y setenta.[5] Estas acciones directas de los trabajadores, sustentadas por las ideas revolucionarias de una nueva izquierda integrada al peronismo, fueron las que dieron origen a las organizaciones de la guerrilla urbana o rural que comenzó su accionar durante la dictadura del general Onganía. El odio de la clase dominante hacia el movimiento popular encontró una reacción de defensa propia en las jóvenes generaciones que no estaban dispuestos a soportar tanta explotación. La oleada de las transformaciones de los años sesenta coadyuvó a profundizar la lucha por la liberación política en América Latina en general y en Argentina en particular. El peronismo revolucionario, el sindicalismo revolucionario y hasta el cristianismo revolucionario, fueron los sectores políticos que aparecieron y decidieron enfrentar por la vía de la lucha armada a un enemigo interno que a la vez era apoyado por el enemigo externo expresado en el imperialismo estadounidense. El odio sembrado durante años por esa oscura oligarquía, había cosechado la tempestad de una juventud que consideró su lucha como la legítima defensa de los sectores oprimidos de la sociedad argentina. Si bien estas batallas hicieron posible el retorno del peronismo al poder, el encono de los grandes capitalistas volvió a provocar el fracaso de la democracia apelando una vez más a la toma del poder político por la vía de las armas pero esta vez con la decisión de terminar para siempre con la irreverencia de todos aquellos que soñaban con una sociedad igualitaria.

El Terrorismo de Estado que se instaló en el poder político de la Argentina el 24 de marzo de 1976 fue el “odio” llevado al paroxismo por parte de una macabra alianza entre civiles y militares que habían planeado un nuevo país. Una Argentina que debía poner en práctica, como lo había hecho la dictadura chilena, las nuevas políticas neoliberales donde el “mito de la igualdad” quedaría enterrado para siempre. Este acuerdo entre los sectores concentrados del poder económico local e internacional, la embajada de EEUU, los grupos de militares de extrema derecha, y como había sido en tiempos pasados, un sector del poder clerical que pretendía limpiar de subversivos a la propia Iglesia, llevó a cabo el genocidio planificado por quienes deseaban terminar para siempre con la “utopía de la justicia social”. La metodología utilizada por las bestias que se creían los émulos del nazismo, fue fría y calculadoramente pensada por los grupos económicos concentrados con el objeto de internalizar el miedo en toda la sociedad y así evitar que la rebeldía y las ideas revolucionarias pudieran renacer en las futuras generaciones. El secuestro, la tortura, el asesinato y luego la posterior desaparición de los cuerpos, “casi en ese orden”, sería el cumplimiento de un plan sistemático que garantizaría el mantenimiento del poder para las minorías sin tener que soportar potenciales revueltas de los marginados de siempre. De allí en más, los desafíos de aquellos que pelearon por un ideal de justicia, durante la dictadura se reconvirtieron en las luchas por los Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas y de todos los Organismos que pedían la aparición con vida de decenas de miles de familiares que se habían llevado en la oscuridad del Terrorismo Estatal. El retorno al Estado de Derecho nunca garantizó la democracia. Las huellas del miedo, la internalización de una estructura de carácter social autoritario mediante el terror, hicieron imposible la recuperación de una gestión democrática, nacional y popular. El neoliberalismo se consolidó e hizo de la Argentina una “neo-colonia” que se ufanaba de las relaciones carnales con el imperio. El odio y el desprecio de la oligarquía continuaron pero con la particularidad de haberse convertido en una mendacidad generalizada que se difundía por la televisión. La nuevas formas de atacar y quebrar la lucha de los desposeídos haciendo creer a la sociedad que los pobres eran los únicos culpables de su propia condición.

La crisis del 2001 puso pausa al desarrollo del neoliberalismo en Argentina. Los hechos originaron una situación inesperada para los sectores de poder y el peronismo volvió a ser gobierno. Cuando se ordenó institucionalmente el país, se convocaron elecciones nuevamente de las que salió victorioso un desconocido sureño que gobernaba Santa Cruz y cuya esposa era legisladora de la misma provincia. Este hecho cambió la historia nacional en los albores del siglo XXI. En las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner la Argentina recuperó la dignidad. El “Kirchnerismo”, como una “fase superior” del viejo peronismo, supo recobrar los valores de la praxis política y restablecer las convicciones de los años setenta. Ese Kirchnerismo, como comenzaron a llamarlo, logró que sus tres presidencias hicieran recordar los años del primer peronismo con el agregado de nuevas políticas de Estado que tuvo que encarar para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. La bandera de los Derechos Humanos marcó la posibilidad de un propio juicio y castigo a los violadores, torturadores y asesinos del Terrorismo de Estado que habían sido indultados. Parecía que el país se encaminaba en un sendero de liberación, pero el “odio” de la clase dominante nunca dejó de destilar su veneno. Más allá de la muerte de Néstor Kirchner, más allá de la difamación y la calumnia de Cristina Kirchner, de las persecuciones a sus seguidores a través de un poder judicial corrupto, la oligarquía igual siguió sembrando odio. El poder mediático y el poder económico concentrado, aún hoy siguen difundiendo ese odio de clase. Cabe una pregunta a manera de reflexión… ¿Se puede “acordar” algo con quienes odiaron siempre? ¿Se puede confiar en quienes expresaron de manera permanente el racismo y la discriminación hacia los pobres y a su vez les pagaron a los terroristas de Estado para hacer desaparecer a los “rebeldes”? Quizás el actual gobierno debiera acordar una suerte de pacto social primeramente con el pueblo, y a través de ese sustento tomar las medidas necesarias para frenar la impunidad de los poderosos. La coyuntura es compleja y con dificultades extremas, pero no podemos olvidar que al histórico enemigo que generó el odio al pueblo, nunca le interesó el beneficio de la nación, por el contrario, siempre fue capaz de vender la patria por una moneda más para su alcancía.

*Claudio Esteban Ponce. Licenciado en Historia. Miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11

[1] Feinmann, José Pablo. La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política. Buenos Aires, Ariel, 1999.

[2] Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo 1-hasta 1943. Emecé Editores, Buenos Aires, 1981.

[3] Ferrer, Aldo. El futuro de nuestro pasado. La economía en su segundo centenario. F:C.E. Buenos Aires, 2010.

[4] James, Daniel. 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. Publicado en Desarrollo Económico, N° 107, vol. 27, octubre-diciembre de 1987.

[5] Terán, Oscar. Nuestros Años Sesenta. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina 1956-1966. Puntosur Editores, Buenos Aires, 1991

Revista Tesis 11 Nº 137

Edición dedicada a América Latina