Por Carlos Tórtora.-

Hasta el miércoles, cuando finalice la Conferencia Ministerial de la OMC que tiene lugar en Buenos Aires, el gobierno nacional está concentrado en evitar hechos que desluzcan su gestión, ya que la prensa mundial tendrá estos días uno de sus focos puestos en Buenos Aires. Inmediatamente después de terminada la conferencia, Macri firmaría el relevo de la cúpula de la Armada. El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, contralmirante Gabriel González, se adelantó a lo que se viene y pidió esta semana su pase a retiro. Acorde con lo señalado, la información pública sobre la búsqueda del ARA San Juan se fue reduciendo progresivamente en los últimos días, hasta limitarse a la difusión de videos que, en forma muy pausada, suministran los expertos que dirigen la operación de búsqueda de los dos minisubmarinos de esa nacionalidad. El padre de uno de los oficiales del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, ayer se despachó con la siguiente afirmación: “no los quieren encontrar”.

Si la jueza Marta Yáñez se ocupa de la reciente denuncia de corrupción sobre las reparaciones del submarino, la causa puede tomar otro rumbo. Dos empresas alemanas que suministraron baterías del submarino ARA San Juan se encuentran bajo sospecha de haber pagado sobornos para lograr el contrato y de haber ofrecido piezas de calidad inferior, según informaciones de la cadena regional pública alemana «Bayerische Rundfunk» (BR). Las empresas alemanas bajo sospecha son Ferrostaal y EnerSys-Hawker.

El 24 de junio del 2010, la entonces Ministro de Defensa Nilda Garré, ahora acusada por el caso del submarino, admitió un escándalo que involucraba a las dos firmas mencionadas. La nota de Infobaehttps://www.infobae.com/2010/06/24/522947-garre-ahora-admite-serias-irregularidades-contratos-la-armada/ – señala lo siguiente: “La ministra de Defensa admitió que existen «serias irregularidades» en los contratos con la empresa alemana Ferrostaal, investigada por el pago de millonarias coimas. Hace dos meses, la funcionaria negó las acusaciones.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, reconoció que existen «serias irregularidades» en algunas de las operaciones de compra que la Argentina realizó con la empresa alemana Ferrostaal, que actualmente es investigada por la Justicia de Alemania por el pago de sobornos millonarios.

Garré hace dos meses negó las acusaciones cuando un periódico alemán denunció que un funcionario del Ministerio de Defensa argentino recibió pagos irregulares de «seis cifras en euros» por parte de Ferrostaal.

La Justicia alemana investiga a Ferrostaal y a otras firmas por el presunto pago de sobornos en contratos con funcionarios de varios países, entre ellos Colombia, Portugal y la Argentina, donde, según el semanario Der Spiegel, se pagó en 2006 una suma millonaria en un caso en el que aparece también involucrado el astillero alemán Fassmer.

La denuncia del Ministerio sucedió a otra hecha un día antes por la Oficina Anticorrupción de Argentina para que se investigue si funcionarios de esa cartera y de la Armada cobraron sobornos en contratos con Ferrostaal.

Además de la investigación por el caso de las patrullas, el Ministerio de Defensa detectó irregularidades en otro contrato entre la Armada y Ferrostaal, rubricado en 2004, para la adquisición de una planta propulsora para la Fragata «Libertad» de la Marina argentina.

En este caso, Defensa denunció penalmente el pasado día 7 a Gustavo Lepron, a los capitanes Alberto Pérez, Eduardo Harris, Gerardo Bellino y Mario Pontello, entre otros funcionarios de la Armada.

La ministra indicó, asimismo, que ha abierto una auditoría «que puede derivar en otra denuncia penal» por un contrato entre la Armada y la empresa norteamericana Hawker para la renovación de baterías de un submarino.”

Viejos proveedores de Defensa

Estos datos de por sí le darían un nuevo gira la causa judicial introduciendo los siguientes elementos: 1) El escándalo tiende a internacionalizarse porque Ferrostaal no sólo es una empresa de primera línea con fuertes vínculos en la cancillería de Berlín sino que es también un antiguo proveedor del Ministerio de Defensa local; 2) La información de lo ocurrido demuestra que ya hace 7 años hubo sumarios, relevo de oficiales y auditorias por un contrato de provisión de batería a submarinos, información que tanto la Armada como el Ministerio de Defensa ocultaron desde que desapareció el San Juan; 3) Macri tiene intereses políticos muy sólidos en morigerar la oleada judicial contra CFK y su entorno y todo indica que la investigación judicial apuntará en este sentido.

Si en el medio de este progresivo destape de la magnitud de la trama de corrupción que le costó la vida a los 44 marinos apareciera el casco del San Juan o sus restos, la tensión aumentaría bastante más.

Desde un punto de vista estrictamente utilitario, el gobierno se vio favorecido por la sentencia de Claudio Bonadío porque al menos tapó casi totalmente al ARA San Juan de las primeras planas. Pero ninguno de los dos temas siguen un curso que sea del agrado de la Casa Rosada.

Share